El gabinete de Mauricio Macri se debate en un dilema: ¿por qué hay inflación? O más específicamente, si la salida del cepo y la consecuente, y necesaria, devaluación es o no culpable, aunque sólo sea en parte, del alza de los precios de más del 25 por ciento que se vivirá en el primer semestre del año. La respuesta forma parte de una de las internas económicas más duras desde que Cambiemos llegó al gobierno, donde intervinieron tanto funcionarios del gabinete económico como del político, al punto de generar los primeros roces serios que llegaron hasta el presidente y en los que el jefe del Estado tuvo que mediar.
Macri lo hizo este miércoles. Y hacia delante, las explicaciones de la inflación serán, indefectiblemente, las consecuencias de la “herencia recibida” y la falta de racionalidad en las políticas de subsidios, cambiaria y fiscal.
Hasta nuevo aviso, nadie podrá decir que alguna tarifa o precio sube por la salida del cepo y el alza del dólar de 9,4 a los 14,50 o 15 pesos entre los que flota la cotización.
Esta visión fue la que desde siempre se defendió tanto desde el búnker de Alfonso Prat Gay como el de Federico Sturzenegger y el de Carlos Melconian. Sostienen que desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Nación, tanto sus titulares como los equipos que lo acompañan contabilizaban ya en su totalidad los precios en dólares anteriores de la asunción de Macri a 14 o 15 pesos para la economía argentina. Esto incluye sectores como todas las importaciones finales, construcción, automotrices, la siderurgia y, fundamentalmente, el sistema financiero.
Los defensores de esta visión afirman que los principales actores de la economía argentina, especialmente las grandes empresas y bancos, hacia octubre y noviembre del año pasado ya descartaban que tanto si venciera Macri como Daniel Scioli, el cepo era insostenible para cualquier modelo económico serio, y que cualquiera que fuera electo debería devaluar el peso. Y, en consecuencia, habían actualizado los precios de manera conveniente, en especial entre la elección de Macri y su asunción.
En la otra esquina se encontraba gran parte del gabinete económico, incluyendo al secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, el jefe de asesores del presidente, José María Torello, y el grupo de CEOs que desembarcó en el gabinete, en especial Juan José Aranguren, entre otros. Todos, quizá por su experiencia directa en el mundo de la economía real, aseguraban que la salida del cepo inevitablemente derivaría en un aumento en los precios. Y que se daría además, luego de tomada la decisión de finalizar el cepo de manera inmediata, una presión doble sobre la inflación. Por un lado, los efectos de una devaluación que prometía ya ser de no menos del 40 por ciento. Por el otro, este grupo hablaba de las presiones que los productores venían sufriendo en los últimos tiempos por parte de Augusto Costa en la Secretaría de Comercio Interior para que no exista un solo incremento de valores en los tiempos de campaña.
La orden, igualmente, fue que nadie polemizara públicamente y que en ningún caso se relacionara el aumento de ningún precio con la salida del cepo. El que rompió el molde fue Aranguren al explicar el porqué del último incremento de las naftas en un 10 por ciento.
“Esto es para ir reflejando en forma gradual el impacto que tuvo en el petróleo la corrección cambiaria que se dio a partir de la salida del cepo: antes el dólar estaba a 9,68 pesos y en lo que va del año tiene un promedio de 14,50 pesos”, dijo el ministro de Energía, desatando la ira del ala económica del Gobierno.
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