La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y Civil de los Tribunales locales ratificó el fallo de primera instancia de la Justicia que resolvió en su momento la entrega del inmueble donde actualmente funciona el centro cultural y cooperativa La Toma, en Tucumán 1339, a la masa de acreedores de la quiebra del ex hipermercado Tigre, antiguo propietario del lugar. Frente a esta decisión, desde la organización cooperativa anunciaron que la ocupación se “mantendrá” y que la medida “será resistida”. Además, recordaron que fue la propia Legislatura provincial la que decretó en dos oportunidades la expropiación del lugar en beneficio de los trabajadores que usan el edificio con fines sociales y comerciales desde hace más de nueve años. Cabe destacar que la resolución puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
En su decisión, los jueces Mario Chaumé, María del Carmen Álvarez y Avelino Rodil dieron lugar al pedido de la sindicatura que tiene a su cargo la quiebra del ex hipermercado Tigre. “Como se ha dicho en casos análogos, cuando una ley de expropiación es dictada en el marco de una quiebra, donde los derechos de los acreedores están en juego, cabe exigir del expropiante una actitud diligente con respecto no sólo al pago sino también a los plazos. Si bien se le permite al Estado utilizar su facultad expropiatoria por causas de utilidad pública, aun en estos casos cabe exigir de parte de éste una conducta de buena fe. La expropiación temporaria no puede constituirse en un instrumento confiscatorio que detenga el ejercicio de los derechos de los acreedores”, se lee en una parte del fallo.
“La gravedad de los perjuicios sufridos por los acreedores es evidente si se tiene en cuenta que los mismos han visto postergados sus derechos crediticios durante el extenso proceso de la quiebra”, se añade en otra parte del escrito.
Frente a esto, el titular de La Toma, Carlos Ghioldi, no tuvo medias tintas en sus declaraciones al asegurar que “la ocupación del lugar se mantendrá y se va a resistir cualquier tipo de medida. Estamos ante un despropósito, ante gente que está buscando cualquier cosa con tal de ir en contra de un proceso que socialmente ha demostrado ser sumamente útil. Además, creemos que en la situación que hoy se vive no tiene lógica esta decisión bajo ningún punto de vista. Los trabajadores ya hemos demostrado que podíamos defender los puestos de trabajo y ponerlos al servicio de los sectores populares y no para que un grupo de señores que vive de las quiebras se engorde los bolsillos a costilla de seguir dejando gente en la calle”, remarcó.
El integrante de la cooperativa recordó que la Legislatura provincial sancionó la expropiación del inmueble y lo declaró “de utilidad pública”. En ese sentido destacó que “hay nueve cooperativas de trabajo que pertenecen a varias organizaciones, además de 80 microemprendedores que desarrollan sus actividades en el lugar organizados por la Municipalidad de Rosario. A esto hay que sumarle el comedor universitario y popular, y la presencia de organizaciones gremiales, sociales y de distinta índole que hace uso de las instalaciones. Estamos hablando de casi 120 personas trabajando que han mostrado un servicio socialmente responsable, que ha podido avanzar, que ha generado puestos de trabajo y que ha generado innumerables beneficios sociales. Esto es público, sólo alguien que vive muy encerrado puede negarlo. También hay que recordar que el lugar se ha convertido en un lugar de actividades culturales. Hemos editado un folleto recordando nuestros nueve años de lucha, recordando que han estado en el lugar (José) Saramago, (Osvaldo) Bayer, (Adolfo) Pérez Esquivel y Ernesto Cardenal, entre otros. Estamos hablando de personalidades de índole internacional que han estado en el lugar y esto es un orgullo para nosotros”, subrayó.
“No vamos a devolver el edificio, vamos a ampararnos en la ley de expropiación porque es la única válida, la única que reconocemos. Vamos a mantener el mismo proceso que iniciamos hace tantos años. Desde ya, estamos convocando a la población a rodear La Toma y que impidamos juntos que un grupo que fue cómplice de un vaciamiento deje otra vez a trabajadores en la calle”, indicó Ghioldi.
Cabe recordar que el 19 de agosto de 2004 –paradójicamente la misma fecha en que se conoció el fallo de la Cámara de Apelaciones, ayer– la provincia de Santa Fe dictó la ley 12.317, en virtud de la cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación para uso temporal del inmueble así como de los bienes muebles inventariados. Esta medida terminó siendo revocada más tarde por el propio Ministerio de la Producción al fundamentar que el programa de explotación del establecimiento presentado por la Cooperativa Trabajadores Solidarios en Lucha Limitada no reunía los requisitos previstos. Cinco años más tarde, en 2009, el gobernador Hermes Binner firmó un decreto que promulgaba la ley de expropiación del inmueble mediante la aprobación de la ley 12.964 que había sido votada con anterioridad en ambas cámaras legislativas. Con ese acto, se declaró al inmueble como “de utilidad pública y sujeto a expropiación el uso temporal”. Por su parte, los bienes expropiados fueron adjudicados a favor de la Cooperativa de Trabajo “Trabajadores Solidarios en Lucha”, inscripta en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa.
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