La investigación judicial que tiene en la mira a 11 personas imputadas por asociación ilícita, estafas inmobiliarias millonarias y lavado de dinero tendrá ahora dos querellas. Por un lado, quedó constituido el Estado provincial, como lo había solicitado el gobernador Miguel Lifschitz, y por el otro Juan Borghi, el último comprador de un campo de Villa Amelia que se vendió tres veces en un año con un primer poder apócrifo de la propietaria. En tanto, mañana se conocerá la resolución de la Cámara Penal sobre la apelación de las medidas cautelares (que mantiene a siete personas tras las rejas, a dos con prisión domiciliaria y a otras dos con libertad bajo fianza) luego de la maratónica audiencia del martes pasado cuyo debate duró más de 14 horas.
Ayer, la jueza Mónica Lamperti aceptó los dos pedidos de constitución de querellantes que se presentaron en la megacausa de fraude inmobiliario. Su resolución había quedado pendiente desde el viernes pasado, cuando decidió postergar la audiencia y pasar a un cuarto intermedio. Ayer a la mañana, la magistrada admitió como querellante a la Fiscalía de Estado en representación del Poder Ejecutivo de Santa Fe en relación a los imputados en la investigación. En la misma audiencia también admitió a Juan Marcelo Borghi, socio de una inmobiliaria rosarina, a que sea querellante en relación a Jorge Oneto, uno de los imputados en la causa a quien le compró un campo en la localidad de Villa Amelia que pertenecía a la familia de un ex camarista penal fallecido y que se vendió tres veces en un año, la primera con la firma apócrifa de la viuda. La defensa de Oneto se había opuesto al pedido de querella aduciendo que Borghi está siendo investigado en la causa, pero los argumentos no convencieron a la magistrada que entendió que la compra, que fue la última del campo, la hizo de buena fe.
Por otra parte, mañana se conocerá la resolución del juez de Cámara Daniel Acosta, quien deberá resolver las apelaciones planteadas respecto a las medidas cautelares en las que hay nueve imputados detenidos (dos de ellos con domiciliaria) y otros dos con libertad bajo fianza. El debate tuvo lugar el martes pasado en una audiencia que comenzó a las 11 de la mañana y finalizó con un cuarto intermedio ayer a la madrugada. Además de las fuertes críticas planteadas por las defensas de los detenidos, el fervor de la audiencia se vio marcado porque el próximo lunes se vencen las prisiones preventivas y ya se sabe que la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo de Sebastián Narvaja pedirá prórroga para que continúen privados de la libertad hasta el juicio, lo que incluye las fiestas navideñas tras las rejas.
Más acusados
Algunos de los acusados sumaron imputaciones esta semana. El lunes pasado se acusó al titular del sindicato de Monteros, Maximiliano González de Gaetano, de tenencia ilegal de arma de guerra y se le amplió la imputación por estafa y usurpación en una propiedad ubicada en Montevideo 1967.
Otro fraude
También se acusó al escribano Martín Torres de tenencia ilegal de arma de guerra y un nuevo hecho de fraude en una propiedad de calle 9 de Julio al 1800 que fue vendida falsificando la firma de los dueños. Al escribano Juan Bautista Aliau se lo imputó por apropiación indebida de tributos por quedarse con el dinero de las retenciones de impuestos de sellos e ingresos brutos en las dos ocasiones que vendió el campo de Villa Amelia que pertenecía a la familia del ex camarista fallecido Ernesto Navarro.
También se imputó al escribano Luis María Kurtzemann (quien está en libertad bajo fianza desde la primera audiencia) tenencia ilegal de arma de uso civil, secuestrada dentro de su oficina en un allanamiento. Por el mismo delito se lo acusó al vendedor de autos Roberto Aymo, cuya arma fue incautada en su domicilio y al empresario automotriz Leandro “Lelo” Pérez.
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