Un joven de 25 años fue condenado, a través de un juicio abreviado, a la pena de 2 años y 6 meses de prisión por su participación en una gresca por el robo de un televisor donde Jesús Carriaga, quien se presentó junto a sus hermanos en una vivienda de Villa Gobernador Gálvez, fue herido de un escopetazo y falleció. Por el hecho fueron detenidas dos personas y, luego de dos meses de investigación, la fiscalía y la querella arribaron a un acuerdo con la defensa de uno de los acusados. Las partes entendieron que Juan Eduardo Contreras no participó en el crimen aunque lo consideraron autor del delito de abuso de armas y lesiones leves. El acuerdo fue homologado en la mañana de ayer en una audiencia oral que presidió el juez Carlos Leiva. Este es el cuarto juicio abreviado que cierra la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos desde que inició su gestión, uno de los cuales fue rechazado y actualmente se encuentra en la Cámara Penal.
Jesús Carriaga encontró la muerte el 18 de marzo pasado en Villa Gobernador Gálvez.
La víctima tenía 32 años y esa tarde decidió ir, junto con sus hermanos, hasta una vivienda cercana a recuperar un televisor que le habían robado a su cuñada. El reclamo derivó en una pelea a las trompadas con dos muchachos que había en el lugar hasta que uno de ellos tomó una escopeta y disparó contra Carriaga, quien recibió un disparo en el pecho y falleció. Algunas horas después, Juan Eduardo Contreras, quien en un principio dio otra identidad, fue detenido en el hospital Gamen, donde fue atendido por un corte en el cuello. Por su parte, el otro sospechoso, identificado como Oscar Ramón “Bebo” F. y señalado como el autor material del crimen, fue detenido la semana pasada en Platón al 1700, refirió una fuente del caso.
Ayer, el defensor oficial Francisco Broglia y el fiscal Florentino Malaponte presentaron, en una audiencia oral presidida por el juez Carlos Leiva, un acuerdo abreviado donde se fijó una pena de dos años y medio de prisión por el delito de abuso de armas y lesiones leves. Además, se fijaron reglas de conducta que el acusado deberá cumplir como fijar domicilio, no tener contactos ni merodear a la familia de la víctima y someterse al control de la oficina de medidas alternativas o sustitutivas (Omas). Por otra parte, su coimputado se encuentra en prisión preventiva mientras continúa el proceso en su contra.
Cuatro acuerdos desde febrero
Desde la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, en febrero pasado, la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos cuenta con más de un centenar de homicidios en trámite en su haber. Los casos transitan por diversas instancias, donde se puede apreciar causas con autores NN, otros con sospechosos identificados o detenidos. Respecto del punto procesal, la mayoría de las causas que tienen acusados se encuentran con la audiencia de imputación cumplida, con prisiones preventivas y prórrogas de las mismas y en algunos casos se comenzó con la presentación de la acusación para llevar el caso a juicio. En este marco aparecen los juicios abreviados, en los que el acusado admite su culpabilidad y negocia la pena. Hasta el momento, la Unidad firmó cuatro acuerdos de este tipo, tres de los cuales fueron homologados y uno de ellos fue cuestionado por el juez y hoy se encuentra apelado.
El primer convenio se concretó en la investigación por el homicidio a golpes de Ramón Jesús Sequeira, ocurrido en Roldán en el mes de febrero. En dicha oportunidad, su vecino Miguel Ángel Santi quedó detenido cuando fue a denunciar a la víctima por abuso. A principios de abril, el fiscal Pablo Pinto y la defensora oficial Paula Álvarez cerraron un abreviado por homicidio preterintencional, ya que no se comprobó la intensión dolosa de Santi de causar la muerte a Sequeira. A su vez, se fijó una pena de 2 años y 6 meses de prisión efectiva y se lo declaró reincidente por tercera vez.
El segundo acuerdo se firmó por el homicidio de Claudio Acosta, ocurrido en Alvear por una deuda de 50 pesos. Por el hecho fue implicado Luís Andrés González quien, a través de un abreviado –al que arribaron el fiscal Adrián Spelta y la defensora oficial María Laura Blasich– fue condenado a dos años de prisión por exceso en la legítima defensa.
El tercer hecho fue la muerte de Maximiliano Riquelme, ocurrida el 3 de marzo en una persecución que terminó en Pueblo Esther y de la que participó un vehículo con cuatro policías. Uno de ellos, quien había sido imputado por homicidio calificado, acordó un abreviado con el fiscal Miguel Moreno a través de su defensor Maximiliano Nicosia. En este hecho, las partes concluyeron que el acusado no participó en el crimen, ya que iba en el asiento trasero del acompañante y sin su arma reglamentaria, por lo que atinó a llamar al 911. Los letrados cerraron un acuerdo por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en el que se fijó una pena de 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación, aunque el planteo fue rechazado por el juez Juan Carlos Curto, por lo cual hoy se encuentra apelado.
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