Reclamo verde. La Casa Gris pidió al gobierno nacional “un plan Difrector o Maestro” para la laguna La Picasa, donde se lleva adelante un clave plan de saneamiento, y otro para el manejo de la cuenca del río Salado. En ambos casos la lupa está puesta sobre inundaciones y desbordes que tuvieron a maltraer al sur y al centro de la provincia. La Picasa está a unos 40 kilómetros de Rufino, a 360 de Rosario y su superficie original era de unas 3.000 hectáreas: hoy ocupa diez veces más tras inundar sus valles circundantes. El Salado nace casi en la Precordillera y es una de las tres grandes cuencas que atraviesan el centro norte del país en forma transversal para desembocar en el Paraná. Y allí se produjo el desborde histórico que dejó bajo agua a un tercio de la ciudad de Santa Fe. Por ello el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, explicó que lo que se pide, en concreto, es un programa de obras que regule el caudal de La Picasa y un plan que garantice “un beneficio equilibrado y sustentable para las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe”, respecto del Salado.
El reclamo se lanzó durante una reunión técnica del Comité Interjurisdiccional de La Picasa, que se concretó esta semana en Capital Federal con la presencia de representantes de los tres distritos involucrados. “La provincia entiende que el conjunto de obras ejecutado parcialmente hasta el momento en el sistema hídrico «La Picasa-El Chañar» otorga soluciones a sectores de la cuenca localizados en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, pero perjudica notablemente a Santa Fe”, expresó Ciancio.
“Venimos reclamando con insistencia en las reuniones del Comité Interjurisdiccional inmediatas evaluaciones y eventuales correcciones al sistema de obras de regulación y control de los excedentes, que no se ajustan en su funcionamiento a los parámetros clave de diseño proyectados oportunamente por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral”, explicó Ciancio.
El titular de la cartera de Aguas aseguró que una de las cuestiones clave que perjudican a Santa Fe es que los excedentes hídricos aumentan “el flujo procedente de la subcuenca oeste del sistema, sin posibilidad alguna de ser evacuados”. Dicho de otro modo, el agua viene, pero en Santa Fe se queda. Y La Picasa ocupa cada vez mayor superficie.
Ante ello, Ciancio pidió que “un marco de conveniencia para todas las provincias”, defina tanto un modelo de gestión para las obras actualmente en ejecución y para “aquellos nuevos trabajos que se definan” en el comité interjurisdiccional. Por caso, el funcionario recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a Santa Fe –ante una presentación de Buenos Aires–, desactivar la estación elevadora norte de la laguna La Picasa “con todos los costos económicos, sociales y ambientales que trajo dicha medida”, que debieron ser –además– asumidos exclusivamente por el gobierno provincial.
Ciancio expuso que el problema persiste, ya que La Picasa sigue siendo “la única salida de los caudales ingresantes a la laguna”, por lo que juzgó “imprescindible” una política para “restringir drásticamente en el corto plazo aquellos caudales provenientes de las provincias de Córdoba y Buenos Aires”.
Sí reconoció el ministro que a 11 años del inicio de las negociaciones con Buenos Aires y Córdoba por el tema “ha habido un avance en el conocimiento de la dinámica hídrica del sistema hidrológico”. Pero al mismo tiempo marcó que “ha fracasado la implementación de un manejo integrado de los recursos hídricos de la cuenca”, con lo cual el resultado sigue siendo injusto: “Beneficios para Córdoba y Buenos Aires, y daños para Santa Fe”.
Con todo, la propuesta presentada por Santa Fe, e incluida en el acta de la reunión del Comité, requiere con “urgencia en primer lugar la puesta en funcionamiento del canal por gravedad que deriva caudales del Reservorio 7 a Las Horquetas, manteniendo el caudal permanente de cinco metros cúbicos por segundo”.
Además, solicita “abstenerse de ejecutar obras financiadas, tanto por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación como por las provincias involucradas que modifiquen las obras incluidas en los acuerdos suscriptos”.
Además demanda “la regulación de los caudales provenientes de Córdoba mediante la ejecución de obras provisorias en los niveles de los vertederos de los reservorios a cotas compatibles con los volúmenes que puedan ser evacuados de La Picasa, así como también la regulación de los caudales provenientes de Buenas Aires con el mismo criterio”.
Propone también “corregir las obras de regulación existentes, ajustándolas al proyecto desarrollado oportunamente por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL”.
Finalmente, insiste en “la puesta en marcha de un plan para el control, operación y mantenimiento del sistema La Picasa-El Chañar, por parte del organismo hídrico interjurisdiccional. Hasta tanto eso ocurra, el mantenimiento de las obras quedará en manos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, que asumirá la responsabilidad de la eficiencia de tales obras, y los costos que demande tal mantenimiento”.
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