Cuando el jueves último la Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de 13 nuevos funcionarios judiciales –ocho defensores públicos y cinco fiscales, todos para Rosario–, el gobierno del Frente Progresista lo interpretó como “un avance” en el arduo camino hacia el nuevo sistema procesal penal. Pero para el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, hay “una demora importante”: tres pliegos fueron rechazados –esos cargos deberán volver a concursarse– y otras 12 postulaciones fueron retiradas por el Ejecutivo ante la posibilidad de que fueran rechazadas por la oposición.
Las trabas legislativas a las designaciones de funcionarios para los nuevos órganos judiciales –el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de la Defensa Penal– fueron interpretadas por el fiscal De Olazábal como “un impedimento” para el avance de la reforma penal.
“Es difícil porque se han aprobado la mitad de los pliegos que habían sido enviados, entonces, según cómo se lo mire, tenemos el vaso medio lleno o medio vacío”, sostuvo el fiscal general de la provincia.
Según De Olazábal, la trabajosa negociación que debe llevar adelante el oficialismo con los legisladores de la oposición “significa una demora importante” para la implementación integral del nuevo Código Procesal Penal. “Lo que me sorprende es que no se tenga en cuenta que los concursos que se hicieron para estos cargos fueron absolutamente transparentes y nadie los cuestionó. Fueron concursos que, si bien fueron organizados por el Ministerio de Justicia, luego no tenía intervención. El Ejecutivo hizo el reglamento y los organizó, pero en la realización del concurso prácticamente no tuvo intervención”, aclaró el fiscal general.
El funcionario judicial no se mostró tan optimista como, un día antes, lo habían hecho el vicegobernador Jorge Henn y el ministro de Justicia Juan Lewis, quienes hablaron de “un avance” importante en el proceso de reforma. Para el fiscal general, los contrapuntos políticos en la Legislatura –que derivaron en el retiro de 12 pliegos– harán que la reforma se siga demorando. “Con los concursos que se hicieron, no alcanzamos a cubrir a duras penas el 50 por ciento de las necesidades”, evaluó De Olazábal.
El mecanismo de la polémica
Si bien el mecanismo de los concursos quedó en el centro de la polémica, desde el gobierno ratificaron que seguirán con la misma modalidad hasta completar las estructuras del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de la Defensa Penal. El gobernador Antonio Bonfatti sostuvo: “Seguiremos llamando a concurso. Hay un reglamento para el llamado a concurso. Había tres para distintas funciones (jueces, fiscales y defensores). Seguiremos convocando a concurso porque esperamos este año poder tener el nuevo sistema penal en la provincia”.
El ministro Lewis aclaró que 11 de los 12 pliegos retirados de la Legislatura serán reenviados para que diputados y senadores tengan más tiempo de analizar las postulaciones. “Nosotros no retiramos los 11 pliegos porque tuvieran bajo puntaje sino que los retiramos para que los legisladores tengan más tiempo para estudiarlos. La semana que viene o la próxima vamos a volver a proponer a esas mismas 11 personas”, anunció el funcionario provincial.
“Algunos legisladores nos pidieron que los retiremos para que los puedan estudiar mejor”, comentó Lewis. “Hay legisladores con buena voluntad, que pretenden analizar en profundidad esos pliegos. Todos los pliegos que remitimos tuvieron un puntaje por encima del 60 por ciento en prueba y oposición. Recordemos que ese puntaje fue puesto por tribunales evaluadores, que son externos al Ejecutivo”, aclaró el ministro de Justicia.
“No se elige a los más idóneos”
El bloque de diputados del PRO estimó que, con el actual sistema de concursos, “no se elige a los más idóneos y aptos” sino que hay favoritismo hacia los profesionales afines al Frente Progresista. “El socialismo sigue proponiendo a quienes integraron el gobierno de (Hermes) Binner”, cuestionaron los diputados macristas.
“Hemos criticado muchas veces a los gobiernos de Binner y Bonfatti, pero siempre desde la buena fe y en el entendimiento que han establecido un sistema de selección de jueces que no elige a los más aptos e idóneos para desempeñar el rol de la administración de Justicia para el que concursa, sino que privilegia a aquellos que están abocados a la enseñanza o el estudio del derecho y no a su ejercicio diario, que es lo que verdaderamente habilita a un candidato a ejercer eficazmente esa función”, añadieron los legisladores del PRO.
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