Una interna entre jueces estalló el miércoles a partir de la carta que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dio a conocer con críticas a los proyectos de reforma judicial y que derivó en cambios aceptados por el gobierno. Esa comunicación llevaba la firma de Gustavo Hornos, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Junta de Cámaras. Pero existía otro documento, anterior, firmado por Hornos y el resto de las autoridades de la Junta de Cámaras, acordado en un plenario del 15 de abril, que se conoció el mismo día y desató la puja entre magistrados.
Allí, camaristas de todo el país advertían de una posible paralización del Poder Judicial e incluían otras objeciones que no fueron consignadas en la que firmó Hornos y que Lorenzetti le hizo llegar al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. En particular, los magistrados habían expresado su profunda preocupación por el nuevo proceso de remoción de jueces.
Hubo pases de facturas entre camaristas, pero acordaron de momento no hacerlos públicos.
El primer texto llegó a la diputada Elisa Carrió, que lo utilizó en su discurso de la sesión del miércoles-jueves ante la Cámara baja para denunciar un supuesto pacto espurio entre Lorenzetti y el gobierno para resguardar el presupuesto de la Corte y no derivarlo al Consejo de la Magistratura, como preveía un proyecto.
En respuesta a Carrió, la Corte emitió el mismo miércoles una declaración en la que sus miembros afirmaban que había sido una decisión unánime del máximo tribunal transmitirle a Domínguez la carta de la Junta de Cámaras Nacionales y Federales, así como abstenerse de opinar en temas que estén en tratamiento en el Congreso o puedan ser materia justiciable. También, a través del Centro de Información Judicial (CIJ), se difundieron notas de varios presidentes de Cámaras en las que se reivindicaba las gestiones de la Corte para salvaguardar la independencia del Poder Judicial.
La primera carta de la Junta de Cámaras sostiene que el cambio de mayoría absoluta a dos tercios de consejeros de la Magistratura para el proceso de remoción de jueces afecta severamente el principio republicano de la división de poderes por el que se da sustento a la independencia de la Magistratura exigida, sin ambages, por la Constitución nacional.
La modificación postulada se distingue tanto del principio general de mayorías calificadas establecidas en los artículos 53 y 59 de la Constitución nacional para el juicio político –guardianes de la garantía de inamovilidad de los magistrados prevista en el artículo 110 de la Constitución– como del artículo 6, inciso 19 del proyecto propuesto que exige una mayoría calificada de las tres cuartas partes de los miembros del cuerpo para remover a los representantes del Consejo de la Magistratura, señala uno de los párrafos omitidos en la versión final.
El texto que Hornos le había entregado a Lorenzetti con su firma pasaba por alto ese señalamiento y se focalizaba en su preocupación por el traspaso de fondos y funciones administrativas de la Corte al Consejo de la Magistratura y advertía de una posible paralización del Poder Judicial. También objetaba eventuales demoras de años en la cobertura de vacantes a partir de la aplicación de concursos de personal y reclamaba para los magistrados la potestad de nombrar empleados en puestos sensibles.
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