Policiales

Juicio a Los Monos

Juzgada dos veces por el mismo delito

Para la defensa, la pareja de Monchi ya fue sobreseída por el caso.


Los alegatos de las defensas tuvieron su capítulo vespertino en la jornada de este miércoles en el juicio a Los Monos: el abogado Juan Ubiedo, en representación de Silvana Gorosito, pareja de Ramón “Monchi” Machuca, adhirió a los planteos de nulidad y remarcó que su clienta está acusada de dos delitos que no son compatibles. “O está por encubrir a la banda o está como integrante de una asociación ilícita, no puede estar en los dos lados. La Fiscalía no demostró la evolución patrimonial de mi defendida para que pueda decir que es testaferro de la banda. Sólo hizo un inventario de los bienes que tenía”, dijo Ubiedo.

El defensor agregó que el inmueble y los taxis puestos en entredicho en este juicio ya habían sido revisados por la Justicia: “En octubre de 2010, a Gorosito se la sobreseyó como integrante de una asociación ilícita. La Fiscalía no pudo probar que estos bienes fueron adquiridos después de 2009, por lo tanto, la Justicia ya dio su dictamen”, sostuvo, y calificó el pedido de 6 años de prisión para su clienta como “desorbitado”, por lo que pidió la absolución.

La segunda exposición estuvo a cargo del abogado Gabriel Navas, quien representa al suboficial de la Policía Ángel Avaca, acusado por asociación ilícita, cohecho y encubrimiento. La Fiscalía pidió 9 años de prisión. “Esperábamos que los fiscales tomaran la misma decisión que con Cristian Floiger (el comisario a quien la Fiscalía decidió anteayer no acusar) porque es sencillo: no hay pruebas. Mi defendido estuvo dos meses y medio trabajando en la comisaría 15ª”, dijo Navas.

El defensor afirmó que a su cliente se lo sindica por cohecho. “Pero la Fiscalía no lo probó: cuánto dinero, en qué fecha fue. Eso no lo sabemos”, dijo, para pedir la absolución de Avaca y adherir al pedido de nulidad de sus colegas. “No pueden condenar con las pruebas que trajo la Fiscalía con policías que vinieron a jactarse de su capacidad investigativa y ni siquiera sabían el día que fue asesinado Martín «Fantasma» Paz”, terminó su exposición en referencia al homicidio que desencadenó la causa por asociación ilícita contra Los Monos.

Marcelo Piercecchi es el defensor de Mariano Salomón, acusado de asociación ilícita y encubrimiento agravado. Piercecchi remarcó que cuando comenzó a analizar la causa le llamó la atención el modo en cómo estaban redactados los partes y cuando observó la firma descubrió que conocía a esas personas desde 20 años antes, cuando trabajaban en la ex Drogas Peligrosas (Digedrop). “En los 90 eran fabricantes de causas (por los integrantes de la División Judiciales que llevaron el peso de la  investigación Luis Quevertoque, Ariel Lotito y Cristian Romero) y no conseguían sostenerlas porque se caían en el tiempo. Vino a declarar Quevertoque y fue lamentable porque no se acordaba de nada y había escrito los partes. Siempre hicieron lo mismo: cada vez que tenían que poner la cara, no se acordaban de nada”, dijo el defensor de Salomón. En referencia a la acusación de partícipe y encubridor, indicó que esas figuras se excluyen. “Se dijo que Salomón además de ser un vendedor de autos era otra cosa pero no se probó. En un allanamiento en su casa de Santiago al 5100 hallaron boletos de compra y venta y (un formulario) 08. Y eso es lo que tiene un vendedor de autos”, continuó Piercecchi para pedir la absolución y se sumó a los planteos de nulidad.

Otro de los acusados es Walter Jure. Está procesado en la Justicia federal por tráfico de drogas y en esta causa está sindicado por asociación ilícita. Su abogado, Marcelo Martorano, calificó como una incongruencia la pena de 6 años pedida por la Fiscalía, debido a que en se pasó de la figura de narco con que se lo sindicaba en el principio de la instrucción a otra de informante de la banda. El abogado pidió la nulidad absoluta por incompetencia de jurisdicción de la Justicia provincial, debido a que el narcotráfico pertenece al fuero federal, y solicitó la absolución o en caso de condena el mínimo previsto a tres años de prisión.