Así como las dictaduras militares dejaron su marca siniestra en América Latina, la designación de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de la ONU parece haber abierto un nuevo camino en la lucha por los Derechos Humanos en la región. Sin embargo, algunos políticos –como los presidentes de Brasil y de Venezuela, Jair Bolsonaro y Nicolás Maduro, respectivamente–, cuestionan sus informes y ponen en duda los procedimientos que han sacudido al continente en los últimos meses.
Para algunos analistas, es difícil de creer que esta ex presidenta chilena, de 67 años, seguidora de muchos principios sociales de Salvador Allende, a quien la dictadura del general Augusto Pinochet le torturó a su padre, pueda ser tildada de parcial o tendenciosa.
“Bachelet tiene en su historial algunos hitos de política exterior y regional en los que de alguna manera logró conciliar diferentes gobiernos con diferentes ideologías”, señaló a Télam Alejandro Frenkel, profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
Bachelet, una médica del Partido Socialista, acaba de ser acusada por el presidente brasileño de intervenir en la política interna de Brasil, a raíz de la preocupación de la comisionada por la situación de los Derechos Humanos.
Según un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), realizado por la primera mujer que llegó a la presidencia de Chile (sus mandatos fueron de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018), entre enero y junio fueron asesinados por lo menos ocho activistas de los Derechos Humanos, la mayoría de ellos por conflictos de propiedad.
En su cuenta de Twitter, Bolsonaro afirmó: “Dice que Brasil pierde espacio democrático, pero se olvida que su país sólo no es una Cuba gracias a los que tuvieron el coraje de decirle basta a la izquierda en 1973”.
El general de la aviación chilena Alberto Bachelet, padre de Michelle, murió de un infarto el 12 de marzo de 1974, tras ser torturado por la dictadura de Pinochet por su defensa del gobierno de Allende. Meses después, la ex presidenta fue detenida y torturada psicológicamente por el régimen, según ella misma declaró.
Bachelet también se refirió a la violencia de la policía brasileña, durante un informe anual presentado en Ginebra en el que señaló que entre enero y junio de 2019, 1.291 personas fueron asesinadas, lo cual representa un aumento del 12% al 17% comparado con el mismo periodo del año anterior.
En cuanto a su polémica con Bolsonaro, el analista Frenkel recordó que antes de asumir la presidencia de Brasil, el mandatario dijo que la ONU “es una reunión de comunistas”, debido a que ese organismo multilateral pidió que se permitiera al ex mandatario Luiz Inácio Lula Da Silva –preso por corrupción desde abril de 2018– ser candidato a presidente.
Bachelet, por otra parte, ha sido acusada por el presidente Maduro de no ser objetiva ni parcial, a raíz de un informe en el que acusa al gobierno venezolano de cometer “numerosas violaciones de los derechos humanos”.
La ex mandataria señaló que hubo unas 7 mil presuntas ejecuciones extrajudiciales registradas en 2018 y entre el 1° de enero y el 19 de mayo de 2019, de las que responsabilizó en su mayoría a las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional venezolana (Faes).
Bachelet mencionó, además, que un total de cuatro millones de personas se vieron obligadas a abandonar Venezuela. También informó que hay alrededor de 700 presos políticos en ese país.
Maduro la acusó de firmar un informe que no leyó, redactado por los Estados Unidos.
La ex presidenta, por el contrario, se manifestó “profundamente preocupada” por el impacto que podrían tener en ese país el conjunto de sanciones unilaterales impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump.
Bachelet, más allá de lo que piensa la Casa Blanca, cree que debe dársele una nueva oportunidad al presidente venezolano para que realice reformas democráticas sin fijar una ficha límite.
“Para mí, Bachelet es una mujer valiente dentro de su pensamiento y su forma de ver las cosas. Obviamente, trata de ser ecuánime”, afirmó el analista Frenkel.
A pesar de las críticas, incluidas las del llamado Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que cuestionó su designación por provenir de la izquierda, Bachelet sigue adelante con sus investigaciones.
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