Policiales

Violencia institucional

Franco Casco: repudian la prisión domiciliaria de dos policías procesados

Desde la Multisectorial expresaron su rechazo a la resolución dictada por la Justicia federal a los dos uniformados acusados junto a otros ocho policías de la detención ilegal, torturas y muerte de Franco Casco, y alertaron que no se informó a la querella que representa al padre de la víctima


La Multisectorial contra la Violencia Institucional alertó este martes que la Justicia federal otorgó la prisión domiciliaria a dos policías imputados por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco sin que fuera informada esa querella. Además, desde el organismo exigieron celeridad en las medidas periciales especiales que deben realizar para confirmar la identidad del cuerpo de la víctima, ya que no sólo afecta a la familia sino también impide que se lleve a cabo el juicio oral.

En el comunicado, el organismo indicó que el primero de los policías en obtener la prisión domiciliaria fue Enrique Gianola Rocha en 4 de octubre pasado y por resolución del juez federal Carlos Vera Barros. “Si bien la decisión no fue notificada a Ramón, padre de Franco y querellante en la causa, lo cual entendemos es contrario a la Ley 27.372 que contempla los derechos de las víctimas, fue apelada por la Fiscalía y las querellas. Con posterioridad, por resolución judicial, se le otorgó prisión domiciliaria al policía Guillermo Gysel, que tampoco fue comunicada”, describieron en el escrito.

Desde la Multisectorial expresaron su rechazo a la prisión domiciliaria a estos dos policías y solicitaron la inmediata revocación de la medida. “La desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco constituye una grave violación a los derechos humanos, se trata de un crimen atroz, el cual tiene una pena de prisión perpetua, por lo que corresponde que los policías investigados transiten el proceso en prisión”, remarcaron en el comunicado para agregar que existe “un elevadísimo riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga por parte de los imputados”.

Además, denunciaron que la liberación de estos policías significa “una amenaza para la vida, la integridad y la tranquilidad de la familia de Franco ya que han sido sistemáticamente molestados, amedrentados y hostigados, desde su desaparición hasta el día de hoy”.

En el comunicado, el organismo también exigió al juez de la causa y a la Fiscalía que realice de manera urgente la medida pericial pendiente para confirmar la identidad del cuerpo de la víctima, ya que “es una situación que afecta gravemente al bienestar y la salud de la familia de Franco y obstaculiza la pronta realización del juicio oral, teniendo en cuenta que todos los procesamientos fueron confirmados por la Cámara de Apelaciones”.

La causa

Franco tenía 20 años, era padre y trabajaba como albañil en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Pasó unos días en Rosario visitando unos tíos hasta la noche del 6 de octubre de 2014, cuando desapareció al ir a tomar el tren para volver a su casa.

Tras una semana de incertidumbre su familia se enteró que esa noche había sido detenido en la comisaría 7ª, el último lugar donde lo vieron con vida. Su cadáver apareció flotando frente al Parque España 22 días después de la desaparición, durante una masiva movilización donde las organizaciones sociales acusaban a la Policía.

Tres años más tarde, con la causa en el fuero federal, 30 policías fueron procesados y uno más recibió falta de mérito.  En mayo pasado, la Cámara Penal confirmó las acusaciones contra 18 de ellos.

Los 18 policías que están a un paso del juicio oral

En junio del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó las acusaciones contra 18 de los 31 policías procesados. Los camaristas Fernando Barbará, Aníbal Pineda y José Gallino ratificaron en el fallo los procesamientos de diez agentes de la seccional 7ª que seguirán detenidos por desaparición forzada de persona seguida de muerte, delito que prevé prisión perpetua.

Entre ellos figura Diego José Álvarez, quien era jefe de la comisaría, procesado además por torturas. En dicha oportunidad, los magistrados revocaron la participación secundaria del policía Fernando Sebastián Blanco y lo encausaron por los mismos delitos que al comisario, por lo que ordenaron su inmediata detención.

Según la acusación de la querella fueron ellos dos quienes levantaron a Casco en la estación de trenes (Blanco manejaba), lo llevaron detenido a la comisaría y lo sometieron a tormentos físicos.

Los otros nueve son Cecilia Contino, Walter Benítez, César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha y Esteban Silva.

De los cinco agentes de Asuntos Internos procesados por encubrimiento, tres recibieron falta de mérito, en tanto confirmaron el proceso por la misma figura a Augusto Escobar y Pablo Síscaro, quienes siguen el proceso en libertad.

Según la acusación, ambos agentes fueron quienes tomaron declaración a los presos de la seccional 7ª la noche que llevaron a Franco, y en sus informes “omitieron” los testimonios que daban cuenta de que Casco estuvo privado de la libertad y fue sometido a torturas.

Además, los camaristas confirmaron la participación en la desaparición del albañil de otros cinco efectivos, que llegarán en libertad al juicio oral. Se trata de Franco Zorzoli, Rodolfo Murúa, Romina Díaz, Belkis González y Walter Ortiz. Otros nueve policías acusados como partícipes secundarios recibieron la falta de mérito.

Si te gustó esta nota, compartila

Comentarios