Era un viejo anhelo del movimiento de derechos humanos y ahora es ley: la Legislatura santafesina aprobó en la última sesión del período ordinario, el pasado jueves 27 de noviembre, la expropiación de la Quinta La Calamita, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura. El objetivo es recuperar el lugar para preservar la memoria colectiva.
El proyecto lleva las firmas de los diputados provinciales Alicia Gutiérrez, Inés Bertero, Eduardo Di Pollina, Verónica Benas, Eduardo Toniolli, Susana García y Erika Gonnet y había sido aprobado una semana antes, el jueves 20 de noviembre, por la Cámara baja santafesina. En ambas ocasiones, la sanción fue por unanimidad.
La ley declara de interés general y sujeto a expropiación el inmueble conocido como Quinta La Calamita, que comprende dos lotes ubicados en la zona rural de Granadero Baigorria de 9 y 2 hectáreas respectivamente, con destino al Museo de la Memoria.
La finalidad es “preservar la memoria colectiva de aquellos sitios en que se materializaron aberrantes violaciones de los derechos humanos durante la vigencia del Terrorismo de Estado”.
La Calamita fue uno de los más importantes centros clandestinos de detención de militantes políticos y sociales que funcionó en la provincia de Santa Fe bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército durante la última dictadura (1976-1983).
En 1984 la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) se constituyó en Granadero Baigorria para iniciar las investigaciones de la llamada Quinta Operacional La Calamita y se corroboró la información aportada por los sobrevivientes.
Por La Calamita se presume que pasaron más de 100 personas que actualmente están desaparecidas, así como embarazadas cuyo destino y el de sus bebés nacidos en cautiverio siguen siendo investigados por Abuelas de Plaza de Mayo.
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