Un grupo de mutuales francesas surgidas en la última década que bregan por la gratuidad en el transporte público realizó un llamado a los usuarios para que no paguen sus boletos y –a cambio de un importe– ofrecen hacerse cargo de eventuales multas.
El reparto de los riesgos entre los diferentes adherentes es el principio que nuclea a esta decena de mutuales, que por una cotización de entre 5 y 7 euros por mes pagarán las multas a los usuarios de trenes, subterráneos y buses de la región parisina.
“La venta de pasajes representa el 22 por ciento de los ingresos de la Red por la abolición de Transporte Pago (Ratp), la compañía estatal de metro y buses parisina; eso sólo sirve para pagar el costo de los controles. Es decir que pagamos para ser controlados”, dijo Jérémy de la mutual Ratp, que toma la sigla del organismo público que rige el transporte parisino.
El joven se negó a dar su apellido por temor a represalias, pues las mutuales no son asociaciones jurídicamente declaradas e incitar al fraude está penado por la ley.
Por su parte, el delegado general del sindicato Sud de la Ratp, Pihilippe Touzet, aseguró esta semana al diario Libération que dudaba “de la ilegalidad de estas prácticas” y agregó que las mismas “pueden ser interesantes para provocar el debate sobre un transporte público gratuito porque ponen el sistema en cuestión”.
“Pese a no ser un fenómeno nuevo, el desempleo, la crisis económica y el aumento anual en el precio del boleto hizo que en los últimos años se incrementara ostensiblemente el número de colados en el transporte público”, señaló Touzet.
En tanto, Jeremy agregó que en la mutual que integra “creemos que –así como la salud y la educación– el transporte debe ser accesible a todos sin distinción, por eso debe ser gratuito”.
“Igualdad, con respecto a la gente que vive lejos y que paga más transporte. La mayoría de los parisinos tienen sueldos más altos que quienes viven en los suburbios y son los que más pagan, por eso el transporte gratuito serviría para lograr la mentada igualdad francesa”, agregó.
Jérémy, que junto a un grupo de compañeros de facultad organizó hace siete años este grupo que hoy cuenta con 60 adherentes, denunció la “represión” y el “control social” en el transporte.
“Los controles son desproporcionados. Los inspectores reprimen y realizan control social al exigir documentos cuando eso les está prohibido. Hubo casos de gente que por no tener papeles fue entregada a la Policía y luego deportada a partir de viajar sin boleto”, expresó endureciendo el tono.
Para conocer los derechos
Por este motivo, las mutuales realizan campañas para que los pasajeros conozcan sus derechos con un decálogo de consejos para viajar sin ser descubiertos. Mientras el fenómeno se expande, ya existen mutuales, asociaciones y colectivos similares en otras regiones francesas, como así también en Bruselas y Amberes, las dos ciudades más importantes de Bélgica.
Además, en los últimos años, varias comunas de la región parisina dejaron de cobrar por el transporte público por considerar que el costo del boleto representa un mínimo ingreso (entre el 9 por ciento y el 16 por ciento, según argumentaron) del costo total del transporte. Cabe destacar que la pionera fue la ciudad de Compiegne (80 kilómetros al norte de París) que hace 33 años decretó la gratuidad en su transporte local.
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