Las audiencias ante la Cámara Penal sobre la revisión de la prisión preventiva que afecta a algunos de los 36 procesados en la megacausa Monos continuaron ayer. Fue el turno de la madre de Ariel Máximo Cantero, alias Guille, un prefecto, un policía y un sindicado lugarteniente de Cantero. Los dos primeros desistieron del planteo y el debate giró sobre el arresto domiciliario de la cabeza femenina de la familia y la situación del federal. Si bien la Fiscalía solicitó la confirmación de las medidas contra los detenidos, admitió debilidad de pruebas para incriminar a la mujer como jefa de una banda, aunque sostuvo que son suficientes para considerarla partícipe de la asociación ilícita. Se presume que el juez resolverá en los próximos días.
La audiencia, presidida por Rubén Jukic, transitó con fuerte custodia policial, aunque no tuvo el despliegue del día anterior. Los acusados llegaron esposados al recinto y Emanuel Chamorro (quien está detenido) y el policía Juan “Chavo” Maciel (arrestado en su domicilio) desistieron del recurso. Luego fue el turno del abogado Fausto Yrure, quien habló de la inexistencia de peligrosidad procesal para con su defendida, Celestina Contreras (madre de Guille Cantero), e hizo un recorrido por las medidas restrictivas que sufrió durante la instrucción para pedir la morigeración de la prisión preventiva. Sostuvo que “la Cele”, como se la conoce, fue detenida en mayo de 2013; a los pocos días se le dieron arresto domiciliario en una casa céntrica porque el juez consideró inapropiado que la medida se cumpliera en su vivienda del barrio La Granada, y en agosto de 2013 se realizó un allanamiento a la propiedad donde cumplía la domiciliaria, se le secuestraron dos teléfonos, uno de ellos sin uso y el otro autorizado. Ello derivó en la revocatoria del beneficio, aunque luego de un peritaje volvió a quedar presa en su domicilio, refirió.
El 17 de diciembre pasado se agravó su imputación: jefa de la asociación ilícita. Se le otorgó una libertad con restricciones aunque al dictar el procesamiento (en febrero pasado) el juez ordenó una prisión domiciliaria, detalló Yrure, quien refirió que Contreras cumplió con las imposiciones judiciales y que se agravó la medida tras el procesamiento cuando ya estaba imputada como jefa desde diciembre. Agregó que el fundamento del encausamiento son dos escuchas telefónicas, al parecer con su hijo de crianza, Ramón Machuca (también conocido como Monchi Cantero). Éste llamó para avisarle que estaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria en zona sur; en la segunda, por la baja del teléfono celular de su hermanastro, Claudio “Pájaro” Cantero, días después de su asesinato, detalló.
Según el abogado, estas trascripciones muestran que Monchi no le daba órdenes a su madrastra: sólo le avisaba. “Es jefa porque otra persona no le da órdenes” concluyó sobre que habían interpretado los investigadores. Luego hizo una lectura de escuchas que la mujer mantuvo con su hijo Claudio la semana previa a que lo mataran, por cuestiones cotidianas y su estado de salud. Ese momento de la audiencia llevó a Contreras a las lágrimas.
Lugar de reunión y acopio
A su turno, el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini sostuvo: “No hay que olvidar que existen prófugos que están familiarmente vinculados a la mujer”, dijo, y recordó que en el allanamiento a su vivienda se encontró gran cantidad de elementos que demuestran que era un lugar de reunión, acopio (de dinero, anotaciones, drogas, armas, autos) y de distribución de los mismos y por ello el juez Juan Carlos Vienna había otorgado el arresto domiciliario en una casa alejada de su barrio. El funcionario afirmó que la actuación de Contreras excede el marco de lo que puede permitir una madre y/o pareja, y admitió lo endeble de los elementos de prueba respecto del carácter de jefa imputado a la mujer, aunque sostuvo que esos elementos son suficientes para considerarla miembro y solicitó que se mantenga la medida.
Concluyó la audiencia con los argumentos del letrado Marcelo Flores, quien en una escueta exposición planteó la libertad del prefecto Roberto Otaduy. Sostuvo que la prisión preventiva es una decisión política, basada en escuchas que no alcanzan para incriminarlo, lo que fue replicado con dureza por el fiscal, quien argumentó que el uniformado brindó información a la que accedía por su cargo a cambio de dinero de la banda, y que “no hay nada más repugnante” que un miembro de una fuerza de seguridad sea parte de una organización delictiva. Por lo cual requirió la confirmación de la prisión preventiva.
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