El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, insistió esta mañana en que la Justicia debe tomar “cartas en el asunto” y actuar sobre cada uno de los asambleístas que mantienen el piquete en Gualeguaychú contra la pastera de UPM (ex Botnia).
“El juez va a tener que actuar, en algún momento los va a procesar y si insisten va a ordenar detenerlos”, sostuvo Fernández sobre los ambientalistas.
En particular, puso el ejemplo de Juan Ferrari, uno de los referentes del piquete: “Es un productor sojero que tiene activa responsabilidad en el corte”, subrayó.
En declaraciones a Radio 10, Fernández exigió que los asambleístas que mantienen el piquete en Arroyo Verde, sobre la ruta 136, “se hagan cargo de sus responsabilidad penales”.
El jefe de ministros aseguró que “para nada” se está desoyendo el fallo judicial que ordenó desalojar el bloqueo del paso internacional entre Gualeguaychú y Fray Bentos.
“Lo que se está haciendo es poner las cosas en su lugar. El fallo es muy elíptico, no es una instrucción muy específica. Y teníamos dos caminos: intentar notificar a quienes no se quieren notificar o mandar a la Gendarmeria, lo que iba a terminar en que íbamos a tener que reprimir, y eso no lo vamos a hacer”, explicó el jefe de Gabinete.
Ayer, el Gobierno desistió de ordenar el desalojo del corte de ruta en Gualeguaychú, pero endureció su postura contra los asambleístas, al decidir presentarse como querellante en esa causa y denunciar penal y civilmente a los vecinos que ocupan esa autovía.
Durante una exposición ante la prensa, en la que no permitió preguntas, el jefe de Gabinete adujo que esa decisión fue tomada porque la vocación del Gobierno es “no reprimir” y porque el fallo de la Justicia que ordenó el desalojo de la ruta 136 “es de cumplimiento imposible”.
De esta forma, el Gobierno devolvió el conflicto a la esfera judicial tras el fallo del juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que había ordenado al Ejecutivo liberar ese paso que conecta con la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
Fernández adujo que el fallo de un tribunal entrerriano para desalojar el corte es de “cumplimiento imposible” y remarcó que “sería en vano” notificar a los asambleístas de un hecho que “no se van a notificar”, por lo que el Gobierno decidió presentarse como querellante en la causa y denunciar a los ambientalistas.
La denuncia fue presentada en el juzgado federal de Concepción del Uruguay por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.
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