Por Luciano Tamous
La figura más descollante de la Corte Suprema de Justicia de los años treinta, fue José Figueroa Alcorta. Esa Corte, estaba integrada además por Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna. El Procurador General era Horacio Rodríguez Larreta. Sobresalía Figueroa Alcorta, el de la avenida porteña, principalmente porque ocupó cargos en los tres poderes del Estado. En Córdoba, su provincia natal, fue diputado, senador, ministro de gobierno, ministro de hacienda y gobernador entre 1885 y 1898. En 1898 senador nacional. En 1904 integró la fórmula como vicepresidente de Manuel Quintana, que muere y entonces ocupó la Presidencia de la Nación desde marzo de 1906 hasta 1910. Su espíritu democrático tomó licencia un tiempito, cuando el 25 de enero de 1.908 disolvió las dos Cámaras del Congreso. Luego fue embajador en España. También tuvo que laburar de abogado hasta 1.915, cuando fue nombrado ministro de la Corte Suprema por el presidente Victorino de la Plaza. Ocupó el cargo hasta su fallecimiento en 1931, víctima de una apendicitis. Seguramente merecía una muerte más heroica. Permítame deshidalguizarlo, si es que existe la palabra.
El 6 de septiembre de 1930, comenzó la “Década Infame”, con el golpe militar que depuso al presidente Hipólito Yrigoyen. Cuatro días después, la Corte dicta una Acordada. Por si no se sabe, laxamente diré que Acordada, son normas administrativas, de funcionamiento para la propia Corte, o tribunales o jueces inferiores. Déjeme saltar unos renglones a 1.943, donde se inicia un juicio político a los miembros de esa Corte: “por citas falsas para fundar las acordadas que legitimaron a los gobiernos de facto. En este último caso se analiza la doctrina de Constantineau y la del libro de Herrfhard sobre estos gobiernos”. La Corte fundamentó falsamente esa acordada, siendo precursores de lo que hoy se llama neo verdad.
La Acordada, estableció la Doctrina de la revolución triunfante, privilegiando al golpe de estado como hecho político sobre toda otra consideración. Principalmente desconsiderando a la propia Constitución Nacional, admitiendo su violación y justificándolo. Como era para ellos una revolución triunfante, se legitimó al gobierno de facto. Uriburu no tenía muchos adeptos, pero esta Acordada le dio la legitimidad que necesitaba, subrayando la necesidad de la posesión del mando sobre las fuerzas militares y policiales para preservar la paz, vida y propiedad (faltó decir familia). La posesión de la fuerza impedía discutir el título del gobierno provisional. La corte validó y legitimó el ejercicio de la función administrativa y política. Impedía discutir a los ciudadanos la validez del título del gobierno de hecho, obligando a su reconocimiento. Los jueces controlarían al poder de facto, pero se olvidaron que todos los jueces habían pasado a disponibilidad.
Todas las normas emanadas del poder de facto fueron dadas como válidas de antemano por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este acto no es más que el certificado de óbito del máximo tribunal de la Nación, que no ha podido resucitar hasta nuestros días.
Al igual que aquella Corte, el gobierno de Milei, ha interpretado que su gobierno proviene de una revolución triunfante. Esto, impide respetar a opositores a su gobierno. El 44,3% que ha votado a Sergio Massa, ha muerto. La derrota electoral invalida cualquier ademán opositor. Son la revolución triunfante, y por eso merece la suma del poder. Los opositores fueron votados en menor proporción que ellos, entonces están invalidados, muertos.
El decreto de necesidad y urgencia dictado por Milei, rechazado por el Senado de la Nación, e impugnado en algunas de sus partes por el Poder Judicial, juntamente con el proyecto de ley de bases, posee el mismo razonamiento de aquella corte de la década infame, y a contrario censu nos dice: todas las normas, incluso aquellas que plasman conquistas sociales conseguidas en democracia deben derogarse. Idéntico objetivo tiene el proyecto de ley ómnibus, ley que emula a Alberdi, haciendo también una lectura falsa del autor del libro “Bases”. Este proyecto de ley, sostiene la delegación de poderes al titular del Poder Ejecutivo, dando anticipado aval a todas las normas que impulse. La Corte de los años 30 daba legitimidad y validaba con cheque en blanco todos los actos del poder de facto. Ahora el gobierno de Milei necesita lo mismo, e impugna las normas porque nacieron en democracia. Desprecia a la Constitución Nacional, siendo un estorbo, al igual que los derechos que emanan de ella. Establece una disyuntiva entre democracia y libertad, eligiendo la libertad. La libertad se entiende no como lucha colectiva, sino el caldo de cultivo que propicia que la especie superior se imponga ante la especie inferior. Establece un orden errático en la cadena alimentaria, donde los que están arriba, tienen la protección del estado. Un videojuego donde los que se encuentran arriba en la cadena alimentaria, deben comer a los que están abajo en el menor tiempo posible.
Ahora bien, esta exagerada locura tiene una legitimación en muchos conciudadanos que desprecian la democracia y los logros obtenidos. Es que el odio, inculcado por los medios de comunicación, rechaza todo debate, toda argumentación que enfrente sus postulados. No admite otra mirada. Lo que se le oponga es digno de destrucción, porque ellos son la revolución triunfante. Este sentimiento hace un elogio de la ignorancia. La ignorancia pasa a ser una virtud. Rafael Correa, afirmó que los medios de comunicación hegemónicos son armas de destrucción masiva.
Milei es el hijo de ese odio. Ha ganado por el pésimo gobierno de Alberto Fernández y por su habilidad en comunicarse en las redes sociales, Su legitimidad radica en eso: twitear. El día que reste horas al twiter perderá legitimidad. Siempre lo supo.
La oposición mira a las encuestas con bostezos: si baja la popularidad o la aceptación menos de un 30% entonces tendrá que hacerle un juicio político, antes no se puede, no se debe.
El fracaso de estos años de democracia, no ha consistido solamente en tener algunos gobiernos deplorables. Ha sido si la derrota cultural consistente en que muchos de nuestros compatriotas desprecien la democracia, que consideren que la violación de la Constitución Nacional es un tema baladí.
Todas las normas del gobierno de facto eran válidas decía la Corte en su certificado de óbito. Todas las normas conseguidas durante la democracia se derogan, tienen que desaparecer dice el proyecto de ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia.
Uriburu, no dictó leyes. Sólo disolvió al Congreso, dispuso el estado de sitio y la Ley Marcial, intervino provincias gobernadas por radicales, intervino Universidades, y algunas otras desmesuras.
La mayoría de los que aún tienen esperanzas en este gobierno, creen que el ajuste era necesario. Si no ¿para qué? (dicen) ¿por qué se llevaría a cabo tanta desmesura, si no hay una razón? Nadie sale a explicar que la razón radica en el odio. Siempre el odio es desmesura. El apoyo a este gobierno argumenta: era necesario el ajuste, el aumento de precios si no ¿para qué se hace? Y en esa afirmación hay una pregunta que el odio, que no sabe argumentar, no contesta. Falta la respuesta.
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