A pesar de haber cumplido hace muy poco 41 años en el Poder Judicial, período en el que tuvo a su cargo la investigación de hechos inéditos y por demás de complejos, la vida profesional del fiscal de Cámaras Guillermo Camporini dio un giro inesperado hace exactamente un año, cuando se producía el hecho más trágico de la historia de la ciudad, la explosión de calle Salta. La espectacularidad del acontecimiento ocurrido a media mañana en pleno centro rosarino y la incertidumbre tejida en torno al paradero de las víctimas fatales, que estuvieron alrededor de una semana bajo los escombros del edificio siniestrado, fueron las situaciones más difíciles de digerir para el experimentado funcionario, quien interviene además en los otros dos procesos más trascendentes de 2013: la tragedia del International Park, que dejó dos niñas fallecidas, y la denominada causa de Los Monos.
Actualmente a cargo de la contestación de los recursos de inconstitucionalidad presentados por los abogados de las once personas procesadas (el gasista Carlos García, su ayudante Pablo Miño, otro gasista que había realizado tareas en el regulador semanas antes, cinco empleados de Litoral Gas y los tres administradores del edificio), Camporini dialogó a solas con este diario acerca de sus sensaciones personales en el primer aniversario del acontecimiento.
—¿Cómo fue que se enteró del hecho?
—Fue realmente un hecho que conmocionó. Alrededor de las 9.50 (doce minutos después de la explosión) recibí un llamado de la fiscal de primera instancia Graciela Argüelles informándome acerca de la explosión de una caldera en un edificio que había originado un principio de incendio con probabilidad de heridos y/o fallecidos. Alrededor de veinte minutos después recibí otro llamado: era ella diciéndome que había ocurrido algo terrible, una catástrofe. Cuando pudimos llegar al lugar empezamos a recolectar la palabra de los testigos y de las personas que estaban trabajando. Minutos después, llegó el juez Juan Carlos Curto y sobre el mediodía se tomó la decisión de allanar las oficinas de Litoral Gas por el testimonio de una persona que aseguró haber visto una camioneta de la empresa yéndose en el momento en que se empezó a oír el pitido previo a la explosión. Luego pudimos constatar que ese vehículo era del gasista (Carlos) García.
—Se vivieron momentos muy tensos…
—Otra situación muy tensa fue que se demoró alrededor de dos horas para cortar el suministro de gas. Es decir que estuvimos durante mucho tiempo con el peligro latente de que se produjera una nueva explosión.
—Cuando recibió el llamado de la doctora Argüelles, ¿se imaginó que se trataba de un hecho tan grave?
—Nunca nos imaginamos que la situación iba a ser de tal gravedad. Los bomberos de la Policía Federal que trabajaban en la zona nos contaron que la onda expansiva registrada fue muy superior al atentado en la sede de la Amia (ocurrido en Buenos Aires el 18 de julio de 1994).
—¿Cómo vivió los primeros momentos y cómo fueron los días posteriores?
—Los días posteriores fueron muy duros. Se hicieron las primeras autopsias de las víctimas fatales, que fueron restituidas a sus familias. Se tomaron las primeras testimoniales. Esa misma tarde, se tomó declaración informativa a directivos de Litoral Gas, que llegaron con sus respectivos abogados. Fue una tarea ardua por parte del juez, el secretario, la fiscal de primera instancia… Es más, empleados de otros juzgados se ofrecieron para colaborar. Pero rescato que en ningún momento hubo improvisación a nivel laboral.
—Desde lo personal, ¿fue muy duro tener intervención en tres causas tan importantes como Salta, la Vuelta al Mundo y Los Monos?
—Esa semana fue terrible porque el martes se produjo la explosión que arrojó veintidós muertos y más de setenta heridos, el sábado cayó la taza de la “Vuelta al Mundo”, dejando a dos chiquitas fallecidas y otros lesionados, y el domingo a la noche se produjo un choque en la ruta 18 entre dos vehículos, que dejó siete muertos. En una misma semana, en diferentes hechos culposos, tuvimos 31 muertes. Respecto de la causa de Los Monos, no sólo implicó los allanamientos que se hicieron, sino también todas las consecuencias que trajo la muerte del Pájaro (Claudio) Cantero. Todo eso sigue en trámite. En la Cámara, junto a mi colega Cristina Rubiolo, quien tuvo una actuación destacada en la misma, tomamos las cosas un poco más atenuadas, pero en estos casos hemos estado en contacto permanente con la primera instancia.
—¿Cuáles fueron los momentos más duros que le tocó vivir en cuanto a esta causa?
—El momento más duro fue la semana después de ocurrido el hecho, por las personas que estaban desaparecidas. Hasta el lunes siguiente, cuando apareció el cuerpo de Santiago Laguía, fueron los momentos más tensos por la incertidumbre. Los cambios de jueces también produjeron algunas alteraciones porque, si bien cada uno de ellos estuvo a la altura de las circunstancias, esto tuvo repercusiones en las familias de las víctimas fatales. Hasta el día de hoy no se ha cerrado la investigación porque se está siempre atento a la posibilidad de que haya otra persona con algún tipo de responsabilidad. Sin embargo, aquí hay que diferenciar las responsabilidades civiles de las penales.
—¿Complicó el trabajo de la fiscalía el cambio de los jueces?
—Ello implicó tres personas con distintos criterios de trabajo. Con (Juan Carlos) Curto se trabajó más bien en conjunto con la fiscalía. (Javier) Beltramone, con una personalidad distinta, prácticamente lideró la causa y la investigación. En tanto, la doctora Bilotta, al tomar la causa ya muy avanzada, tuvo que delegar gran parte del trabajo investigativo a la fiscalía que ya venía trabajando en la causa.
—¿Por qué todavía no se pudo arribar a un fallo en esta causa?
—Algunas de las partes querellantes entienden que no se ha llamado a todas las personas que tienen responsabilidad penal. El querellante siempre tiene la facultad de solicitar que se convoque a una persona a declaración indagatoria, aduciendo que hay elementos de convicción para pensar que tiene algún tipo de responsabilidad penal. Entendemos, además, que faltan algunas medidas de investigación.
—Por el estado de la causa, ¿se avizora una pronta resolución o esto demorará más?
—Nosotros calculamos que, si todo va como pensamos, en un par de meses, como máximo, vamos a tener la acusación de la fiscalía, es decir, la causa ya elevada a juicio. Lo que sucede es que no se sabe si todavía falta convocar a más personas a declarar ni si se va a hacer lugar a los recursos extraordinarios planteados por los abogados de los procesados, ya que eso paralizaría el trámite.
—Los familiares no quedaron muy conformes con la imputación del hecho ya que los procesados podrían quedar en libertad.
—El delito de estrago culposo tiene una pena de un mes a cinco años que, siempre dependiendo del grado de responsabilidad, puede tener una condena de ejecución condicional. Es decir que si la persona no comete otro delito no tiene que cumplir la pena. La Fiscalía evaluará en su oportunidad el grado de responsabilidad de cada uno de los procesados y, de acuerdo con la responsabilidad que le corresponda, puede pedir una pena efectiva superior a los tres años.
—¿Esta causa es comparable desde algún ángulo con alguna que le haya tocado vivir ya sea como fiscal o en otro cargo?
—De estas características no. Afortunadamente, se trató de un hecho totalmente inusual. Si se quiere, aunque con mucha menor cantidad de víctimas fatales, es comparable con lo sucedido en el boliche República de Cromañón (194 muertos) o en el tren de Once (52 fallecidos).
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