El fantasma de la inundación de San Antonio de Areco sobrevuela la provincia y pone a los canales clandestinos construidos por productores rurales –que derivan el agua a los centros poblacionales– en el centro de las acusaciones. Cabe recordar que el 19 de noviembre pasado, veinte familias tuvieron que ser evacuadas de Nuevo Alberdi por el desborde del canal Ibarlucea tras una intensa lluvia. Lo más llamativo en aquella oportunidad fue que la masa de agua llegó varias horas después del temporal. Desde Defensa Civil no podían salir de su asombro y apuntaron a “obras ilegales” en los campos de Roldán. En este sentido, y anticipándose a futuras situaciones como ésa, el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, les pidió ayer a los intendentes y presidentes comunales que “no miren a un costado” y tengan “especial cuidado con este tipo de cosas”. Además, desde la Casa Gris se les solicitó a las municipalidades y comunas que intensifiquen los controles de las obras hidráulicas en sus respectivas jurisdicciones para reducir los riesgos de inundación por canalizaciones ilegales y que remitan en un plazo de diez días un informe actualizado del estado de situación de su distrito en el mes de diciembre. En caso de detectarse obras irregulares deberán intimar a los responsables.
Mirando hacia atrás y denunciando viejas prácticas que se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo, el ministro remarcó que “los canales clandestinos a veces son inconsultos y muchos años han sido permitidos”. “Muchos funcionarios han mirado de costado esta situación que se venía dando, ya sea con la búsqueda de incorporar nuevas tierras a la producción de cualquier manera, en detrimento de los bajos naturales y de los humedales entre otros biosistemas”, añadió.
“En ese sentido, cuando nosotros llegamos al gobierno empezamos una tarea muy ardua porque revertir tantos años de hacer lo que se quiere lleva no poco esfuerzo y no poco tiempo”, remarcó.
Más adelante, Ciancio reconoció la responsabilidad del Estado provincial en los controles pero destacó que es fundamental la vigilancia y la denuncia por parte de los gobiernos municipales y comunales. “Acá hay dos cuestiones a la hora de resolver estos temas: una es lo que hace al gobierno central y otra es la directa responsabilidad que tienen los intendentes y presidentes comunales, ya que son ellos quienes trabajan día a día y conocen palmo a palmo su territorio y muchas veces han permitido que esto ocurra por acción o por omisión. Esto nos lleva a plantearles que tengan mucho cuidado con este tipo de cosas y que se encarguen de evitar situaciones que luego se tengan que lamentar”, subrayó.
Por su parte, desde la conducción local de Federación Agraria no negaron la presencia de esa clase de construcciones ilegales y hablaron de un “Estado cómplice” que ha hecho muchas veces “la vista gorda” por intereses en común. Al respecto, Pedro Peretti, su director, oriundo de Máximo Paz, comentó: “Una cosa es lo de la provincia de Buenos Aires, con (Julio) De Vido diciendo que había 30 mil canales clandestinos, un disparate que no tiene sentido, aunque eso no significa que no los haya. Otra cuestión es lo que puede pasar en la provincia de Santa Fe donde hay graves problemas en el sur de la provincia, en Rufino, La Picasa; y en el norte de Santa Fe, con los Bajos Submeridionales, que es cierto que fueron canalizados y alterados originariamente bajo la mirada cómplice del Estado, con el cambio de destino del uso de tierras que naturalmente son ganaderas a sojeras por el alto valor de este grano”.
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