El escándalo que se gestaba desde hace meses estalló esta semana, sumiendo a la monarquía española en su crisis más grave: tras el yerno del rey, su propia hija, la infanta Cristina, podría responder ante la Justicia en una investigación por corrupción.
Convocada el pasado miércoles para el 27 de abril por el juez de instrucción José Castro de Palma de Mallorca (islas Baleares), Cristina logró finalmente un respiro: el magistrado aceptó el viernes suspender la comparecencia después de que la fiscalía anticorrupción, que no ve indicios de delito, presentase un recurso.
Actor principal de una batalla judicial muy sensible, Castro, un magistrado con reputación de tenaz e incorruptible, investiga desde 2011 la presunta malversación de varios millones de euros de dinero público por Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta, y un ex socio.
El juez, que compiló un monumental sumario de 42.000 páginas, considera “inevitable que Doña Cristina de Borbón y Grecia preste declaración”. De 47 años, rubia y afable, Cristina, segunda de los tres hijos de Juan Carlos y Sofía, es séptima en la línea sucesoria al trono.
En su auto judicial, Castro estimó que la infanta es sospechosa de “cooperación” o “cuanto menos de complicidad” por “su consentimiento a que su parentesco con el Rey fuera utilizado por su marido”.
Urdangarin fue entre 2004 y 2006 presidente del Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro por la que habría transitado el dinero malversado y en cuya junta directiva Cristina ejercía de vocal. Frente al juez, el fiscal Pedro Horrach, descrito también por la prensa como imparcial y obstinado, considera que no existe ningún indicio que permita fundar acciones judiciales contra la hija del monarca. “De toda la intensa actividad investigadora desarrollada, únicamente ha podido extraerse el hecho incuestionable de que Doña Cristina de Borbón y Grecia figuraba como vocal del Instituto Nóos, de que su nombre aparecía reflejado en el folleto publicitario”, escribe la fiscalía, describiendo una investigación que llevó a la Justicia a solicitar comisiones rogatorias “en Andorra, en Luxemburgo y en Suiza”.
Tras los problemas de salud del monarca de 75 años, la polémica por su viaje a Botsuana para cazar elefantes en 2012, y el goteo de insidiosas revelaciones hechas por el ex socio de Urdangarin, Diego Torres, este nuevo golpe fue la gota que colmó el vaso.
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