Con la sanción de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el 2005 se inauguró una nueva etapa en la historia de la infancia que puso fin a casi cien años de patronato. A partir de la aplicación de esta norma, este sector deja de ser entendido como objetos bajo la tutela del Estado para ser reconocidos como sujetos de pleno derecho. Lautaro D’Anna, titular de la Dirección de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, explicó que el objetivo de las políticas implementadas busca generar espacios de trabajo conjunto entre organizaciones comunitarias, actores locales, provinciales y nacionales, además de promover y fortalecer la permanencia en su ámbito familiar y comunitario.
—¿Qué rol cumple la Secretaría de la Niñez?
— El 99 por ciento de los niños que llegan son vulnerados en sus derechos: abusados y golpeados. En general, los enfoques son preventivos y la Secretaría es prácticamente una guardia hospitalaria. No suple el rol del juez. Es el organismo que conduce las estrategias pero que las sostiene en un conjunto de actores diversos.
—¿De qué forma intervienen en los casos?
—La ley habla de dos niveles: una tiene que ver con la proximidad y la complejidad de los problemas. El primer nivel lo conforman las escuelas, los centros de salud, las comisarías, las vecinales, las organizaciones barriales, que son las que están cerca de las familias y a la vez, trabajan día a día con las problemáticas como maltrato y violaciones. Y en el caso de que no se pueda resolver localmente, lo que hace el primer nivel es solicitarle, al segundo –nosotros– y llamamos a una “medida de protección excepcional”. Previo a esto, se tuvieron que haber agotado todos los recursos y recién allí aparecemos nosotros y alejamos temporalmente al niño o niña de su familia de origen.
—¿Cuáles son los pasos a seguir?
—Primero evaluamos si se puede quedar con algún familiar. En el caso que no tenga, los alojamos en un hogar propio o convenido. Y si es muy chiquito, va al programa de Familias Solidarias, ambos son temporarios.
—¿Cómo son las medidas de protección excepcional?
—Inicialmente son de tres meses y se pueden renovar hasta el año y medio como máximo. A diferencia del viejo paradigma del patronato donde el juez de menores sacaba un niño de su casa y lo mandaba al hogar que quedaba durante años. Acá ya no, la ley 12.967 y la 26.061, establecen medidas de protección excepcional y tienen un tiempo máximo. Llegado ese año y medio, nuestros equipos, junto con los equipos que fundamentaron la medida –escuela, vecinal, centros de salud –tienen que solucionar si ese niño vuelve o no a la casa.
—¿Y si no está en condiciones de volver con su familia?
—Si ambos evalúan que no, ese niño tiene que ir en adopción. Si evalúan que algo se mejora, vuelve lo más rápido posible a su núcleo familiar. Son los dos horizontes con lo que nosotros trabajamos. Tenemos muchas situaciones que están excedidas de tiempo o heredadas del patronato.
Adopciones
—¿Cuántas familias inscriptas hay para adopción en la provincia?
— Más de 600 familias, y dentro de esas, hay alrededor de 200 que ya están entrevistadas y evaluadas. Tenemos que ayudar a romper el mito de que no hay niños por adoptar, que no hay familias que quieran hacerlo, y que la Justicia es la única lenta. Todos tenemos un poco de responsabilidad en el asunto. Hay juzgados que son más rápidos que otros, algunos te piden hasta el último papel, y otros que priorizan el interés superior.
—¿Cuáles son los núcleos más críticos?
—Los casos que más abundan son violencia, maltrato y abuso. También consumo de sustancias, con el fenómeno de los adolescentes involucrados en redes de economías delictivas, búnkers, y por último, padecimientos subjetivos de los adultos responsables de niños, ya que algunos quedan carentes de cuidados parentales.
—¿Cuántos partes preventivos llegan semanalmente?
—Los informes preventivos son escritos que las comisarías nos envían por alguna situación en la que se vulneró la situación de algún niño. Llegan aproximadamente 50 semanales y dentro de esos, hay casos que ameritan que nosotros intervengamos
—¿Cuántos niños, niñas y adolescentes están extraviados?
—La Secretaría de Derechos Humanos tiene a cargo ese registro. Es cada vez más común que haya chicos, sobre todo adolescentes, que se encuentran extraviados. En lo que va del año tuvimos alrededor de 25 situaciones que tuvimos que articular con Derechos Humanos.
—¿Qué cantidad de chicos institucionalizados hay?
—En Rosario y sus alrededores, entre hogares propios y conveniados, hay más de 100 niños. Somos conscientes de que estamos más cerca que hace un año atrás y eso nos da expectativas. Hacen falta algunas articulaciones y ponerse de acuerdo entre equipos profesionales.
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