La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) aseguró ayer que “la sociedad vive con dolor y preocupación el crecimiento del narcotráfico” en el país y advirtió que, “si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias”. Por su parte, monseñor José Arancedo, presidente de la CEA, denunció que en materia de narcotráfico hay “complicidad y corrupción de miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios de la Justicia y políticos, que colaboran con los grupos mafiosos”.
Durante la 106ª Asamblea Plenaria, la entidad católica consideró que “la Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno” con relación al consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes.
El problema del narcotráfico, según evaluó la CEA, “sólo será abordado eficazmente por medio de amplios consensos sociales que deriven en políticas públicas de corto, mediano y largo alcance”.
Y subrayó que “perseguir el delito es tarea exclusiva e irrenunciable del Estado”, a la vez que expresó su preocupación por “la desprotección de las fronteras y por la demora en dotar de adecuados sistemas de radar a las zonas más vulnerables”.
“El drama de la droga”
El documento titulado “El drama de la droga y el narcotráfico” que surgió de una asamblea de la que participan todos los obispos del país fue presentado por el arzobispo de Santa Fe y titular de la CEA, monseñor José María Arancedo, y el obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Lozano, titular de la Comisión Pastoral Social, en la casa de retiro El Cenáculo-La Montonera, en Pilar, Buenos Aires.
“Hay una situación de desborde y no son ajenas la complicidad y la corrupción de dirigentes, miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios de la Justicia y políticos que colaboran con los grupos mafiosos del narcotráfico”, señaló Arancedo en diálogo con Noticias Argentinas.
El presidente de la CEA señaló en conferencia de prensa que “hay un silencio porque la droga avanza, puede ser con la complicidad de muchos, pero también con el silencio de muchos, por lo que –remarcó– romper ese silencio también va a ayudar”.
En el documento no se abordaron las implicancias de la posible despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal y del lavado de dinero, pero Arancedo y el presidente de la Comisión Pastoral Social, Jorge Lozano, reconocieron dificultades en ambos temas.
“Sin duda que hay emprendimientos edilicios y algunas otras actividades comerciales que algunos vinculan directamente con lo que tiene que ver con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico”, expresó Lozano.
Respecto de la despenalización, aseguraron que la “droga se ha instalado y el narcotráfico está presente” y que las sociedades que optaron por liberar el consumo personal y no lo hicieron con políticas de prevención, el problema se acrecentó.
“Hablamos de un delito y por eso pedimos que sea un tema asumido políticamente, que en la mesa de la política ese tema sea prioritario por las consecuencias que tiene, creemos que es necesario ponerlo en un lugar destacado para que llame la atención”, insistió Arancedo.
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