El diputado Carlos Del Frade (Ciudad Futura-Frente Social y Popular) presentó en la Legislatura un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial brinde precisiones sobre las tareas llevadas adelante, en territorio santafesino, por la agencia antidrogas del gobierno de Estados Unidos desde 1998 hasta la actualidad.
El proyecto de comunicación pide que el Poder Ejecutivo “interceda ante la delegación argentina de la Drug Enforcement Administration (DEA) para acceder a los informes anuales producidos desde 1998 en adelante en los que estaría mencionado el territorio santafesino y la actividad de sus complejos portuarios, como también el detalle de las operaciones oficiales llevadas adelante por sus agentes en la provincia de Santa Fe desde aquel año a la actualidad”.
La principal sospecha del legislador provincial es que el desembarco de la DEA, lejos de ayudar a combatir el tráfico de drogas en la región, lo favoreció: “Me inclino a pensar que la DEA ha participado en la proliferación del narcotráfico, contribuyendo a desarrollar a ciertos grupos y luego apagarlos. La verdad es que, si realmente la DEA actuó en contra de los narcos en el Gran Rosario, habrá que decir que estos grupos se multiplicaron”.
Entre los fundamentos de su pedido de informes, Del Frade se remonta a la época de las dictaduras latinoamericanas y recuerda que el 24 de abril de 1978 se registró el primer embarque importante (200 kilos) de cocaína desde Bolivia a la Argentina. El legislador, periodista e historiador lo relaciona a un acuerdo entre las dictaduras de Hugo Banzer y Jorge Rafael Videla que dio inicio a un negocio que sigue vigente en la actualidad.
Desde su desembarco en el país en diciembre de 1998, explicado en función de que por entonces se preveía un crecimiento del tránsito y el consumo de drogas ilícitas, las actuaciones de la DEA son un misterio. Desde aquel entonces, surgieron por primera vez los puertos de los departamentos Rosario y San Lorenzo “como lugares marcados para el ingreso y egreso de estupefacientes”, remarcó Del Frade.
Sin embargo, hay un antecedente previo: “La primera vez que la DEA operó oficialmente en Santa Fe fue en 1988, cuando el vicegobernador Antonio Vanrell (compañero de fórmula de Víctor Reviglio) los trajo a la provincia para que trabajaran en la formación de policías de elite. Luego brindaron cursos de capacitación en diferentes lugares y todos los años la DEA eleva informes sobre lo que sucede en la Argentina”, explicó Del Frade a Aire de Santa Fe.
Pero no todo es historia: en 2018, desde su sede central, la agencia estadounidense volvió a ratificar el rol central del sistema portuario de la provincia de Santa Fe en el entramado de importación y exportación de sustancias ilegales.
Los puertos, en la mira
El responsable del primer informe de la DEA sobre la Argentina fue Abel Reynoso, titular de la oficina en el país durante los 90. Reynoso sostuvo, a fines de 1998, que “se viene una ola en el tráfico y consumo de drogas en la Argentina. El problema de la droga se manifiesta directamente en la violencia urbana. Esto no es un mito, tampoco una historia de película, sino es una realidad que vemos la gente que trabaja en el tema”.
En aquella disertación surgieron los puertos de Rosario y San Lorenzo como lugares marcados para el ingreso y la salida de estupefacientes, algo que fue ratificado 20 años después por la agencia estadounidense.
“Quiero saber qué están haciendo acá, qué hicieron en favor de una sociedad con menos narcotráfico. Si desde 1998 tienen informes sobre los puertos de Santa Fe, sólo me queda pensar que existieron complicidades en alguna parte”, insistió el legislador.
El incremento del consumo y del tráfico de drogas, paralelo a las actividades casi secretas de la DEA en nuestra región, motivan el pedido de informes del diputado Del Frade: “Es de interés legislativo conocer cada uno de los informes oficiales de la DEA en los que se encuentran nombrados distintos lugares de la provincia de Santa Fe”.
Una trama de complicidades
La historia que relata Del Frade en los fundamentos de su proyecto ayuda a develar parte de la trama de complicidades entre los Estados Unidos y el tráfico de drogas: “En 1978 el agente la DEA, Michael Levine, llegó a la Argentina para desempeñar funciones en la Embajada estadounidense. En poco tiempo, sus investigaciones desembocaron en los vínculos entre los militares argentinos y el narcogolpe en Bolivia”.
“El agente publicó su historia en 1993, con el nombre La gran mentira blanca. Comienza con un encuentro en un hotel de Buenos Aires con Hugo Hurtado Candia, narcotraficante boliviano. En esa habitación, Levine se hacía pasar por un mafioso cubano, interesado en llevar droga de Bolivia a Florida. En la suite del Hotel Sheraton, Hurtado le manifestó que tenía grandes expectativas en el negocio que comenzaban. Confiado, Hurtado le contó cómo los militares bolivianos estaban planeando un nuevo golpe de Estado, esta vez con el apoyo de narcotraficantes. Sin embargo, la mayor sorpresa para él, sería comprobar que la CIA también le pagaba a sus informantes: ‘En la sede de la embajada de los Estados Unidos, los informantes decían qué oficina iban a visitar y me di cuenta que los informantes nuestros estaban visitando la CIA y después venían a mí’. Esta información no le habría requerido a Levine mayor atención de no haber sido por el narcogolpe en Bolivia”.
“Tras el encuentro con el narcotraficante Hugo Hurtado, el agente de la DEA envió a sus superiores toda la información recolectada, y pidió los recursos para capturar al boliviano. Sin embargo, se encontró rápidamente con una tenaz resistencia a que la operación avance, y sus informes no encontraron ninguna respuesta. Cuando finalmente Hurtado cayó detenido, Mario visitó a Levine una vez más. El militar argentino se negó a entregar el traficante a la DEA, pero le dio una cinta de la sesión de tortura donde confesaba y explicaba cómo se organizaba el golpe en Bolivia, incluyendo la participación de narcos, militares argentinos y la CIA”.
A partir de esos elementos, que reconstruyen al menos en parte la historia del narcotráfico en nuestra región, el diputado Del Frade les pidió a sus pares interceder ante el gobierno con el argumento de que “es preciso conocer oficialmente de parte de la DEA los informes y las actuaciones desarrolladas desde 1998 hasta la actualidad en la provincia de Santa Fe”.
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