Marcos De Carlo
La actividad económica, que ya venía golpeada desde el gobierno anterior, comienza a evidenciar la caída brutal producto de la pandemia y el aislamiento. Sectores como la construcción, la industria y el comercio la están pasando mal; mientras que el Estado nacional sale a asistir a los sectores más vulnerables, aunque esa inyección de dinero ponga en crisis las finanzas públicas: la recaudación se ve afectada y los niveles de emisión monetaria presionan sobre la inflación y el dólar paralelo. Es en este contexto en el que el gobierno nacional tiene que renegociar la deuda que heredó de la gestión Mauricio Macri: la propuesta es simple “los muertos no pagan”, el país debe recuperarse para cumplir con sus compromisos. De ahí que la restructuración que ofrece la Argentina sea una quita relevante de capital e intereses (de alrededor del 54%) y un período de gracia de 3 años, sumado a un estiramiento de los plazos.
En su informe mensual, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) analizó las distintas variables que enfrenta la coyuntura de la economía argentina: la renegociación de la deuda pero también la caída de la actividad económica y el costo fiscal de las medidas de alivio del gobierno de Alberto Fernández ante la pandemia de Covid 19.
“En ese grave contexto nacional e internacional, queda claro que Argentina no tiene recursos fiscales ni externos para afrontar el pago de la deuda externa. Acorde a ello, el gobierno presentó una propuesta de canje con una quita relevante de intereses y baja de capital, un período de gracia de 3 años y un estiramiento general de los plazos. Nuestra estimación a valor presente es una quita que ronda el 54%, utilizando una tasa de descuento similar a la que acceden a financiarse países como Brasil o México”, detalló el centro de estudios.
“Una oferta que debería ser aceptable para acreedores que busquen una rentabilidad de mediano plazo acorde al rendimiento de los bonos de otros países de la región”, evaluó, aunque detalló de que más allá de que se acepte el canje o el país entre en default, “por unos años nuestras cuentas públicas y externas se verán aliviadas de los asfixiantes pagos de la deuda”.
¿Quita dura o moderada?
La propuesta de canje de títulos que realizó el gobierno argentino, en el caso de ser aceptada, generaría un ahorro de capital e interés por u 36.000 millones de dólares al pasar de 122.000 millones a 86.000 millones el total de deuda emitida bajo legislación extranjera (una reducción del 30%). No sólo beneficiaría a la gestión de Alberto Fernández (25.000 millones de dólares menos) sino al próximo presidente ya que en 2028 lo que se ahorraría la Argentina ascendería a 47.800 millones de dólares.
Según Ceso, hay que tener en cuenta que el nuevo perfil de vencimientos que propone la Argentina contempla que esos pagos se posterguen en el tiempo generando así un efecto positivo sobre el perfil de compromisos a afrontar: “Dado que no es lo mismo pagar una deuda hoy que en 10 años, el postergamiento de los plazos implica una quita sobre la deuda cuya valuación requiere dar un valor al tiempo”.
“Si se utilizan tasas altísimas como la que presentan los acreedores y consultoras afines en sus análisis, el valor presente de la deuda Argentina se ve sensiblemente reducido y se exagera así la quita hecha por la Argentina”, marca el informe y agrega que utilizando una curva de rendimiento comparable a la de otros países de la región, “resulta que la propuesta argentina representa un quita del 54% de sus compromisos actuales”.
La fecha límite para aceptar la oferta es el 8 de mayo y los resultados se anunciarían el 11 aunque se puede llegar a posponer y la fecha real sería el 22 de mayo, cuando el país podría entrar formalmente en default.
La economía en caída libre
El impacto de la pandemia y las políticas de cuarentena para proteger la salud de la población, se empiezan a reflejar en distintos indicadores económicos. Los datos de la recaudación de marzo así lo evidencia, y hay que tener en cuenta que en ese mes el aislamiento obligatorio comenzó el día 20, por lo que se espera que los números de abril sean aún peor.
La recaudación refleja una caída real del 15% y de 28% en los impuestos ligados al consumo interno.
Ceso relevó indicadores elaborados por distintas cámaras empresariales que “reflejan bajas de entre el 30 y 50% en la construcción y sus insumos. Las ventas minoristas de marzo también disminuyeron cerca del 50% mientras que la producción de automóviles lo hizo un 14%”.
En tanto que “el dato de consumo de energía por empresas del mes de abril, donde impacta de lleno la cuarentena, muestra una baja interanual del 47% (con un incremento del 15% en la demanda de energía de los hogares)”.
La amenaza cambiaria
El Estado salió a “hacerse cargo” de la parálisis producto de la cuarentena a través de la seguridad social, ingresos para informales y sostenimiento de salarios de empresas privadas (con la grave excepción de parte del mundo de las cooperativas de trabajo que no acceden al beneficio por la formalidad de no tratarse de sueldos sino anticipos de utilidades).
El paquete de estímulo es de 662.310 millones de pesos entre gasto directo (como puede ser los adiciones a la AUH, a los jubilados, el Ingreso Familia de Emergencia, el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, entre otros) y créditos (a monotributistas, autónomos y las tasas subsidiadas de 24%).
El financiamiento de esas políticas se da a través de la emisión monetaria. En Ceso evalúan que esa estrategia “incrementa la liquidez disponible en los sectores que mantiene sus ingresos, pero ven disminuido su consumo al esencial” y esa “creciente capacidad de ahorro de un porcentaje de la población podía generar presiones cambiarias al intentar dolarizarse”. “Lamentablemente, la reacción oficial al respecto fue lenta y el dólar contado con liquidación se disparó en el último mes llevando la brecha cambiaria alrededor del 70%”, expresó el informe mensual.
Y si bien entienden que el impuesto a la riqueza disminuiría la presión sobre las finanzas públicas, considera que “hay que tomar medidas más urgentes para atender la corrida cambiaria”.
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