El jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, afirmó ayer que el gobierno nacional presentó ante la Corte Suprema de Justicia una medida cautelar de no innovar para suspender las obras del emprendimiento Ayuí Grande, en Corrientes, basado en los presuntos daños ambientales y en la necesidad de cumplir acuerdos internacionales.
En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Fernández explicó: “Hemos tomado esta decisión para paralizar cualquier obra que se haya comenzado, hasta poder contar con la información que nos permita evaluar los alcances del emprendimiento”.
Asimismo, el jefe de Gabinete sostuvo que “la decisión se fundamentó en dos puntos: el daño ambiental irreversible y el daño ecológico; y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes autoimpuestos por la Argentina al firmar el acuerdo del río Uruguay”.
“Pretendemos una medida de no innovar hasta que terminen todos los estudios. No sé si hay gente de Clarín en el emprendimiento, aunque algunos lo afirman. Pero no me guío por chusmeríos”, dijo. En el grupo inversor está, justamente, José Aranda, uno de los ejecutivos del grupo multimediático.
“El gobierno correntino permitió el inicio de las obras de Ayuí Grande en ambas márgenes del arroyo con ese nombre, para un emprendimiento que consiste en inundar unas 8 mil hectáreas para el riego de cultivos de arroz”, explicó el funcionario.
Al respecto, Fernández señaló: “Nunca han aportado la información adecuada de la obra para que desde nuestro punto de vista pudiéramos ejercer las facultades de leyes federales en la materia”.
“Nuestra responsabilidad es velar por los presupuestos mínimos de protección ambiental, pero al mismo tiempo debemos cumplimentar la ley de conservación y aprovechamiento de los bosques nativos”, agregó el funcionario.
Ante la consulta de la prensa, el jefe de Gabinete aclaró que “el daño afecta a la provincia de Corrientes”, y con relación a lo actuado por ese gobierno provincial dijo: “Nosotros tenemos responsabilidades compartidas”.
“De ser como creemos, porque carecemos de los datos mínimos, el impacto que va a producir es muy grande, se trata de inundar unas 8 mil hectáreas; lo que estamos pretendiendo es conocer toda la información de lo que pretenden hacer, lo pedimos por todos los medios y hasta ahora no la obtuvimos”, precisó.
En este punto, el jefe de Gabinete dijo que “la información fue solicitada tres veces”, y al reiterar que no lograron ese cometido, sostuvo: “Cómo hacemos para evitar ese impacto que suponemos puede ser muy negativo para la provincia. Pedimos suspender las obras y luego de tener la información actuar en consecuencia”.
“Lo que estamos pidiendo en la medida, además de suspender todo tipo de obras, es toda la información, incluso la omisión de Corrientes de entregar oficialmente los datos y los estudios que ellos tienen”, concluyó el jefe de Gabinete.
La firma inversora está compuesta por la empresa “Copra SA”, “Adeco Agro” –propiedad del magnate húngaro con intereses globales, George Soros–, Santa Clara y Yuqerí SA. Según entidades ecologistas, el proyecto de represar el arroyo Ayuí Grande cambia su curso e inunda 8 mil hectáreas.
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