En los últimos años la izquierda mexicana bajo el liderazgo de Manuel López Obrador había recobrado el impulso electoral al punto de poner nerviosos a los pesos pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero la masacre de Iguala carcomió gran parte de su popularidad emergente debido a que varios de sus miembros están implicados en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio. De acuerdo con analistas, aún es muy pronto para definir cuál es el impacto que el caso impondrá al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y la primera prueba social tendrá lugar a mediados del año que viene, cuando sucedan los comicios legislativos.
Mientras se determina el paradero de los alumnos de la carrera de magisterio de la ciudad de Ayotzinapa, los dardos apuntan tanto al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, como al PRD, cuyo alcalde José Luis Abarca y su esposa, Ángeles Pineda, están acusados de ser quienes dieron la orden de atacar a los estudiantes, el 26 de septiembre.
“El drama de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa carcome, como nunca en su historia, la credibilidad y la imagen de la cúpula perredista y de sus líderes”, estimó el portal Reporte Indigo. El PRD “contagiado por el oportunismo político y por el pragmatismo postuló hace dos años como su candidato a la alcaldía de Iguala a un empresario con mala fama en el estado de Guerrero”, fundamentó. Una vez que la noticia cobró relevancia nacional, Abarca y Pineda huyeron de las autoridades y fueron encontrados recién el 4 de noviembre pasado en un barrio pobre cercano a la Ciudad de México, bastión del PRD. Se responsabilizó entonces al partido de haberlos escondido del ojo judicial. “Durante el tiempo que el señor Abarca fue presidente municipal, fui por lo menos tres veces a Iguala, y hasta dormí en Iguala, y nunca lo vi. ¿Por qué? Porque cuando ya estos políticos tradicionales andan en malos pasos, ya se la alejan de nosotros. Y eso ahora hasta lo tengo que agradecer”, afirmó López Obrador en un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México.
El diario Reforma ahondó en la polémica al publicar que en 2012 el diputado Óscar Díaz Bello, del PRD, mostró a López Obrador una carpeta con documentos que probaba la relación entre Abarca y el cartel criminal Guerreros Unidos, autor material de la matanza.
Sin embargo, el PRD ignoró las advertencias y lo nombró candidato a alcalde por la ciudad de Iguala. Finalmente, Abarca fue elegido y gobernó sin contratiempos hasta estos últimos meses, cuando ordenó a la policía local y a los sicarios de la organización narco enfrentar a los estudiantes que planeaban aguar un evento público de su esposa.
Desde el PRI, acorralado por su incapacidad para dar respuestas sobre la ubicación de los cuerpos de los llamados normalistas –como se denomina a los alumnos de magisterio militantes–, aprovechó para culpar a su rival presidencial. “Aquellos dirigentes y políticos que respaldaron a José Luis Abarca para que fuera el candidato del PRD a la alcaldía de Iguala, Guerrero, no se liberan de su responsabilidad con un deslinde, porque fueron informados de los vínculos que éste tenía con la delincuencia organizada”, señaló Emilio Gamboa, líder de los senadores del PRI.
El caso, aunque uno en un millón en México, hace tambalear a los principales partidos políticos, y los analistas estiman que sobre todo el PRD, que arañó la presidencia en las últimas dos elecciones (2006-2012), podría tener una caída estrepitosa por el voto castigo.
Mientras tanto, ni los testimonios de los sicarios o los policías arrestados, ni mucho menos los de Abarca y su esposa parecían develar el destino de los 43 estudiantes. Por lo pronto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que fue designado por las familias de las víctimas para realizar las pericias, afirmó que las pruebas realizadas en una serie de cadáveres no arrojaron resultados positivos.
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