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Otorgan salidas a policía presa por robo y secuestro

Está detenida desde hace poco más de dos años sospechada de integrar una banda con otros uniformados.

Por: Carina Ortíz

Una mujer policía, que está tras las rejas por una causa relacionada con un allanamiento ilegal, robo agravado y secuestro extorsivo ocurrido hace poco más de treinta meses, obtuvo una morigeración de su detención preventiva. Si bien su abogado había solicitado que hasta tanto se lleve a cabo el juicio la uniformada sea beneficiada con el sistema de libertad restringida, el juez de Sentencia Ismael Manfrín rechazó el pedido y en su lugar resolvió otorgar salidas tres veces por semana.

En abril de 2008 cinco policías y dos civiles fueron detenidos, sospechados de integrar una banda de extorsionadores a la que se le achacaban al menos cuatro delitos. Entre los arrestados se encontraban Sandra V. y Pablo M., dos oficiales de la UR II que fueron acusados de secuestrar a las hijas de un conocido narcotraficante y pedir un rescate de un millón de dólares a cambio de las dos jóvenes. La denuncia fue radicada los primeros días de marzo por la esposa del Tuerto Boli, detenido a fines de febrero de 2008 en el barrio Empalme Graneros durante un allanamiento en una vivienda donde se secuestró una cocina de droga, con 10 kilos de cocaína y 800 mil pesos.

De acuerdo a la denuncia, dos uniformados concurrieron al domicilio de pasaje Quichua al 1200 bis y se llevaron a las dos hijas del Tuerto Boli. Los policías dejaron un teléfono para que los familiares de las chicas se comuniquen con ellos. Primero exigieron un rescate de un millón de dólares que con el correr de las horas y varias llamadas telefónicas el monto quedó reducido a 50.000 pesos.

Para el atardecer, la cifra pretendida llegó a cero y las jóvenes fueron liberadas sin intercambio de dinero en Juan José Paso y avenida de Circunvalación. Un mes después se produjeron las siete detenciones, entre ellas la de Sandra V., quien fue arrestada en la localidad de San Javier cuando –según dijo la mujer policía– había ido a visitar a familiares.

El juez de Instrucción Hernán Postma halló pruebas para procesar a los efectivos Sandra V. y Pablo M. por los delitos de robo agravado, allanamiento ilegal y secuestro extorsivo agravado y esa decisión fue confirmada por la Cámara Penal.

No obstante, en esa oportunidad los camaristas encomendaron al Juzgado de Postma que requiera el libro de Memorando de Guardia para determinar si el día del supuesto secuestro la imputada había concurrido al trabajo, ya que dicha prueba se había “extraviado”, según indicó el abogado de la agente.

Es que durante la instrucción se estuvo trabajando con una fotocopia del mismo, que con el correr de los días se fue deteriorando, llegando a estar casi ilegible, confiaron fuentes del caso.

Finalmente, la aparición de ese libro motivó que la defensa de Sandra presente una solicitud de sobreseimiento ya que se comprobó que la mujer no estaba de servicio el día del hecho, pero la misma fue rechazada en primera instancia.

Pero su defensor insistió y apeló la resolución a la Cámara Penal, basándose en que una prueba que había desaparecido durante la etapa instructiva de la investigación reapareció luego que quedara firme el procesamiento de la mujer, lo que indica que la agente es totalmente ajena al hecho que se le imputa.

Estos argumentos fueron rechazados por los camaristas de la Sala III que indicaron que “para arribar a la pretensión del defensor tendría que hacerse una valoración de los hechos y del derecho que sólo puede hacer en la sentencia”.

Asimismo, el fallo aclara que “el sobreseimiento es una resolución propia de la instrucción” con algunas salvedades que no se ajustan a esta causa. Aunque dejaron abierta la posibilidad de una atenuación de la coerción, es decir de la prisión preventiva pero que debe ser planteada en primera instancia considerando la aceptación  fiscal de esta posibilidad.

Por lo que la defensa planteó una solicitud de libertad restringida (lo que implica estar libre con determinadas cargas como comparecer una vez por semana a la comisaría, no salir del país, etcétera) pero el juez de sentencia Nº 1, Ismael Manfrín, entendió improcedente este pedido e hizo lugar a una morigeración de la prisión que consiste en un encarcelamiento con salidas periódicas, por lo que Sandra V. podrá salir de su lugar de detención tres veces por semana durante las horas de la  tarde bajo el cuidado de dos personas que son los garantes del cumplimiento de este beneficio por parte de la imputada mientras se tramita el juicio.

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