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Visitas bajo la lupa

Rosario: suspenden restricciones del Servicio Penitenciario

La jueza resolvió dar lugar al recurso de habeas corpus por 90 días presentado por la Defensa Pública para las Unidades 3, 5, 6, 11 y la 16. “Otra vez el Poder Judicial entrometiéndose en las facultades del Poder Ejecutivo", opinaron desde el Servicio Penitenciario


La Justicia provincial suspendió por 90 días la medida del Servicio Penitenciario que restringía la cantidad de paquetes que podía llevar la visita a las instituciones carcelarias. La jueza Eleonora Verón tomó esta resolución en la audiencia de habeas corpus presentada por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) y afecta a las Unidades 3, de Zeballos y Riccheri; la 5 cárcel de mujeres; la 6 ubicada en la ex Alcaidía Mayor, de Francia al 5200; la 11 en la localidad de Piñero y la 16 en el límite con Pérez. “Otra vez el Poder Judicial entrometiéndose en las facultades del Poder Ejecutivo impidiéndose implementar lo que es una medida tan importante como la seguridad”, fue la contestación que dio de la directora de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario, Lucia Masneri.

El 14 de marzo pasado, el director del Servicio Penitenciario, Juan Martínez Silva presentó un nuevo sistema de restricciones en los institutos penitenciarios que generó gran malestar entre los internos de las cárceles santafesinas. En la Unidad N°1 de Coronda y la N° 11 de Piñero se produjo una huelga laboral. Y también familiares de los reclusos de Piñero cortaron el tránsito de la ruta 14.

En el comunicado del Servicio Penitenciario se detallaba que la medida iba a regir desde el próximo 24 de marzo en todos los penales de la provincia. La nueva disposición limita la entrada de bolsos o paquetes a 2 kilos de peso. Los allegados tampoco podrán ingresar con alimentos rellenos, congelados y embutidos. Además, en la requisa se podrá impedir la entrada de cualquier tipo de mercadería o elemento que se considere sospechoso.

Esto llevó a que familiares de los internos y las internas comunicaran su malestar de lo que consideran un agravamiento de la condiciones de detención a los defensores públicos. Tras las entrevistas, la Defensa Pública presentó dos recursos de habeas corpus en favor de los internos alojados en la Unidad Penitenciaria de Coronda y en las Unidades Penitenciarias de zona sur para que la Dirección General del Servicio Penitenciario no aplique la medida.

En esa instancia, este viernes a las 14 se llevó a cabo la audiencia que estuvo presidida por la jueza Verón quien resolvió hacer lugar al habeas corpus interpuesto en favor de los internos de las Unidades Penitenciarias de zona sur, suspendiendo provisoriamente los efectos de la resolución dictada por el plazo de 90 días ya que reconoció la posible configuración de un agravamiento de las condiciones de detención. La magistrada también solicitó que dentro de dicho plazo las partes conformen una mesa de diálogo a los fines de consensuar una solución.

Voceros de la defensa Pública indicaron que el habeas corpus interpuesto en favor los internos de la cárcel de Coronda presentado el lunes pasado, aún no había sido  tramitado.

Contestación del Servicio Penitenciario

En base al dictamen de la jueza Verón, la directora de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario dialogó con la prensa y sostuvo que no sabe cuáles son las condiciones de detención que se podrían agravar en referencia al argumento del habeas corpus. “En la audiencia la fiscal (por Karina Bartocci de la Unidad contra la Violencia Institucional) dijo que si la atención en la alimentación era correcta, no entendía cuál era el agravante”, dijo y agregó que desde el Servicio Penitenciario no creen que continúen las revueltas en las cárceles y el reclamo de los familiares como ocurrió esta semana.

La funcionaria explicó que invitaron a la jueza para que recorra el fin de semana los penales y compruebe que la cantidad de paquetes no es razonable.

“Somos los únicos que estamos capacitados para determinar cómo es un procedimiento de requisa. Esperemos que se entienda que esto es una facultad del Poder Ejecutivo, una facultad administrativa, y es por razones de seguridad. Trabajamos para impedir el ingreso de elementos prohibidos como pueden ser celulares en los penales porque se cometen delitos dentro de las unidades penitenciarias y después se diluyen las responsabilidades al respecto. Tomamos una medida por cuestiones de seguridad y no la podemos aplicar”,  insistió Masneri.

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