El municipio de San Lorenzo, a través del intendente Leonardo Raimundo, y su secretario, Iván Ludueña, entregaron a las autoridades de la vecinal Mariano Moreno un subsidio para saldar la mayor parte de los gastos judiciales derivados de un apremio por honorarios demandado por el ex funcionario municipal Pedro Alberto Rodríguez. De esta forma, se evitó el remate de la sede barrial de un populoso distrito de la ciudad, donde además funciona un centro de salud.
Con estos 14 mil pesos (la suma tope que el Municipio puede erogar en concepto de subsidio), la entidad vecinalista cancelará el 95 por ciento de la deuda, que asciende a un monto levemente superior a los 15 mil pesos.
Pedro “Pili” Rodríguez, ex funcionario de la dictadura en San Lorenzo, inició una acción legal por cobro de honorarios contra Ángela Giordoni, allá por 1982, porque los servicios contratados al profesional nunca les fueron pagados. Después de 30 años de actuaciones, la Justicia ratificó un fallo a favor de Rodríguez y, para cumplir lo sancionado, inició acciones contra algún bien de esa persona, resultando que los terrenos donde está construida la sede vecinal (edificados en la década del 70) se hallan aún a su nombre. De ahí el pedido de remate.
“El hecho de contar con un municipio saneado nos permite afrontar este tipo de responsabilidades morales. Nosotros no tenemos nada que ver en este apremio, pero no podemos quitarle el cuerpo a una situación como esta y permitir que la vecinal se quede sin se-de”, advirtió el intendente Raimundo. Mientras que Iván Ludueña, agregó: “Me cuesta creer que una persona que ha sido legislador provincial, concejal, secretario de Gobierno, asesor jurídico, candidato a in-tendente y conoce la ciudad palmo a palmo, desconozca esto y no haya sabido que estaba en juego la vecinal de Barrio Moreno”.
Por su parte, el Coordinador Municipal de Vecinales, Miguel Fernández, manifestó que se está trabajando para regularizar legalmente la situación de todas las vecinales de San Lorenzo y que “por atender prioridades urgentes, en algunas oportunidades se dejan de lado cuestiones administrativas, como la escrituración y el arreglo de comodatos”.
“Estamos satisfechos por la respuesta del Municipio, pero tristes con las actitudes de algunos abogados, formados en universidades públicas, que atentan contra las entidades públicas”, concluyó el funcionario.
Comentarios