Se frenó el desalojo de alrededor de 500 familias de barrio La Bombacha, de la zona noroeste de la ciudad. De esta manera, las partes involucradas firmaron un acuerdo durante una audiencia realizada ayer a la tarde en los Tribunales provinciales de Rosario, mediante el cual asumieron el compromiso de efectuar un censo de las personas que residen en el lugar para a posteriori relocalizarlas o resolver su situación habitacional. De la reunión participaron abogados de la Municipalidad, Nire Roldán, de la ONG Concejalía Popular, y los representantes legales de Aldea SA, firma que reclama la propiedad de las ocho manzanas en disputa.
Según expresó Nire Roldán en diálogo con El Ciudadano, una vez finalizada la audiencia en la sede del Palacio de Justicia, “la sensación que tenemos es de felicidad, porque prevaleció el derecho a la vivienda por sobre los intereses privados y podemos levarles tranquilidad a los vecinos, muchos de de las cuales hace más de 20 años que viven allí”.
El conflicto que obligó a las partes a presentarse en el palacio de Justicia en reiteradas oportunidades lleva varios años sin resolverse. Se trata de aproximadamente ocho manzanas ubicadas entre Aldao y arroyo Ludueña, aunque el reclamo judicial de Aldea es por la traza de Schweitzer al 8200, por lo que hay juicios de desalojos para unas 500 familias.
Población en aumento
Cabe recordar que en 2004 vecinos y empresarios atravesaron una situación similar, aunque en esa ocasión no prosperaron los desalojos.
“En aquella oportunidad, eran unas 35 familias las que estaban en riesgo de que las saquen del lugar y hoy estamos hablando de alrededor de 500”, comparó Roldán.
De acuerdo al pacto firmado ayer en Tribunales, se deberá llevar adelante un censo para saber a ciencia cierta cuántas son las personas que viven allí, de manera que el Estado sepa cuál el la dimensión del problema habitacional y la totalidad de las personas afectadas.
Si bien los juicios que tienen sentencia de desalojo alcanzan a unas 500 familias que son representadas por la Concejalía Popular, la realidad es que en la zona hay asentadas 2.500 familias en otros terrenos que no son propiedad de Aldea.
“Es sumamente necesario pensar en la legitimidad sobre los espacios en donde hay áreas urbanizables. Porque el derecho de los emprendimiento privados no puede estar por encima del derecho a la vivienda digna, tal como está consagrado en la Constitución Nacional”, concluyó Roldán.
Piden unificar las causas
Vecinos de Ayacucho al 4000, quienes la semana pasada recibieron la visita intempestiva de un oficial de Justicia y al menos seis móviles policiales con el objetivo de desalojar del lugar a unas 40 familias, pedirán que se unifiquen las causas en un solo juzgado, ya que actualmente están diseminadas en cuatro dependencias. “Se trata de una maniobra que busca tapar que estamos ante un conflicto público y social, ya que involucra a mucha gente, y no ante un litigio entre particulares”, señaló a El Ciudadano Facundo Peralta, de la organización Causa que acompaña a los vecinos.
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