El inicio de este agosto estuvo signado por el recuerdo que resolvió hacer el gobierno provincial de la privatización del Banco de Santa Fe, anuncio que vino con el “detalle” de los mil millones de dólares de pérdida que ocasionó la movida del gobierno de Jorge Obeid, allá por el año 98 (la ley de la privatización se votó el 26 de julio de 1996 y se terminó de concretar casi dos años después).
Uno de los pocos que no se sorprendió por el anuncio del gobierno provincial fue el actual diputado nacional del PDP, Carlos Favario, por aquel entonces diputado provincial. “El único que cacareaba en esos tiempos”, según el testimonio de uno de los empleados del banco que resistieron la privatización, y el único que hablaba de una cifra parecida a la que hoy se esgrime, mientras se debatía el destino de la entidad.
“El Banco de Santa Fe era un banco importante con todos los gobiernos, civiles y militares. Todo anduvo bien hasta 1983, año en el que se transformó en una unidad básica. Reparto, favores, negocios de todo tipo, créditos millonarios a insolventes. Con una recomendación política o sindical accedían a cualquier crédito en el banco y lo fundieron. No hay duda de que al banco lo fundió el PJ”, dispara con furia Favario cuando se le pide que recuerde aquellos tiempos.
—Si esto fue así ¿por qué se opuso a la privatización?
—Nosotros nos pusimos a estudiar el tema y tuvimos asesoramiento importante. Nuestra conclusión fue que había que privatizar el gerenciamiento del banco mediante una licitación internacional, para que se pudiera recuperar la credibilidad.
—Pero se avanzó en otro sentido.
—La idea del PJ era “esto no me sirve, no es negocio, le pego una lavadita de cara y lo vendemos”. Con esa idea sacan la ley disponiendo la privatización, pero ahí convocan a una consultora que manejaba José Luis Machinea, luego ministro de Economía de la Nación, quien vino con la idea de lo que habían sido las privatizaciones en el orden nacional, y en lugar de decir “bueno, vendemos lo que está con algún retoque”, inventó la creación de una nueva unidad de negocios.
—El Nuevo Banco de Santa Fe.
—Sí, para que aparezca limpito, con la cantidad óptima de personal (500, contra 3.000 que había), y al que había que sacarle todo lo que no servía. Ahí aparece el proceso de raje de personal, 1.739 tipos que pasan a la planta del Estado, y algunos caraduras diciendo que votaban con tranquilidad de conciencia la privatización porque estaba asegurada la estabilidad laboral de los trabajadores. Andá a preguntarle a cualquiera de los tipos del banco en qué estado están, son kelpers (ver aparte). Además les dejan los créditos mejor calificados y a los incobrables se los queda el Estado.
—¿Coincide con el cálculo que publicó el gobierno provincial?
—Ese cálculo yo lo hice en su momento y me cansé de repetirlo, me cansé de decir que el estado iba a pagar 1.200 millones de pesos-dólares de aquel momento para vender el banco en 57 millones. Lo que dice ahora el gobierno yo me cansé de gritarlo, pero nadie me contestaba. No eran números que estaba tirando para hacer política barata. Se hicieron todas las groserías habidas y por haber.
—¿Por ejemplo?
— El Nuevo Banco no tenía inscripción definitiva en el registro público de comercio, no me acuerdo cuál era el problema. Con una inscripción provisoria el Banco Central le da la autorización para funcionar y disuelve el Banco de Santa Fe. La adjudicación de la licitación no se publicó en el Boletín Oficial, y dejaron dos días sin publicar el Boletín hasta que lo pudieran hacer. Los créditos que le traspasaron al banco no se sabe cómo se hicieron porque deberían haberlo hecho con escritura pública y no fue así. Otra, no hubo inventario.
Y después el tema de los (hermanos Carlos y José) Rohm. Todo el mundo sabía quiénes eran. Le dieron el banco limpito, con un patrimonio neto de 60 millones, y le pidieron 57. Además, el nuevo banco se mantenía como agente financiero del Estado, y también justo con la bancarización de los sueldos, donde cada uno tiene la tarjetita, es decir recibe la guita que muchos dejaban ahí, más el negocio de las cuentas judiciales. En esas condiciones, hasta lo compraba yo. Por si todo fuera poco, al tiempo, ya en el gobierno de (Carlos) Reutemann, yo termino demostrando que la plata que pagaron por el banco la tenían depositada en el propio banco de ellos, algo que terminó admitiendo Reutemann.
—¿Quiénes son los responsables de tantas irregularidades?
—Hay muchos, pero uno de los que contribuye a la privatización del banco fue la Asociación Bancaria. El banco no se iba a poder transferir y le revocan el poder al abogado de la Bancaria para poder hacer la privatización. En esa movida juegan (Juan José) Zanola desde Buenos Aires y los de acá, que después terminan en el directorio del banco. Los legisladores que votaron, y Reutemann, que se hace el distraído porque si decía que no, no se votaba. Además, la participación del Banco Central, avalando todas las irregularidades.
—¿Se podría haber evitado la privatización?
—El lunes 23 los legisladores se reúnen con (el entonces ministro de Economía, Domingo) Cavallo y (el en ese momento presidente, Carlos) Menem, y el 26 votan.
El 26 de julio del 96 se vota en Diputados, ¡mirá que homenaje a Eva Perón! A la semana siguiente se va Cavallo. Si esto se demoraba con nuestro planteo reglamentario no había privatización del banco, y yo aseguro que algunos desde adentro del justicialismo tenían rechazo a votar la privatización.
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