El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entregó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el “Informe sobre el problema de las drogas en las Américas”, y que será base para un futuro diálogo sobre el tema. En lo central, el informe exhorta a considerar a las drogas como “un problema de salud pública” y juzga clave avanzar en la “despenalización del consumo” como parte de una estrategia para el área.
El documento, de cerca de 400 páginas, establece que “no existe un sólo problema de drogas en la región, sino que los problemas son múltiples”, en relación a las partes que son posibles distinguir en el proceso asociado a las drogas controladas (cultivo, producción, tránsito, venta, consumo) y a la manera en que esas diferentes partes afectan a los países.
Así, mientras el problema de la salud asociado al consumo de sustancias está presente en todos los países del hemisferio (aunque los efectos de ese problema en términos del número de personas afectadas son mayores en las naciones de América del Norte), “el impacto en la economía, las relaciones sociales, la seguridad y la gobernabilidad democrática, es mayor en los países de América del Sur, Central, el Caribe y México”.
A su vez, el informe sostiene que “la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública”, estableciendo que “un adicto es un enfermo crónico que no debe ser castigado por su adicción sino tratado adecuadamente”.
Bajo esa visión, el problema de las drogas “requiere de un enfoque múltiple, de una gran flexibilidad, de comprensión por realidades diferentes y, por sobre todo, del convencimiento de que para ser exitosos, se debe mantener la unidad de nuestros países admitiendo la diversidad de sus situaciones particulares”, señala el texto.
Una mayor flexibilidad “podría llevar a aceptar la posibilidad de transformaciones de las legislaciones nacionales o de impulsar cambios en la legislación internacional”, agrega el estudio que recibió Santos, anfitrión de la VI Cumbre de las Américas que se hizo en Cartagena, donde 34 presidentes pidieron el informe.
Asimismo, en el plano de los acuerdos de las Naciones Unidas “las transformaciones surgirán de la posibilidad que el actual sistema de control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas se flexibilice y permita que los países exploren colectivamente opciones en materia de política sobre drogas, que tengan en consideración necesidades, conductas y tradiciones particulares de cada uno de ellos”.
Por último, el documento, dividido en dos capítulos, uno con el “Informe analítico” y otro con un “Informe de escenarios” con cuatro situaciones posibles a darse hasta el 2025, menciona que “para terminar o al menos reducir drásticamente la situación de inseguridad que afecta a los ciudadanos” de la región debido a la violencia por parte de las organizaciones criminales, el acento debe estar puesto en el Estado de derecho.
“La certeza del castigo es un disuasivo mucho más eficaz que la magnitud de las penas”, explica el estudio, que costó 2,25 millones de dólares y que será presentado oficialmente el lunes en la sede central de la OEA, en Washington.
El consumo de drogas, concluye el reporte, “requiere un enfoque de salud pública en todos nuestros países, con más recursos y programas para tener éxito”, atento a que el “cambio fundamental en esta materia radica en la consideración del usuario como una víctima, un adicto crónico y no como un delincuente o un cómplice del narcotráfico”.
“La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública”, expresa la OEA.
Comentarios