El camarista Tomás Orso de Venado Tuerto entendió esta semana que el abogado Antonio Di Benedetto, imputado por liderar una banda de estafadores acusados de quedarse con inmuebles valuados en un millón de dólares, no puede estar libre. Al menos mientras la Fiscalía avanza en las otras 30 causas que surgieron después de las denuncias del gobierno de Santa Fe porque un grupo de gestores, escribanos, abogados y testaferros buscaba casas y campos de personas muertas o que vivan en el exterior en el sur provincial para apropiárselos. Di Benedetto había sido imputado y liberado, pero el juez Orso retrotrajo la decisión. Pesaron las escuchas telefónicas y la posición privilegiada del abogado más su supuesto contacto con el jefe de la comisaría 12° de esa localidad, con quien habría hecho desaparecer pruebas de la causa. El abogado estará 30 días detenido y si alguien se presenta como querellante podrán ser 60. Hasta que la Cámara de Apelación lo defina será con prisión domiciliaria. Es que el magistrado habilitó un recurso para que la medida preventiva sea revisada por sus pares.
La cabeza
El abogado fue imputado como jefe de una banda dedicada a estafas inmobiliarias, dónde otras 15 personas quedaron involucradas en las maniobras. El letrado quedó en libertad luego de la audiencia de octubre pasado y la Fiscalía apeló la decisión al entender que había riesgo procesal. La Cámara Penal de Venado Tuerto dio vuelta la resolución al entender que el abogado incurrió en determinadas conductas que son una “señal roja destellante en el tablero de indicadores de riesgo procesal”. Revocó la decisión y dispuso la detención del abogado por 30 días, lo que se duplicará en caso que haya querellante. En ese plazo se deberá presentar acusación mientras tanto el camarista Tomás Orso habilitó un recurso horizontal para que la prisión preventiva se revise por sus pares, durante este lapso el abogado cumplirá la medida cautelar en prisión domiciliaria.
La investigación arrancó en 2016 y a la fecha la Fiscalía estima que el grupo liderado por el abogado estuvo involucrado en 36 operaciones con propiedades por altísimo valor en el sur de Santa Fe. Para la Fiscalía, Antonio Di Benedetto es el jefe y organizador de la banda y en octubre de este año lo imputó por ese delito, estafas, tentativa de estafas, falsedad ideológica, falsedad de documento público, uso de documento falso y falsedad de documento privado. Con él fueron detenidas otras 15 personas. Una pidió ser el arrepentido. Otras 8 siguen bajo la lupa de los fiscales. Di Benedetto recuperó la libertad por orden del juez Benjamín Révori y esa decisión fue apelada por el fiscal Matías Merlo.
La Fiscalía cuestionó la falta del dictado de una medida cautelar restrictiva, citó escuchas telefónicas incriminantes dónde el abogado sería uno de los interlocutores, también aseguró que manejó información privilegiada con la que logró sacar evidencia de su estudio jurídico minutos antes de un allanamiento. Destacó que tuvo una conducta tendiente a perturbar la pesquisa e influir sobre los fiscales del caso. También le adjudicaron contactos con el jefe de la comisaría 12ª de Venado Tuerto para hacer desaparecer un boleto de compraventa que comprometía a otro involucrado en la causa. Desde la Fiscalía dijeron que tienen 30 investigaciones abiertas y una multiplicidad de víctimas y daños causados. Agregaron que el abogado “logró su libertad después de pagar una fianza irrisoria cuando estiman que las estafas rondan el millón de dólares”.
Esta semana el camarista Tomás Orso le dio la derecha a la Fiscalía y entendió que había peligrosidad procesal, es decir, que el abogado puede afectar la investigación si no está prisión. En la resolución el juez detalló que hubo actos del imputado tendientes a perturbar la investigación. Resolvió dar la prisión por 30 días, plazo que se extenderá a 60 en el caso de haber querellante. En ese lapso la Fiscalía deberá presentar acusación y de no hacerlo el letrado recuperará la libertad.
Tres días para apelar
Sin embargo, Orso habilitó un recurso horizontal, lo que implica poder pedir una revisión de la decisión por otro camarista y mientras el abogado la cumplirá en su casa. “Se trata de un recurso amparado en pactos internacionales y aplicable en función de lo dispuesto por nuestro Código Procesal Penal. Concretamente, implica que la defensa tiene tres días hábiles para apelar la prisión preventiva. La decisión en torno a ese recurso del abogado defensor deberá ser tomada por otro juez de segunda instancia de la tercera circunscripción judicial (de Venado Tuerto)”, detalló en el fallo al que accedió El Ciudadano.
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