Santa Fe no merece que algunos jueguen con el fantasma de su intervención. Ni los que con torpeza la invocan en un juego político de oposición ni los que pretenden usarla desde el gobierno como cortina de humo para ocultar la, hasta ahora, falta de reacción adecuada ante la crisis del narcotráfico en la provincia.
Nadie, seriamente, puede no ver que el sacudón institucional desatado con la acusación de varios policías (primero, el jefe general y ahora hasta responsables de comisarías) es de ribetes gravísimos y pone a prueba a todo el partido de gobierno a la hora de ejercer su función. Eso está claro. Pero los dos únicos resultados que deben esperarse frente a esta conmoción deben provenir de la sentencia del juez federal que investiga los delitos y del pronunciamiento popular en las elecciones democráticas que manda la Constitución. Los que azuzan, con una negativa tan laxa como imperdonable, que la provincia podría leerse desde la óptica de una intervención del gobierno nacional usando el remedio federal de crisis, continúan jugando a la pobre política del todo o nada.
El presidente del PJ José Luis Freyre dijo que “Santiago del Estero fue intervenida por un conflicto mucho menor. Si el gobierno nacional quiere intervenir la provincia parece que tiene elementos judiciales e institucionales como para hacerlo”, aunque aclaró: “Por ahora no lo veo; por el contrario, queremos ayudar”. Eso es un pensamiento personal que no representa a su partido. En los círculos cercanos al Poder Ejecutivo Nacional y a los despachos de Agustín Rossi hubo sorpresa contenida por esas expresiones, teniendo en cuenta el tradicional tono mesurado de quien lo dijo, y se encargan de asegurar a quienes se lo consultan que no se analiza, de ninguna manera, en la Casa Rosada el remedio federal para Santa Fe. Es de esperar que el dirigente venadense no insista con el pueril recurso de invocar haber sido sacado de contexto como lo está haciendo por estas horas. Se exige que el titular del partido que gobernó 24 años desde la Casa Gris diga sin ambages que ni él ni su agrupación piensan en reclamarle a Cristina Kirchner que intervenga Santa Fe.
Mientras tanto, del lado del socialismo se aprovechó este inexplicable exabrupto para poner el foco de atención en el error ajeno y no en fondo de la cuestión propio. Está bien que los legisladores del Frente Progresista reclamen rectificación de Freyre. También hubiera sido bueno que a la hora de votar una mera resolución del palacio legislativo que instaba a investigar el caso, no se hubieran opuesto. Pero de lo que se trata en lo trascendente es de saber qué abordaje en serio se le va a dar al creciente fenómeno del narcotráfico en nuestro territorio. Sobreactuar la ofensa no alcanza.
¿Cuál es el plan?
Pareciera que el gobierno de Antonio Bonfatti no ha tomado cuenta de cuánto cala en el ciudadano común el tema del narcotráfico. Los santafesinos, especialmente en Rosario, notan que cada vez es más frecuente una balacera a plena luz del día que liquida de siete tiros a un supuesto capo mafia. O que se dispare frente a comercios importantes, concesionarios de vehículos o playas de estacionamiento, no se soporta como el panorama normal de la vida cotidiana. La respuesta dada hasta ahora no está a la altura de las circunstancias.
Entre los uniformados, el clima de asamblea suma más tensión. No hace falta ser demasiado habitué entre los policías para escuchar que los que saben del tema tienen ganas de hablar. Y cómo la hacen, por cierto. Lo que se escucha es que hasta ahora el poder político no asumió la conducción de la fuerza. Han delegado en el comisario general Sola la toma de medidas concretas. “O no saben qué hacer –confesó en estricto off un comisario mayor– o simplemente aspiran a que la cosa se discipline entre nosotros y luego ellos sentarse a conversar solos con el jefe”. Esta dinámica podría golpear con un iceberg cada vez más visible si avanza la investigación encarada por el juez federal Carlos Vera Barros. El gobernador debería tener un plan B, si ésta es su estrategia, para el caso de que la semana que viene, o la otra a más tardar, el magistrado libre nuevas órdenes de detenciones que declararían averiados algunos navíos usados por estas horas para “reorganizar” la fuerza.
La estrategia nacional
En la Capital Federal el tema santafesino importa pero no se escucha demasiado en los despachos importantes del poder. Allí todo es el 7 de diciembre y, como consecuencia, las elecciones legislativas de 2013. Por lo primero, no deberían pasar inadvertidas las declaraciones del secretario general de la presidencia, Gustavo López, quien reiteró por estos días que el 7D dará lugar al uso de la ley, del poder de la administración y de la fuerza pública (es textual esta referencia) para que se cumpla lo sancionado en el Congreso. Interventores, administradores del Poder Ejecutivo y todo otro instrumento necesario para aplicar la ley, dijo el mismo funcionario que supo estar en el Comfer delarruísta cuando se pensaba en asignar alegremente repetidoras a Canal 13 en todo el interior del país.
¿El 8N y la convocatoria a las plazas? El tema se monitorea pero no mucho más. Especialmente desde el lado de la juventud oficialista. Los grupos K más radicalizados ironizan y cuentan la cantidad de marchas que se le realizaron a Hugo Chávez en Venezuela y el porcentaje de votos obtenidos hace poco por el bolivariano. Así y todo, se espera una movilización no poco importante.
El centro de la atención es la elección de medio término del año próximo. La madre del “Cristina eterna” parió otro “sinceridio”. “Si nos va bien en las elecciones, vamos por la re re”, dijo, palabras más palabras menos, Diana Conti. En ese marco, hay euforia con el contradictorio voto a los 16 años ya reglamentado que faculta a un adolescente para elegir presidente discerniendo la política argentina pero no para ser autoridad en los mismos comicios asumiendo una tarea elemental como cotejar padrón con número de documento. O votar a su primer mandatario pero no poder comprarse un ciclomotor. De paso: ¿Santa Fe habilitará a sus jóvenes a elegir concejales y cargos comunales el año próximo o copiará el modelo mendocino, que los hará votar en sobres de colores para evitar que sufraguen en las categorías no permitidas? Es cierto o ésta es una contradicción o desprolijidad nimia si se mira el todo de la actual realidad argentina.
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