El ex máximo jefe de la Policía de Santa Fe Omar Odriozola, de 53 años, quedó imputado este viernes como autor de diferentes delitos en el marco de la causa que investiga la defraudación al Estado provincial a través falsas reparaciones a móviles policiales. La investigación se inició en 2015 a través de una denuncia anónima sobre las maniobras fraudulentas que se llevaban adelante a través de cobros de falsos arreglos a patrulleros que llegó al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Y la pesquisa fue iniciada por el fiscal Roberto Apullán tuvo resultados: los hechos existían.
La causa pasó a los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, quienes atribuyeron a Odriozola ser jefe de una asociación ilícita y ser coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública. Esta semana también fue imputado Hugo Miño, de 57 años, quien revistó como jefe de la Unidad Regional I (URI) y como titular del Departamento de Logística de la Jefatura de Policía –conocido como D4–, describieron fuentes judiciales, que agregaron que con estos avances son cuatro los mandos policiales junto a dos civiles que continúan siendo investigados.
“El período en el que se investiga la comisión de los delitos a Odriozola fueron entre enero y agosto de 2015, y el perjuicio económico asciende a 1.058.664,20 pesos”, describieron los voceros en un comunicado.
De la URI y del D4 a la mira
La Fiscalía acusó esta semana en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a Miño, quien fue jefe de la URI y del D4 cuando Odriozola estaba a cargo de toda la Policía de Santa Fe. Los fiscales le atribuyeron ser miembro de la asociación ilícita y haber cometido defraudaciones a la administración pública en el período entre enero y septiembre de 2015, y el perjuicio económico fue de 1.204.759,64 pesos.
Además, voceros del Ministerio Público de la Acusación indicaron que también fue imputado un civil, de 49 años, de quien sólo se informaron sus iniciales: RAP. Según trascendió también era miembro de la asociación ilícita, y le achacaron defraudaciones en el período de enero a marzo de 2015 por 301.624,96 pesos.
El otro jefe
Las fuentes de la Fiscalía señalaron que esta semana a otro ex jefe de la Policía provincial, Rafael Grau, de 54 años, quien está en prisión preventiva domiciliaria a raíz de problemas de salud desde su detención en 2017, se le amplió la imputación como autor del delito de asociación ilícita (en carácter de jefe) y defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La investigación que lo salpicó a él y a los otros imputados arrancó a mediados de 2015, cuando una denuncia anónima llegó a manos del ministro Pullaro. En el papel se detallaba una serie de maniobras que se hacían para pasar reparaciones a móviles policiales que nunca se habían hecho, a través de facturas que luego eran cobradas por autoridades de la fuerza. El fiscal Apullán comenzó la pesquisa, la cual pasó a la Fiscalía especial a cargo de Hernández. En septiembre de 2017 fueron detenidos Grau, el contador y policía Ariel Villanueva y José Leiva, cuya firma habilitaba pagos en la Jefatura. También quedaron presos los civiles Noelia Biscari, Facundo José Testi, Artemio Biscari, Rodrigo Exequiel Ruiz y Andrés Daniel Soto, los cuales fueron fundamentales para facturar y cobrar los arreglos no hechos. En ese marco, el fiscal Hernández comenzó a investigar hacia atrás y descubrió que estas maniobras también se realizaban desde enero de 2015. Este período ya no coincidía con la gestión de Grau, quien fue puesto en funciones en septiembre de ese año, sino que incluía a Odriozola, quien tenía por ese tiempo como titular del D4 a Miño.
Las condenas
En el marco de esta pesquisa ya fueron condenados tras aceptar su responsabilidad en acuerdo abreviados los policías Ariel Villanueva y José María Leiva, junto a los civiles Andrés Soto (chapista), Facundo Testi, Noelia y Artemio Biscari.
Según la Fiscalía, entre los seis abonaron más de 4 millones y medio de pesos en concepto de reparación por el perjuicio económico causado al Estado, entre multas y donaciones a entidades de bien público.
El policía Villanueva, de 44 y de profesión contador, se desempeñaba en la Jefatura y fue penado a 3 años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Se lo condenó como miembro de la asociación ilícita y por defraudaciones contra la administración pública cometidas entre abril de 2015 y febrero de 2016.
A José María Leiva, de 53 años y jefe del D4, le impusieron 3 años de prisión por los mismos delitos que Villanueva pero en un período menor, que va de octubre de 2015 a febrero de 2016. Además recibió inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.
El chapista Andrés Soto, de 41 años, fue condenado a 10 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita y por defraudaciones entre abril de 2015 y febrero de 2016. A estos delitos se le sumó la pena por corrupción de menores agravada por el vínculo y la guarda en perjuicio de una niña menor de edad, y tenencia de un arma de guerra sin la debida autorización legal.
Facundo Testi firmó un abreviado a 3 años como organizador de la asociación ilícita, mientras que Noelia Biscari, de 40, y Artemio Biscari, de 42, recibieron el mismo monto de pena condicional por ser considerados miembros de la organización.
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