El Ciudadano
La defensora general de Santa Fe, Jaquelina Balangione, pidió un “auxilio judicial para el control del nuevo sistema de visitas carcelarias” que dispuso el Servicio Penitenciario en represalia a un grupo de personas que lucraba con la venta de números a familiares a cambio de acortar las extensas horas de espera que enfrentan cada semana.
En una entrevista radial a LT10, Balangione aclaró que su intención no es ponerse en contra de las nuevas disposiciones del Servicio Penitenciario –que motivaron quema de gomas y fuertes disturbios en los tres penales más poblados de la provincia– sino pedir un auxilio judicial para el control de las visitas en el marco de un acuerdo.
En ese sentido mencionó que el amparo judicial presentado es para que la resolución de Pablo Coccocioni, a cargo de la Coordinación de Gabinete y Articulación con el Poder Judicial del Ministerio de Seguridad, se pueda terminar de organizar sin vulnerar los derechos de los familiares ni de los detenidos.
Venta de entradas
La defensora general recordó que el conflicto comenzó hace poco más de dos semanas con disturbios en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, que al igual que la cárcel de Coronda y Las Flores alberga a 1600 personas y recibe cada fin de semana entre 2000 y 3000 visitas.
“La gente va a la madrugada, a las cuatro de la mañana, para estar bien adelante en la cola, porque después tiene que pasar por la requisa personal y de los paquetes para poder ingresar y les queda poco tiempo porque a las cinco de la tarde se termina todo”, explicó.
Un ataque a tiros frente a Piñero el domingo 11 de agosto derivó en una investigación contra un grupo de personas por comercializar la entrega de números para acortar las extensas horas de espera y también acarreó cambios en el Servicio Penitenciarios que modificó la modalidad de las visitas. Cambios que para muchos familiares transformaron lo difícil en imposible.
Balangione explicó que el nuevo sistema de rotación en las visitas provocó las protestas de los familiares, tras aclarar que se trata de gente que vive lejos de esos lugares, muy humilde, de los sectores más populares y de mayor exclusión social.
“En la nueva modalidad se cambian los días, y si uno de los días no es fin de semana las personas que trabajan se ven imposibilitadas de ir o pierden el presentismo en sus trabajos. Por eso hoy presentamos un amparo pidiendo un auxilio judicial para el control de las visitas”, concluyó.
Visitas pesadas
La tensión entre el Servicio Penitenciario con las personas que visitan a personas detenidas es de vieja data y muchas veces terminó judicializada. Hay familiares que aseguran que el comercio de números para acortar la espera comenzó el año pasado, cuando el Servicio Penitenciario dejó de entregar números por orden de llegada, en represalia a una decisión judicial que a comienzos de 2018 los obligó a dar marcha atrás con una disposición que restringía el ingreso de paquetes. Los carceleros querían que cada interno pudiera recibir solo bultos con un peso máximo de dos kilos, incluida la comida, para que sea más rápida la requisa. Pero la Justicia determinó que era una restricción ilegal.
Luego, las autoridades penitenciarias se desentendieron de organizar el ingreso, y esa actividad quedó en manos, al menos en el penal de Piñero, de un grupo de personas que le sacaba rédito económico de manera ilegal y que está siendo investigada por la Justicia.
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