El gobernador Miguel Lifschitz firmó ayer en Rosario un convenio con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, con el objetivo de profundizar la articulación entre el gobierno y la Justicia federal y provincial para mejorar la persecución penal en materia de crimen organizado.
En ese marco, la funcionaria nacional respaldó el reclamo del mandatario provincial para abrir más juzgados y fiscalías federales en territorio santafesino.
“Hemos charlado con la procuradora general de la Nación y los fiscales federales de la provincia sobre el panorama general de la Justicia, la articulación entre la Justicia federal y la provincial que, en los últimos tiempos, se viene aceitando y que queremos profundizar en esta nueva etapa. Sobre todo nos importa el respaldo de Gils Carbó a nuestro pedido de nuevos juzgados federales y nuevas fiscalías en la provincia”, dijo el titular de la Casa Gris.
En este sentido, Gils Carbó dijo coincidir “absolutamente” con el pedido del gobernador Lifschitz, y explicó: “La provincia tiene un esquema de división descentralizada que obedece a las distintas características de cada región, por lo cual debería haber por lo menos una fiscalía en cada una de esas regiones y también, más fiscalías federales; el delito se complejiza cada vez más y entonces debe ser más eficiente la labor de la justicia”.
En tanto, Lifschitz recordó que la solicitud de más juzgados federales también fue hecha este jueves a los diputados nacionales “con la idea de hacerla oír a nivel nacional para ver si logramos tener como resultado una estructura que esté a la altura de las circunstancias, que pueda enfrentar con éxito todas las causas del narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y lavado de dinero”. Lifschitz añadió que “debe tenerse en cuenta la extensión del territorio provincial, donde las causas no se pueden llevar sólo en Rosario; por eso, ya necesitamos, por ejemplo, un juzgado federal en San Lorenzo y que se habilite rápidamente el que ya está creado en Venado Tuerto”.
Durante el encuentro –del cual participaron además los ministros de Seguridad, Maximiliano Pullaro; y de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein; la fiscal coordinadora del distrito Santa Fe, Adriana Saccone; y los fiscales federales que cumplen tareas en Santa Fe–, se firmó un convenio marco sobre el trabajo integrado entre jueces y fiscales federales con jueces y fiscales provinciales.
“También contempla el apoyo y compromiso de la provincia en colaborar desde el Ministerio de Seguridad en la tarea investigativa que tienen que llevar adelante los fiscales federales”, precisó Lifschitz.
La titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) señaló al respecto que el convenio servirá para “continuar las mesas de trabajo a fin de mantenernos informados y saber cuáles son las herramientas que está creando la provincia para enfrentar el crimen organizado y que pueden articularse con las que vamos creando nosotros”.
“También –añadió Gils Carbó– la reunión tuvo como horizonte ponernos al tanto de cuáles son las preocupaciones de la provincia respecto a la política criminal. Cuando nuestra mayor preocupación es el crimen organizado y el narcotráfico en general, esto no se puede perseguir si no es con trabajo conjunto de todos los actores que están involucrados en el tema”.
El convenio tiene por objetivo establecer un marco general de cooperación entre el MPF y el gobierno de Santa Fe, en el cual las partes asumen el compromiso de coordinar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta programas o proyectos de carácter científico, técnico, de capacitación y/o de investigación sin perjuicio de otro tipo de actividades que pueden llevarse a cabo en áreas de mutuo interés.
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