Intendentes y presidentes comunales del oficialismo se juntaron ayer en Santa Fe y emitieron un documento conjunto en el que le proponen a la Legislatura seis medidas concretas que permitan aliviar las arcas municipales y ayudar a los gobiernos locales a cumplir con la política salarial.
El reclamo de los mandatarios del Frente Progresista incluye en primer término la conformación efectiva de la comisión creada al momento de la sanción del fondo salarial, cuyo objetivo es analizar la evolución de los ingresos y egresos del Estado a los fines de determinar luego posibles fuentes de financiamiento. Esa comisión aún no funciona; deberá conformarse con representantes de las cámaras legislativas, del Ejecutivo y de las entidades gremiales públicas.
En segundo lugar, los intendentes y presidentes comunales insistieron con la necesidad de una reforma tributaria y reiteraron los cambios propuestos en el proyecto del oficialismo que se discutió en marzo y que el Senado acabó rechazando: derogación de la exención para la industria cuando los ingresos anuales superen los 30 millones de pesos y derogación de la exención para la construcción cuando los ingresos anuales superen los dos millones. En el documento no se propone eliminar esa exención para la producción oleaginosa, uno de los puntos que se discutió en Diputados pero finalmente no prosperó.
El tercer punto refiere a la distribución de los dineros que llegan a la provincia en concepto de Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero. Los mandatarios locales pidieron que, superados los 557.369.000 pesos, el excedente se reparta en un 70 por ciento para municipios y comunas y en un 30 por ciento al Estado provincial. En cuarto lugar, pidieron el “saneamiento de las obligaciones recíprocas” entre provincia y ciudades o comunas, tema al que ya se había referido el ministro Antonio Bonfatti (ver aparte).
El quinto punto propone que el llamado Fondo de Financiamiento Educativo (ley nacional 26.075) se convierta en ley provincial, para que se transfiera, con carácter no reintegrable, un aporte adicional mensual a favor de municipios y comunas, equivalente al 13,4 por ciento de la asignación específica percibida en cada mes con destino al gasto en educación, ciencia y tecnología. Y en última instancia, los mandatarios que se reunieron en Santa Fe pidieron nuevos cambios en cuanto al impuesto a la Patente Automotor. Quieren “instrumentar mecanismos para detectar e intimar a contribuyentes cuyo domicilio legal y comercial se encuentre en la provincia mientras que sus vehículos, tanto particulares como comerciales, pagan en otras provincias eludiendo el impuesto en Santa Fe”.
A diferencia de lo ocurrido en la primera reunión, que se realizó hace un mes, aunque sólo entre intendentes, esta vez los reclamos aparecen dirigidos más a la provincia que a la Nación, aunque en las declaraciones previas también se mencionaron las asignaturas pendientes del gobierno central. El intendente santafesino, Mario Barletta, justificó el pedido de una reforma tributaria para que “los grandes concentradores de la economía” realicen un esfuerzo “que están en condiciones de hacer porque les está yendo bien”.
El intendente radical aclaró que, tras las reformas votadas en la Legislatura, en ciudades y comunas “parcialmente se logró una mejora”. Pero agregó: “No alcanza para cubrir los aumentos salariales”.
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