Veinticuatro horas le tomó al gobierno de Cristina Fernández lograr la detención del entonces jefe de Policía de Santa Fe Hugo Tognoli, acusado de proteger narcotraficantes. El pedido de detención de la fiscalía esperaba hacía mucho tiempo en el juzgado federal de calle Oroño, pero la tapa de Página/12 de ese día obró con más poder de convicción que la de la fiscal de ese entonces, cuyo pedido había sido rechazado con anterioridad por el mismo juzgado.
La anécdota no es una elegía a la política de seguridad selectiva que el kirchnerismo tuvo hacia Santa Fe, pero viene a cuento de que para desbaratar bandas narco o comisarios salpicados por la droga no hacen falta 2 mil gendarmes, mucho menos tener el control de la Policía provincial.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich tiene todas las herramientas necesarias si quisiera usarlas: cuatro fuerzas a su disposición (Policía Federal y Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura), la Justicia federal y fiscales. Sin embargo, en los últimos diez días se entretuvo jugando a limar al gobierno provincial, a demorar el envío de gendarmes, calentar la olla a presión que se cocinaba en Rosario y a las idas y vueltas en el convenio bilateral para la llegada de fuerzas federales. No quita que sea cierto que las comisarías necesitan ser auditadas, que la corrupción policial excede largamente casos particulares, pero no era ni el momento ni la forma de especular con esa forma de acumulación política.
Tampoco se puede ver lo de Bullrich como una funcionaria aislada. Es parte de un gobierno que en nueve meses dio señales de estar más preocupado por lapidar a la jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó (su cargo, al que llegó por unanimidad en el Congreso, tiene la misma estabilidad que la de los jueces) y quedarse con esa silla, que en trabajar codo a codo como se declama.
Bullrich ya no está a cargo de la negociación para la llegada de gendarmes. Rogelio Frigerio, vía de consulta que el gobernador tiene abierta por encima de cualquier ministro, asumió en persona el tema. Ambos conversaron detalles ayer, durante el viaje a Rufino desde Rosario.
Este lunes, lo que hayan acordado será cerrado en el despacho presidencial. Es todo un detalle que haya tenido que aparecer Macri en una cuestión operativa que debió resolver el Ministerio de Seguridad. En su lugar, Seguridad se demoró dos semanas, profundizó la grieta Nación-provincia e involucró a la Casa Rosada en un problema por el que hasta el momento sólo pagaba costos la Casa Gris.
Macri dio señales en las últimas horas de estar molesto con algunos de sus funcionarios. Alfondo Prat Gay es uno de ellos. Patricia Bullrich es otra. No sólo por el incidente Santa Fe, sino porque el problema de seguridad pública también agita al Gran Buenos Aires. No vaya a ser que pronto se despabilen que Santa Fe no era sino el síntoma más dramático de una enfermedad que angustia a todas las comunidades del país.
Las cosas no quedan ahí: la ministra se embarcó en una feroz contienda con el renunciado jefe de la Aduana, en una saga de espías al servicio de internas oficiales y sospechas cruzadas por un cargamento de pseudoefedrina listo para ser introducido al mercado ilegal para la elaboración de pastillas. Todo parte de una disputa donde, según el periodista Raúl Kollmann en Página 12 de ayer, “está en juego quién controla la Aduana y la ex Side, se habla de millones y millones en maniobras posibles y también del inmenso poder, descontrolado, de los servicios de inteligencia”.
Los cruces provincia-Nación de la última semana no son ajenos a la ofensiva del gobierno nacional sobre el Frente Progresista para llevarse radicales hacia Cambiemos. Hasta ahora no logró pases significativos, pero sí alborotó la agenda y la convivencia en el frente gobernante.
El encuentro de mañana entre Macri y Lifschitz no pinta distendido. Será el primero desde aquella estocada del presidente, cuando acusó al santafesino de ser el gobernador con el que menos podía trabajar en conjunto.
Se trató de una jugada destinada a polarizar con el socialismo y forzar a definirse a los radicales santafesinos que juegan a dos aguas.
Un sector afín al Frente Progresista entró en el juego e intimó a quienes participan de Cambiemos a irse ya del gobierno provincial. Lifschitz salió a cortar por lo sano, a pesar de que le significó tener que desautorizar en público al vicegobernador. El gobernador, y el socialismo en general, creen que a pesar de las contradicciones, el tiempo de ese cisma radical, si tiene que darse, es para 2019 y no 2017.
Desde que el presidente dijo lo que dijo, no sólo escalaron los cruces entre Nación y provincia. En Buenos Aires enfurecen con las críticas de socialistas y radicales.
El blanco predilecto de los enojos es el ministro de la Producción, Luis Contigiani, para muchos una grata revelación pero que en realidad se trata de un funcionario formado políticamente desde la adolescencia entre el cooperativismo y la Federación Agraria, de origen radical, que ya tenía un rol relevante en el gobierno anterior. Él en persona, con otros jóvenes directivos de la Federación de Cooperativas Federadas (otra hazaña del ahora macrista Eduardo Buzzi que los echó de FAA), estuvieron en la chacra del ex presidente uruguayo José Mujica gestionando la visita de estos días a Rosario. Sus críticas frontales y el Observatorio de Importaciones que creó junto con los industriales de la provincia, mucho antes de que Sergio Massa y Daniel Scioli salieran con el tema, se convirtió en una referencia para analistas, sindicalistas y periodistas a nivel nacional.
A la inversa, en la Casa Gris ven con preocupación que la pelea política está enrareciendo líneas de gestión. El arreglo de la deuda histórica por descuentos de coparticipación que ordenó la Corte lleva más de 9 meses y está muy frío.
Pasaron más de 70 días desde la Legislatura autorizó a contraer crédito en el exterior por 500 millones de dólares para infraestructura y la autorización del Ministerio de Economía no aparece, algo que no le ocurrió a las otras provincias. Y esta semana se sumará la autorización del Plan Equipar, que implica una operación similar pero por el equivalente a 1.000 millones de pesos en máquinas y herramientas para municipios y comunas.
Todos temas que en las últimas horas fueron parte de las conversaciones entre el gobernador y el ministro del Interior. El lunes se conocerá si también formaron parte de la negociación cara a cara con Macri.
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