La Corte Suprema de Justicia, en respuesta a la Procuración General de la Nación y a la Defensoría General, subrayó que en la acordada que exime del pago de ganancias a los jueces no están amparados estos dos organismos y por lo tanto deben pagar ese impuesto.
Mediante una resolución con firma del área de administración pero que expresa el pensamiento de los jueces supremos, la Corte respondió que el Ministerio Público Fiscal, cuya cabeza es la Procuradora Alejandra Gils Carbó; la Defensoría, que tiene como jefa a Stella Maris Martínez, no tiene ningún impedimento para pagar ganancias desde el año 1996.
En ese año, mediante la acordada 20, la Corte eximió del pago de ganancias a los jueces, aunque ahora aclara que la misma no abarca a los fiscales y defensores oficiales.
Además, la Corte Suprema aclaró que el pago de Ganancia por parte de los jueces “se trató durante todo el año 2012, en sus acuerdos de ministros se efectuaron consultas los tribunales superiores de provincias que adhirieron expresamente la acordada 20/96, numerosos jueces, juezas, funcionarios, asociaciones, representantes gremiales de los empleados judiciales”.
“Estos análisis continúan durante este año, ya que existen diversas circunstancias referidas al impacto económico, social funcional de esta decisión, que, dada la responsabilidad institucional que tiene el Tribunal su caracterización como cuerpo colegiado, sigue siendo objeto de deliberación intercambio de ideas por parte de la totalidad de los juezas los jueces que integran esta Corte”, agrega.
Más temprano, Gils Carbó reiteró su postura favorable a que los jueces y fiscales paguen impuesto a las ganancias y dijo que si “la Corte establece una posición categórica, es difícil que los juicios progresen”.
Al hablar por radio Continental, y ante una consulta, la Procuradora se refirió así ante la posibilidad de que magistrados y fiscales acudan a la justicia para evitar pagar el impuesto a las ganancias, en caso de que finalmente se vean obligados a hacerlo.
La funcionaria reiteró que elevó un oficio a la Corte, como titular del organismo que nuclea a todos los fiscales, para obtener información sobre cómo el Máximo Tribunal está analizando la cuestión.
Recordó que respecto del pago del impuesto a las ganancias “tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público estamos atados a la misma suerte”, ya que existe una ley que exige que tengan la misma “jerarquía” en este aspecto para que haya “un libre traspaso”.
Explicó que presentó un oficio a la Corte porque si “hay reuniones” por este tema “el Ministerio Público quiere participar de las reuniones porque es algo que afecta al Ministerio Público Fiscal”.
Asimismo, Gils Carbó consideró que si finalmente jueces y fiscales son exceptuados de pagar el tributo, habría que estudiar “el impacto en el bolsillo” que podría causar a muchas personas, “sobre todo empleados que están más atados a perder su rutina cotidiana si se desactiva un impuesto así”.
En este sentido, se mostró partidaria de “estudiar” cómo se dejaría de pagar Ganancias, y opinó que debería ser una medida “gradual”.
Estimó asimismo que la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) seguramente “tendrá una posición que será en defensa de sus agremiados”.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo, la presidente Cristina de Kirchner había instado a la Corte a dejar sin efecto una acordada del Máximo Tribunal en la época del exmandatario Carlos Menem, que permite que hasta el día de hoy no se aplique la ley por la cual jueces y fiscales tienen que pagar ganancias.
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