El gobierno español de Mariano Rajoy decidió excluir a todas las compañías productoras argentinas del mercado del biodiésel en ese país, en una medida que generó una enérgica protesta de la cámara empresaria local que la calificó como “arbitraria y discriminatoria”.
Así lo indicó la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la cual señaló que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España adoptó esta medida “alegando razones administrativas injustificadas”.
El 6 de noviembre último ese ministerio español emitió un listado definitivo de las plantas de biodiésel que podrán comercializar en ese país hasta un máximo de 5,5 millones de toneladas anuales, en la que no aparece ninguna “extra europea”.
Esto sucede “a pesar de que, tras las denuncias presentadas por la Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), el gobierno español permitió su inclusión en la convocatoria de la resolución de la Secretaría de Estado de Energía del 5 de febrero de 2013, que regula el nuevo sistema de asignación de cuotas” en ese país, señaló la Carbio en un comunicado.
Y precisó que algunas de las plantas argentinas que se presentaron a esta convocatoria “fueron excluidas, alegando razones administrativas injustificadas, mientras que a otras se las excluyó sin estas excusas, alegando que no suman el puntaje necesario en un rating que aparentemente realiza el Ministerio de Industria Español pero que nunca aclaró en base a qué parámetros se adjudican los puntos”.
“En definitiva, esta resolución es claramente una nueva medida arbitraria cuyo objetivo es excluir a las empresas argentinas del mercado español”, alertó la entidad empresaria. Además, aseguró que todas las plantas argentinas “remitieron en tiempo y forma la documentación solicitada por la autoridad de aplicación española, por lo que estamos frente a una nueva barrera no arancelaria que excluye a las empresas argentinas de vender en el principal mercado europeo de biodiésel”.
También afirmó que esta medida “se suma a la reciente fijación del derecho antidumping en la Unión Europea, que significa la confirmación de una crisis terminal de la industria exportadora argentina, con las consecuencias económicas y sociales derivadas de esta falta de mercado”.
En este marco, la Carbio expresó que “existe una clara discriminación del gobierno español en la asignación de cuotas de biodiésel a proveedores extracomunitarios”, y amenazó con “iniciar acciones administrativas en España como también acciones conjuntas con el gobierno argentino ante la OMC”.
España –principal mercado de biodiésel en Europa– importaba desde la Argentina biodiésel de soja por un valor superior a los 800 millones de dólares anuales, antes de la estatización de YPF, que estaba en manos de la española Repsol. La resolución del gobierno de España se suma a la suba de aranceles acordada por la Unión Europea contra el biodiésel argentino.
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