Dinero a la gorra. Durante la mañana de este martes por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se desplegó un allanamiento en la Dirección General de Administración de la Policía, en el edificio del Ministerio de Seguridad de la provincia, en la ciudad de Santa Fe.
Se trata de la cúspide de la estructura económica de la fuerza provincial y según confirmaron fuentes judiciales a El Ciudadano la orden partió del fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, y el operativo se concretó con personal del Organismo de Investigaciones del MPA y agentes de Asuntos Internos de la Policía.
El fiscal Matías Edery, de la primera área, participó del despliegue, que encontró su primer escollo en la organización misma de la información que habían ido a buscar por presuntas maniobras de desvío de fondos en la fuerza: todo estaba por cualquier lado, y los investigadores debieron invertir horas sólo en dar con la documentación. Tan así que, de hecho, el operativo que había comenzado a las 10 de la mañana continuaba pasadas las 18 de este martes y no se tenían precisiones de cuándo iba a terminar.
El despliegue mismo de éstas áreas da cuenta de que se trata de un caso de gravedad institucional. El objetivo de los investigadores es terminar de descular manipulaciones en los gastos de la Policía, y su reflejo en el área de la fuerza que maneja desde las reparaciones de los móviles hasta compra de combustibles, piezas mecánicas y otros insumos para su funcionamiento, pasando por el pago de adicionales, horas extras, certificación y cancelación a proveedores, entre otros ítems presupuestarios que implican millonarias erogaciones.
Según trascendió el procedimiento se enmarca en la etapa final de la investigación, que ya registra importantes avances y elementos de prueba.
La información suministrada por el MPA sobre el operativo confirma que se trata de una investigación sensible y que alcanza a los máximos niveles de mando –en actividad o de ciclos anteriores– de la fuerza santafesina. Fiscalía confirmó que la línea de avance tiene en foco el “manejo de dinero por parte de la Policía” y presuntas maniobras organizadas para apropiarse de una porción de ese flujo.
Los hechos investigados tienen epicentro en la Unidad Regional II del Departamento Rosario, aunque pueden tener más que un eco en la cúpula de la fuerza en la capital provincial e incluso ramificaciones en otras unidades operativas, según indicaron las fuentes.
Fuentes de la investigación confirmaron a este diario que la causa madre está en Rosario, y que deriva de una denuncia sobre supuestas maniobras de desvío de fondos que pueden implicar un desfalco varias veces millonario.
Las operaciones financieras bajo análisis corresponden, en principio, a los períodos en los que la fuerza estaba encabezada a nivel provincial por el comisario general Marcelo Villanúa y en la URII por su par Juan Pablo Bengoechea, cuando al frente del Ministerio de Seguridad estaba el hoy diputado provincial Maximiliano Pullaro.
La madeja se comenzó a desenredar a nivel local y ya el 1º de octubre del año pasado se dispuso un allanamiento en la Jefatura de la URII en el que se secuestró medio centenar de cajas con documentación. Del análisis de esos recibos, órdenes, facturas, autorizaciones internas, pedidos de presupuesto y más, surgió la decisión de hacer un operativo análogo en Santa Fe, ya con objetivos precisos de qué se iba a buscar.
El ex funcionario del área de Administración y Finanzas de la URII que reportó las presuntas maniobras ilegales en la fuerza sufrió no sólo amenazas sino dos ataques en su vivienda. El primero fue el 9 de junio la familia se despertó minutos antes de la 4 de la madrugada con una explosión contra el portón de la cochera en su casa,
El segundo atentado se produjo en los primeros minutos del 23 de agosto. Los vecinos avisaron sobre el estruendo y cuando personal policial llegó encontró, en el patio delantero, material compatible con explosivos, tuercas y tornillos. En ese momento, no había nadie en la casa.
Operativo en sede de Jefatura de Rosario por denuncia de malversación en compras
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