Por Esteban Actis (*) y Nicolás Creus (**)
La Casa Blanca decidió eximir temporalmente de la suba de los aranceles al acero y al aluminio a un conjunto de países incluido la Argentina (Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Corea del Sur) hasta que la propia administración norteamericana realice una exhaustiva investigación al respecto.
Todos los países mencionados son exportadores de dichos productos al mercado de los Estados Unidos por lo que cada uno de ellos viene realizando gestiones en Washington para retrotraer la perjudicial medida.
El congelamiento de la medida generó un grado de alivio y satisfacción tanto en el gobierno nacional como en los sectores empresariales nacionales directamente afectados.
Sin embargo, la estrategia de Donald Trump parece romper el multilateralismo comercial para poder negociar bilateralmente (desde una mejor posición negociadora) vinculando distintas cuestiones propias del comercio u otras del escenario internacional.
En ese sentido, según una fuente que consultó la agencia internacional de noticias Bloomerg, el gobierno de Trump aceptó dar (parcialmente) marcha atrás siempre y cuando haya un compromiso de cada país en presionar a China en relación a distintas prácticas que los Estados Unidos consideran distorsionante.
En realidad, como dejó claro el propio Secretario del Comercio Wilbur Ross, el aumento de los aranceles al acero y aluminio es una respuesta a la producción china que como consecuencia de los subsidios otorgados por Beijing han generado una sobreoferta mundial.
El acero y el aluminio parece ser la punta de lanza de una política más agresiva.
Trump planea imponer mayores tarifas a las importaciones de productos chinos por más de 60.000 millones de dólares como retaliación a la acusación de una apropiación indebida de la propiedad intelectual estadounidense.
El año pasado Washington lanzó una investigación al respecto bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974 en la que concluye que se han lesionados los intereses de las empresas estadounidense.
Como contrapartida, el gobierno de China señaló que existe una lista de más de 100 productos norteamericanos que puede sufrir un aumento del 15 por ciento del arancel si los Estados Unidos siguen con la actitud beligerante en materia comercial, generando pérdidas económicas estimadas en 3000 millones de dólares.
Desde Beijing se alertó a Washington “alejarse del borde del precipicio” en una clara alusión a una inminente “guerra comercial”.
En las últimas horas, la retórica de las dos administraciones lejos de apaciguarse siguió escalando el nivel de tensión.
Mientras en la Reunión de Ministros del G-20 en Buenos Aires, el Secretario del Tesoro de los EEUU, Steven Mnuchin indicó que “EEUU no le tiene miedo a una guerra comercial dado nuestro tamaño”, desde el gigante asiático el Ministro de Comercio advirtió que “China no espera estar en una guerra comercial, pero no tiene miedo de participar en una”
En el día de ayer, los mercados internacionales se hicieron eco de las tensiones entre las dos potencias provocando una baja generalizada de las principales plazas bursátiles del mundo.
Los inversionistas temen que el estallido de una abierta guerra comercial que genere pérdidas millonarias, contraiga el comercio global y se afecte la incipiente recuperación del crecimiento mundial de los últimos dos años.
Para la Argentina, la consolidación en el tiempo de un escenario de “bipolarismo rígido”, signado por tensiones crecientes y por una rivalidad abierta entre Estados Unidos y China, sería el peor escenario internacional posible.
Un tablero de tales características, aumentaría la aversión al riesgo y la fuga de capitales desde la periferia –lo cual generaría en consecuencia, presión cambiaria y posibles devaluaciones en los emergentes–, aumentaría el costo financiero (sumado al aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los EEUU) y se contraerían los flujos comerciales.
En otras palabras, las necesidades externas de Argentina se agudizarían pero con el agravante de que sus márgenes de maniobra (autonomía) en el referido contexto se verían sustancialmente reducidos puesto que se eliminaría la posibilidad de pivotear entre las potencias o en el mejor de los casos aumentarían los costos de hacerlo.
El costo a pagar por los acuerdos sería más alto y exigiría definiciones estratégicas.
Argentina se vería obligada a elegir y tomar partido en una disputa en la que se juega ni más ni menos que la hegemonía global.
(*) Profesor de la Cátedra de Política Internacional Latinoamericana.
(**) Profesor de la Cátedra de Política Internacional Argentina.
