El juez federal de Rosario Carlos Vera Barros dispuso ayer la excarcelación del comisario de la seccional 2ª, Néstor Juan Fernández, que había sido detenido el viernes pasado por su presunta vinculación con personajes del narcotráfico, donde también está implicado el ex jefe de la Policía provincial Hugo Tognoli, cuya suerte en la causa también se decide por estas horas. El magistrado le fijó a Fernández una fianza de 20 mil pesos y deberá decidir en un plazo de diez días hábiles si dicta su procesamiento.
Fernández está sospechado de ser el responsable de contar con una clave de seguridad para acceder a la base de datos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA) e informar a un presunto narcotraficante que era vigilado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Esta situación permitió que Carlos Andrés Ascaíni, procesado por narcotráfico, se diera a la fuga durante un procedimiento de la PSA.
Por otra parte, continúa detenido el cabo Carlos Quintana, que fue arrestado en la ciudad de Santa Isabel y se encuentra imputado de haber alertado a Ascaíni de la presencia de vehículos de la PSA. Quintana prestaba servicio en la localidad de Villa Cañás y el sábado negó los cargos en su contra cuando prestó declaración.
Hasta el momento, su defensa no ha presentado el pedido de excarcelación y se estima que lo hará hoy.
La crisis política y de seguridad en Santa Fe se inició luego de que se difundieron detalles de la causa en la que se investiga la supuesta vinculación de Tognoli con el narcotráfico.
La Justicia trata de determinar si Tognoli cobraba dinero para permitir la venta de drogas en Villa Cañás y si colaboró para que el narcotraficante Ascaini evitara un procedimiento en el que podría ser detenido. Precisamente, la Justicia Federal de Rosario resolverá en las próximas 48 horas la situación procesal del ex jefe de Policía.
Fuentes judiciales informaron que el juez federal Nº 3 rosarino, Carlos Vera Barros, definirá entre hoy y mañana si el ex comisario sigue preso o si corresponde que sea excarcelado, tal como sostiene la defensa, que considera que no hay elementos que lo incriminen y por ello solicitó el sobreseimiento.
Para los investigadores existen al menos dos elementos que podrían incriminar a Tognoli en esa presunta protección al narcotráfico.
Uno es un mensaje de texto en-viado por el comisario mayor retirado Oscar Ledesma a una mujer identificada en la causa como Nilda Luques, que regenteaba un prostíbulo en Venado Tuerto y habría consultado al uniformado dónde comprar cocaína y dónde pedir protección. Ledesma respondió por SMS: “El de Cañás es Ascaíni y el de Villa Cañás 30.000 directo con Tognoli”.
El otro elemento es una clave de seguridad para acceder a la base de datos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA) que se habría utilizado para determinar que las camionetas que seguían a Ascaíni eran de la PSA.
Para la defensa de Tognoli, la clave “segu210183” fue asignada a Fernández mediante un acta de abril de 2008, por la cual su defendido hizo entrega “en sobre cerrado” al actual jefe de la comisaría 2ª, que en ese momento era agente de Drogas Peligrosas.
El texto del acta de entrega, firmado por Fernández, dice que la cesión de la clave “tiene carácter reservado, siendo responsable por su uso indebido” y, por esa razón, el juez Vera Barros imputó a Fernández en la misma causa que involucra a Tognoli.
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