El juez en lo Civil y Comercial de la 3ª Nominación Hernán Carrillo admitió una presentación basada en la ley 10.000 de intereses difusos presentada por integrantes de la comisión pro-vuelta a su funcionamiento de la Fundación Eva Perón y por lo tanto, dejó sin efecto el convenio celebrado entre el gobierno provincial y el gremio UPCN para la construcción de viviendas en el predio que se encuentra en parte de atrás del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Al respecto, desde UPCN dejaron en claro que el problema no es de ellos, sino de la provincia. “Nosotros habíamos comprado un terreno de cuatro hectáreas en Rosario que fue usurpado. Fuimos a la Justicia, pero se lavaron las manos. Fuimos a la provincia y nos dijeron que no iban a reprimir ni desalojar. Y como nos quedamos sin terreno y teníamos muchas de las viviendas casi terminadas, nos ofrecieron esas cuatro hectáreas en Baigorria. Lo único que queremos son las cuatro hectáreas que nos usurparon”, detalló Alberto Maguid, secretario general de UPCN, en diálogo con El Ciudadano.
El abogado que representa a los vecinos de esta comisión provuelta a su funcionamiento de la Fundación Eva Perón es Jorge López Mirossevich, quien explicó a El Ciudadano los detalles de la presentación que realizaron en enero, durante la feria judicial.
El abogado detalló que los terrenos en disputa fueron comprados en 1952 por la Fundación Eva Perón y la finalidad de la obra es ayudar a los niños y crear en ese lugar un espacio en el que se promueva salud, educación y la recreación de los más pequeños. Y agregó que hoy el Hogar Escuela Eva Perón sigue persiguiendo lo mismos fines.
“Un grupo de vecinos quiere que se pongan en plena vigencia estos fines y se opone al convenio que celebraron desde el gobierno de la provincia de Santa Fe con UPCN”, destacó el letrado.
El predio en cuestión tiene 28 hectáreas y parte de ellas fueron cedidas al gremio de los estatales. El resto del terreno se estudia para realizar el programa de viviendas Mi Tierra, Mi Casa.
Al respecto, Maguid sostuvo que desde UPCN sólo quieren cuatro hectáreas, las mismas que ellos compraron y fueron usurpadas. Pero aseveró que ellos no pidieron más tierras, sólo se comprometieron a lotear el resto del terreno para la provincia.
Y destacó que no se trata de esos terrenos, sino que el gremio lo que persigue es la devolución de cuatro hectáreas que ellos habían comprado y le fueron usurpadas.
López Mirossevich, en representación de los vecinos, realizó durante la feria una presentación por la ley 10.000 de intereses difusos, pero fue rechazado por no tratarse de un tema para resolver en feria. Y en el mes de febrero la causa recayó en el juzgado a cargo del magistrado Hernán Carrillo, que abrió el juicio esta semana.
Inmediatamente, y como consecuencia de lo que dicta el artículo 8º de la ley 10.000, se dejó sin efecto el acto impugnado por los vecinos, es decir se suspendió el convenio entre la provincia y UPCN, hasta que el juez analice la cuestión de fondo.
Los vecinos, a través de su representante legal, sostienen que en caso que en esas tierras se construyan viviendas, eso que pasaría a interferir en el predio e impediría consumar el interés superior del niño. “El próximo paso es que la provincia y la Secretaría de Medio Ambiente contesten y dé la razones por las cuáles actuaron de esa manera”, explicó el abogado.
Los vecinos reclaman además que este tipo de decisiones se tomen después de estudiar el impacto ambiental, que realicen una audiencia pública no vinculante ya que se trata nada menos que de 28 hectáreas a intervenir, y por último que se realice la eventual contratación de un seguro ambiental para cualquiera de estas obras. Con todo, se trata de un proceso corto, en el que incluso el juez puede llegar a abrir un período de prueba pero que debe estar resuelto este año, aunque pueden apelarlo ambas partes.
Trabajadores
Alberto Maguid explicó que UPCN tenía cuatro hectáreas en Avellaneda al 4200 que hace un año fueron usurpadas. Esos terrenos fueron comprados por el gremio, que incluso ya tenía algunas viviendas a punto de ser entregadas a sus afiliados. Pero todo se frustró rápidamente. Y no hubo terreno ni alambrado que detuviese a las personas que empezaron a ocupar los lotes.
“La Justicia se lavó las manos, la provincia dijo que no iban a reprimir ni a desalojar”, sintetizó Maguid, quien explicó que “hay gente que tiene la casa adjudicada, pero nosotros cómo le decimos que hay ocupas”.
El gremialista dijo entender los problemas de la falta de vivienda, “pero no se pueden ocupar terrenos que no son propios”, opinó.
“Ante esta situación, y para no sacar a los que ocupan los terrenos, la provincia nos cambió el terreno ocupado por cuatro hectáreas en Baigorria”, sostuvo el dirigente.
Maguid destacó que UPCN fue víctima de una usurpación. “Ya teníamos una parte del terreno con viviendas a medio terminar. Primero teníamos un alambrado, como lo ocupaban hicimos una pared, igual lo usurparon y todos se lavaron las manos”, aseguró.
El dirigente fue tajante: “Nosotros queremos cuatro hectáreas, las que pagamos y nos usurparon”.
Un barrio usurpado y con casas de material
En enero de 2012, unas 200 familias de distintas zonas de la ciudad tomaron alambres, piolines, maderas y cuanto elemento demarcatorio encontraron para lotear parte de las cinco hectáreas ubicadas en Avellaneda al 4300. Allí, dividieron parcelas de 9 por 12 metros. Respetaron dos canchas de fútbol, una de 7 y otra para 11 jugadores. El predio está rodeado por un Fonavi y dos complejos de viviendas gubernamentales. La propiedad original se divide entre el gremio estatal UPCN, una sociedad formada por los sindicatos de petroleros Supe, del Hielo y del Correo, un tercero a la Municipalidad y el restante al privado Marcos Leone. La ocupación trató de detenerse, primero con una mediación de Control Urbano. Después con un juicio iniciado y un desalojo violento. Luego intervino el Ejecutivo local, lo que determinó la retirada voluntaria de 150 de las familias con la promesa oficial de “canalizar sus problemas por las vías institucionales”.
Pero unas 50 familias descreyeron de la capacidad estatal para solucionar sus problemas y pasaron en pocos meses a cambiar las chapas de sus ranchos por ladrillo hueco y cemento. A mitad de año, la Justicia santafesina archivó el pedido de desalojo de UPCN y el municipio por vía penal. Quedó el privado, Marcos Leone, como único actor posible de pedir la fuerza policial. Fuentes judiciales confirmaron en ese momento que los restantes actores deberán recurrir a la instancia civil. Paralelo a los documentos y carátulas en Tribunales provinciales, las 150 familias que habían dejado el lugar retornaron allí a fines de noviembre del año pasado. Sin respuestas, y con miedo de perder una oportunidad, cimentaron un nuevo barrio en el sudoeste.
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