Luego de pasar cuatro meses en prisión, los integrantes de la denominada “banda de los cajeros” recuperaron la libertad a última hora del viernes, tras recibir la falta de mérito en la causa que investiga el espectacular robo de 900 mil pesos en dos golpes perpetrados en Rosario a principios de junio pasado. Los tres hombres y dos mujeres habían sido detenidos en viviendas ubicadas en el conurbano bonaerense, donde fueron secuestradas herramientas de precisión y partes de cajeros, aunque esos elementos no fueron reconocidos por Prosegur –la firma que sufrió los robos– por lo que los imputados de asociación ilícita fueron excarcelados.
La investigación se inició el pasado 8 de junio luego que dos cajeros de la red Link pertenecientes al Nuevo Banco de Santa Fe, uno ubicado en la esquina de Mendoza y Donado y el otro en Pellegrini al 3000, donde funciona una estación de servicio, fueron vaciados casi en simultáneo,
Durante la misma jornada se comprobó que otros cuatro cajeros del mismo banco y red habían estado en la mira de los “cirujanos”, como fueron mencionados los autores del atraco, por la mecánica de alta precisión utilizada para violar los sistemas de seguridad, y alzarse con un botín que superó los 900 mil pesos.
A raíz de esos dos hechos, efectivos de la Agrupación Unidades Especiales de la Unidad Regional II siguieron la pista de una chapa patente que los llevó hasta las localidades bonaerenses de Lomas de Zamora, Ezeiza y Monte Grande.
Los pesquisas aseguraron dar allí con una banda de profesionales que operaba en distintas provincias y a la que le adjudicaron robos por más de 20 millones de dólares, entre ellos el de los dos cajeros rosarinos.
Sin embargo, la investigación judicial no halló pruebas contundentes para sostener por más tiempo la detención de ninguno de los cinco sospechosos, a quien la jueza de instrucción Roxana Bernardelli imputó de “asociación ilícita agravada”.
Esa calificación legal se ganó un fuerte reclamo por parte de los abogados defensores de los detenidos quienes desde un principio definieron a la imputación como errónea y disparatada.
“Se partió de la base de que a mi cliente lo acusaron de una serie de ilícitos que ponían en riesgo la democracia, es una acusación cuanto menos ambiciosa. Nosotros planteamos que de ninguna forma se podía sostener una asociación ilícita cuyo agravante se basa en poner en peligro la constitución nacional”, dijo ayer a El Ciudadano Adrián Ruiz, defensor de uno de los imputados.
El letrado confirmó a este diario que su cliente fue excarcelado aunque aclaró que desconoce la resolución judicial que lo benefició ya que la misma fue emitida a última hora del viernes y aún no fue notificado.
En la misma línea se expresó ayer el abogado Leopoldo Monteil quien remarcó que la figura que le imputaron a su defendido “está contemplada para reprimir delitos contra el orden constitucional” y agregó que se aplica cuando existen delitos indeterminados: “Es erróneo el encuadre penal porque en esa causa hay delitos concretos”, sostuvo.
Monteil agregó además la falta de pruebas contra su defendido y entre otras cosas mencionó que logró demostrar, a su entender con pruebas firmes, que en ningún momento visitó la ciudad de Rosario ni el día del hecho ni las semanas que lo precedieron.
Los sospechosos de siempre
A principios de julio pasado, una delegación de policías rosarinos realizó una saga de allanamientos en las localidades bonaerenses de Lomas de Zamora, Ezeiza y Monte Grande y detuvieron a Ricardo Osvaldo E., de 38 años y sindicado el cabecilla de la banda, a Adrián Alejandro V., de 32; Juan Daniel M., de 30 y dos mujeres: Andrea G., de 42, y Lilia R., de 37.
Esta última, de nacionalidad boliviana, fue sindicada como la madre del “cerrajero”, un muchacho de 19 años que se encuentra prófugo al igual que Carlos Iván A., de 45 años.
Para los investigadores fue crucial el dato de que el cabecilla de la banda haya prestado servicio como portavalores dentro de la empresa Prosegur durante seis años.
Guantes Blancos
Una precisa perforación sobre la cerradura de los aparatos era la mecánica utilizada por la banda para luego, con ayuda de una prensa manual, hacer palanca en la puerta que da paso al dinero. “Eran una asociación de profesionales”, dijo entonces un alto jefe de la policía tras explicar un accionar que roza la perfección: “El orificio en los cajeros lo hacían justo a la altura de la cerradura, el soplete no quemaba los billetes y la prensa no hacía saltar la alarma”.
No obstante, una medida probatoria ordenada por la jueza Bernardelli benefició a los detenidos. Fuentes del caso indicaron que tres responsables de la empresa Prosegur examinaron una serie de elementos secuestrados en el Gran Buenos Aires y determinaron que no corresponden al instrumental de los cajeros automáticos que fueron vaciados en Rosario a principios de junio pasado.
De la medida participó uno de los encargados de Asuntos Legales de Prosegur y dos especialistas del área técnica de la empresa, quienes inspeccionaron piezas atribuidas al instrumental de cajeros automáticos. Los elementos eran parte de los incautados en el partido bonaerense de Ezeiza donde también fueron secuestrados taladros inalámbricos, mechas de acero y bronce, sopletes, tubos de acetileno y un inhibidor de frecuencia de alarmas.
Los abogados defensores de los imputados indicaron que a raíz de esos resultados, la jueza Bernardelli ofició a magistrados de varias localidades bonaerenses pero que ninguno los requirió, por lo que presumen que no se le achacarán otros delitos.
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