Carina Ortiz
“Vanesa Zabala asesinada por travesti”, reza en un corazón que lleva su foto en el perfil de Facebook que reclama Justicia por su brutal asesinato, ocurrido en marzo de 2013 en Reconquista. Recién a finales de 2018 la Cámara Penal santafesina confirmó la condena a prisión perpetua para los cinco acusados. Si bien el delito no encuadró en un crimen de odio por cuestiones técnicas, la Cámara Penal no dejó de lado el derecho a la verdad, las similitudes con el caso Sacayán y la necesidad de legislar sobre la ley de cupo laboral trans. Dijeron que Vanesa sufrió una situación previa de discriminación por interseccionalidad –referida a la interacción entre dos o más formas de discriminación– en el que la víctima se vio empujada a trabajar prostituyéndose. “Es sumamente difícil pensar o imaginar qué tipo de justicia podemos dar en términos de restauración de derechos vulnerados a Vanesa, cuando ya los perdió todos, le quitaron la vida. No obstante, si es posible pensar en una política de Estado que imagine líneas de acción posibles para evitar que haya nuevas Vanesas en el futuro”. Es por eso que los jueces resolvieron que una de las posibilidades es la ley de cupo laboral trans y mandaron el fallo al Poder Legislativo.
Unos pastizales a la vera de la ruta provincial A009 entre las calles 53 y 55, muy cerca del lugar que Vanesa se paraba para trabajar, fue el lugar elegido por los atacantes. Vanesa solía trabajar allí y la noche del 29 de marzo del 2013 se encontraba con una compañera cuando un hombre la llamó desde el pastizal. Fue la última vez que la vio con vida.
Según se pudo reconstruir en el juicio, al entrar al yuyal fue golpeada por un hombre contra un soporte de un cartel de publicidad que había en el baldío hasta dejarla desvanecida y una vez en el piso un grupo de personas comenzó a golpearla provocándole graves lesiones en la región toráxico abdominal y en la cabeza que le provocaron estallido del globo ocular. Finalmente, uno de ellos la empaló con un caño – que fue secuestrado en una de las casas allanadas dónde vivían algunos de los involucrados— mientras el resto la sostenía.
Por el hecho, tres hombres y una mujer fueron detenidos, estuvieron 3 años presos, pero recuperaron la libertad al vencerse los plazos de la prisión preventiva sin llegar a juicio. Mientras que dos adolescentes quedaron a disposición de la justicia de menores. Al que era punible lo encontraron responsable del crimen.
El juicio
El 16 de febrero de 2018 el tribunal de juicio compuesto por Gonzalo Basualdo, Ireneo Berzano y Claudia Brezzan condenaron a José Daniel “Chucky” Villasboas, Ana Virginia Abasto, José Luis Petroni y Gustavo Daniel Vallejos a la máxima pena que fija el código penal –prisión perpetua– por el delito de homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía agravado por la participación de menores de edad.
Pero las partes apelaron y el caso fue evaluado por los camaristas santafesinos Fabio Mudry, Bruno Netri y Roberto Prieu Mantaras. La querella a cargo de abogados del Centro de Asistencia Judicial cuestionó el fallo por descartar la calificante de homicidio agravado por identidad de género, mientras que las defensas hablaron de falta de fundamentación y extralimitación del tribunal en su labor durante el debate.
El agravante de odio de género
Los camaristas explicaron que este agravante fue pedido por la querella recién en los alegatos de apertura al juicio e inexplicablemente no se hizo durante la investigación. Aceptarlo implicaría vulnerar el debido proceso, dijeron aunque ello no les impidió tratar el derecho de la familia de saber lo que realmente pasó. Explicaron que el crimen se produjo durante la vigencia de la ley que implica que el derecho a la verdad debe ser aplicado. En este marco analizaron en el caso la figura del “travesticidio” a pesar de rechazar procesalmente la inclusión del agravante.
Evaluaron que esa noche cerca de las 22 un testigo oyó a Villasboas convocar a sus consortes de causa y decir “vamos a matar a un puto” a lo que sumaron que el hecho tiene muchas similitudes con el crimen de Diana Sacayán “incluso posiblemente sea aún más explícito en términos de la forma y los simbolismos que encierra la comisión del hecho”, aseguraron.
Cupo laboral trans
Si bien la Cámara evaluó los fundamentos de la condena fue un poco más allá y valoró el contexto del caso y “la posibilidad que el sistema penal no funcione sólo como un esquema de expropiación de conflictos, sino que se pueda pensarse como un marco de diálogo en el que surja un esquema propositivo, superador de algunas carencias de manera de evitar otros travesticidios como el que sufrió Vanesa Zabala”, dijeron.
El tribunal valoró el marco legislativo sobre el tema que existe en la provincia. También la normativa a nivel nacional y supranacional sobre el tratamiento y reconocimientos de derechos del denominado colectivo transgénero, “pero este avance si bien es importante no deja de ser formal, en la medida en que el Estado en su conjunto y a través de sus poderes no garantice de manera efectiva el derecho humano a una vida libre de violencia, más aún cuando se trata de colectivos minoritarios que sufren discriminación interseccional”, explicaron
Los jueces entendieron que en el caso de Vanesa hubo una situación previa de discriminación por “interseccionalidad” en el que la víctima se vio empujada a trabajar prostituyéndose, aseguraron
“Es sumamente difícil pensar o imaginar qué tipo de justicia podemos dar en términos de restauración de derechos vulnerados a Vanesa, cuando ya los perdió todos, le quitaron la vida…. No obstante ello, si es posible pensar en una política de Estado que imagine líneas de acción posibles para evitar que haya nuevas Vanesas en el futuro”, afirma el fallo. Para los jueces una de las posibilidades es el tratamiento y debate del proyecto de ley que tienen media sanción en la Cámara de Diputados provincial desde septiembre de 2018 sobre cupo laboral trans por lo que resolvieron enviar al Poder Legislativo una comunicación con la sentencia sobre el travesticidio de Vanesa Zabala para que se tenga en cuenta.
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