El Ministerio Público de la Acusación (MPA) desestimó la denuncia realizada por el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Ensinck, contra el Arzobispado de Santa Fe por el presunto delito de “usurpación de autoridad”. El abogado rosarino había presentado su demanda luego de que se conociera el mecanismo interno de denuncias sobre casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica.
La resolución de la fiscal Jorgelina Moser Ferro sostiene que el sistema interno de toma de denuncias de la Iglesia no configura un delito, puesto que “no se está ejerciendo una función pública estatal sino que el Arzobispado está actuando dentro del marco del Derecho Canónico”.
La funcionaria judicial afirmó que no hay usurpación de funciones públicas y argumentó su postura en que el Vademécum de la Iglesia para casos de abuso sexual dentro del ámbito eclesial indica en sus artículos 17, 48, 19 y 50 que es obligatorio dar conocimiento a las autoridades estatales de los delitos que lleguen a su conocimiento.
Además, la fiscal del MPA fundamentó su decisión en el artículo 19 de la Carta Apostólica Carta Apostólica Vos Estis Lux Mundi, del Papa Francisco, donde se señala que las normas dispuestas para el sistema interno de toma de denuncias “se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes”.
En el mismo sentido, también fue desestimada la ampliación de la denuncia que pedía que se investigue la vinculación entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia y la Iglesia Católica, luego de que se diera a conocer una reunión realizada el pasado viernes entre Patricia Chialvo –responsable provincial del área de Niñez– y el arzobispo de Rosario, Eduardo Martin.
De la investigación preparatoria llevada a cabo por el MPA se desprende que aún no se han recibido denuncias de abuso en el Arzobispado santafesino, sino “sólo una comunicación que no se concretó”. No obstante, la resolución finaliza remitiendo copias de lo actuado a la Fiscalía Regional N°1 (Santa Fe) en tanto hay aspectos como “la forma de comunicación al MPA sobre los hechos delictivos de los que se anoticie el Arzobispado” que “exceden la investigación”.
Sobre el objetivo del sistema interno de toma de denuncias, la fiscal Moser Ferro entiende que “la Iglesia Católica no pretende sustituir la labor de la Justicia estatal en la investigación de los posibles delitos, sino de realizar los procesos internos en el marco de su propia autonomía”.
“No hay delito”
En diálogo con el periódico Pausa, la fiscal Moser Ferro explicó los motivos de su rechazo al planteo del abogado Ensinck: “En su aspecto objetivo no hay delito porque las denuncias de abuso sexual se siguen recibiendo acá. Y en segundo lugar, en su aspecto subjetivo, que solo es compatible con el dolo directo, no hay ningún conocimiento ni voluntad por parte de la Iglesia de usurpar funciones”.
La funcionaria judicial indicó que “se llegó a la conclusión, de acuerdo a todos los elementos que reunimos, de que la actividad que estaban llevando a cabo de recibir denuncias, aunque en realidad todavía no recibieron ninguna, no configuraba ningún delito de usurpación de identidad ni ningún otro delito del Código Penal”.
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Además, Moser Ferro aclaró que, ante una denuncia realizada ante las autoridades eclesiásticas, “ellos están obligados a dar inmediato conocimiento a la Justicia, porque si no sí incurrirían en un delito. Ellos están obligados tanto por su derecho como por el derecho positivo, que serían tratados internacionales que hablan del interés superior del niño. No con respecto a adultos; el adulto puede hacer la denuncia si quiere y si no quiere, no la hace. Pero vamos a referirnos a menores: en el caso de menores, si la Iglesia no lo hace, estarían incurriendo en un ilícito por el hecho de que hay un tratado internacional, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde se tienen que respetar determinadas cuestiones cuando están vinculadas a menores”.
“Hasta el momento –siguió la fiscal– no hay delito. Ellos no tomaron ninguna denuncia. No se produjo revictimización de nadie. Al no haber tomado ninguna denuncia, es un sistema que existe pero no llegó ningún hecho al conocimiento de ellos: a partir de ahí es una cuestión que excede mi investigación. Yo tenía que limitarme a investigar si en la toma de denuncias que ellos hacían están cometiendo un delito o no”.
La palabra de Ensinck
Por su parte, el abogado Carlos Ensinck consideró que la resolución “está fundada en un ordenamiento jurídico que no es el del Estado argentino”, por lo cual anunció que apelará la medida. “La resolución de la Fiscalía lo único que nombra son los artículos del Vademécum (de la Iglesia) y de la Carta Apostólica. No se funda en ningún argumento jurídico argentino. Está claro que aplica la legislación de la Iglesia. Justamente estamos diciendo que está usurpando autoridad pública y el Estado hoy le está diciendo al arzobispo que sí puede hacer eso”.
“La Iglesia no puede proponer ni fomentar las denuncias de abuso sexual. Abuso de poder y de conciencia sí, porque son faltas administrativas internas eclesiásticas. El resto es un delito. Entonces el delito tiene que ir a la Fiscalía. Acá la Fiscalía estaría diciendo que las comisiones internas son válidas y que la Iglesia puede tomar denuncias de abuso sexual”, agregó el abogado.
“La preocupación –continuó– es sobre la forma en que se comunicará el Arzobispado con el MPA. Eso es justamente lo que estamos cuestionando: cómo se van a comunicar los delitos de abuso sexual que ingresen al Arzobispado. No hay nada claro. O sea, tenemos que confiar en la buena fe de quien toma la denuncia”.
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