El anuncio de los arzobispados de Santa Fe y Rosario a cargo de Sergio Fenoy y Eduardo Eliseo Martín de la puesta en marcha de un sistema para recibir informes de abuso sexual en el arzobispado una gran polémica. Incluso el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Ensinck realizó una denuncia penal por usurpación de autoridad pública ya que ese tipo de denuncias deben hacerse en la Justicia y no en la Iglesia. Pero este sábado, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia se reunió con los arzobispos y lanzo un hilo de tuit avalando la medida de la Iglesia, lo que generó fuerte repudios en las redes, el Colegio de Trabajo Social, y de Esteban Paulón Director Ejecutivo del IPP LGBT+
Patricia Chialvo, secretaria de Niñez de la provincia, publicó un tuit en el que da cuenta que mantuvo una reunión con el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, para tratar específicamente este tema. “En el marco del derecho canónico y por orden del Vaticano, el arzobispado de Santa Fe y el de Rosario, crearon sendas comisiones internas que recibirán informes y denuncias por casos de abuso sexual y de maltrato infantil que involucren a funcionarios eclesiásticos. Este trabajo será abordado por un equipo interdisciplinario designado por las autoridades de dicha institución. El objetivo es por un lado, llevar adelante una investigación de los hechos que permita las sanciones correspondientes, y por otro lado, instar y acompañar a las víctimas a realizar las denuncias en una instancia civil”, indicó la funcionaria en su cuenta de Twitter.
El Colegio de Profesionales de Trabajo Social 2da.Circ.Santa Fe emitieron un comunica encendiendo la alarma: “Ante las noticias publicadas en Twiter sobre reunión de Funcionarias de Niñez de la provincia de Santa Fe, con el Arzobispo de Rosario, donde se plantea la creación de sendas comisiones internas que recibirán informes y denuncias por casos de abuso sexual y de maltrato infantil que involucren a funcionarios eclesiásticos por parte de la misma Iglesia Católica, desde el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la 2da.Circ.Pcia de Santa Fe consideramos urgente y necesario realizar el siguiente posicionamiento”, sostienen.
Y agregan que una vez más, la misma jerarquía eclesiástica que bendijo y sostuvo los genocidios en Argentina, tanto en el consumado en el siglo XIX contra los pueblos originarios como el ejecutado durante la dictadura militar, intenta perpetuarse en su poder, y mantener la impunidad hacia crímenes tan terribles como los abusos sexuales a menores, realizados por los mismos integrantes de esa Iglesia.
“De los más de 60 curas denunciados por abusos, solo unos pocos recibieron una condena judicial, los demás siguen gozando de sus cargos y privilegios. Si bien no existen registros oficiales sobre la cantidad de sacerdotes o monjas denunciados, tampoco hay un registro de cuantas son las víctimas”, aseveran.
Recuerdan además que la mayoría de los casos que lograron vencer lo traumático vivido no fueron denunciados por integrantes de la Iglesia, sino por las mismas víctimas que se animaron a contar lo que les pasó, y pudieron hablar sobre el proceso muy doloroso que tuvieron que enfrentar.
“La Iglesia nunca acompañó a las víctimas, sabiendo incluso que los abusadores ya tenían antecedentes y que los traslados de una diócesis a otra son las respuestas más frecuentes para dilatar u ocultar estos delitos”.
Desde el Colegio de Trabajo Social, manifestaron su preocupación “ante el retroceso de Derechos en cuanto a la integridad de las personas como así también rechazamos todo intento y propuestas de perpetuar la impunidad y el poder de las Iglesias, y que estas sean avaladas por funcionarias que deberían estar cumpliendo con los Derechos de las Infancias tal como lo plantea la Ley provincial 12967 acorde a la Ley Nacional 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que tiene como objeto la protección de niñas, niños y la garantía de su condición de sujeto de derecho”. También sostienen que la denuncia de cualquier delito debe hacerse en el Ministerio Publico de la Acusación, abordada por los Equipos Interdisciplinarios especializados en la problemática y sin legitimar en las Instituciones Eclesiásticas un poder que no les corresponde, mucho menos cuando fueron realizadas dentro de la misma Institución.
“La tortura y la agresión sexual infantil es una realidad demasiado horrorosa hasta de pronunciar”.
Al respecto Esteban Paulón, Director Ejecutivo del IPP LGBT+ expresó “recibimos con enorme angustia los anuncios realizados por la Secretaria de derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia Patricia Chialvo, que no sólo desconocen el Estado de derecho vigente en relación a las denuncias de delitos de abuso sexual y maltrato infantil, sino que avala la injerencia de la institución responsable de dichos delitos en el proceso de denuncia e investigación de los mismos
Asimismo agregó “si la Iglesia tiene un rol en estos procesos, será el de responder por tantos años de encubrimiento e impunidad para con les responsables de tan aberrantes delitos que no son, como decía en su hilo de tuits la funcionaria, “hechos a los cuales aplicar sanciones”, sino delitos para los cuales el Código prevé las escalas penales correspondientes.
Para finalizar concluyó “instamos a la Secretaria de niñez provincial a revisar el aval brindado a la estrategia dilatoria de la Iglesia, a comprometer sin ambigüedades todos los recursos estatales para la investigación y condena de los casos denunciados, y a apartar claramente a los responsables de éstos delitos de cualquier instancia investigativa. En el Estado laico el derecho canónico no existe, y los delitos se juzgan con el Código penal en la mano.”
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