El gobierno de Alan García partirá el próximo 28 de julio con pena y sin gloria. Los conflictos sociales acompañaron los cinco años del mandatario saliente. En el departamento de Puno, limítrofe con Bolivia, donde Ollanta Humala ganó con comodidad, apenas se logró, hacia el fin de la semana pasada, un precario acuerdo para desactivar un levantamiento contra la minería a gran escala. Puno es el segundo distrito en cantidad de habitantes, detrás de Lima, pero su capital cuenta con un hospital central con sólo 60 camas.
Son tensiones que cuestan caro. Bajo el mandato de García (que comenzó en 2006), se produjeron cien muertes por conflictos sociales en un país que ocupa el 63° puesto en desarrollo humano, levemente por encima del promedio latinoamericano y lejos de los países del Cono Sur.
La impopularidad de García, que lo acompañó durante todo su mandato, representa toda una paradoja en el contexto de una economía que creció en la última década a razón de 7 por ciento anual (8,8 por ciento en 2010), a la vez que un marco que delimitará la cancha al presidente electo.
Equilibrio
De allí que Humala deberá hacer equilibrio por un estrecho sendero, en la medida en que, a la vez que procuró mostrarse respetuoso del trazado económico vigente, deberá responder a un electorado que ha demostrado tenacidad en hacer tronar el escarmiento.
Una vez que pasó a competir por el balotaje, el postulante nacionalista y de centroizquierda podó sus proyectos en coordinación con hombres del ex presidente centrista Alejandro Toledo (cuarto en la primera vuelta), quien le brindó su apoyo. En concreto, para dar viabilidad a planes de ingreso universal para mayores y menores (programas Pensión 65, Juntos y casas cuna para niños de hasta 3 años), Humala habló en las últimas semanas de renegociar “dialogando” los tratados de libre comercio y el contrato del proyecto de gas de Camisea, cobrar mejor los impuestos y gravar las “sobreganancias de la minería”, rubro que explica dos tercios de los 34.000 millones de dólares que exporta la economía local.
Humala tendrá que contar en el Congreso con el apoyo de la tercera bancada, que es la de Toledo (Perú Posible, 21 miembros, detrás de la suya, de 47, y de la del fujimorismo), lo que le otorgará una ajustada mayoría.
Por otro lado, pese a su esfuerzo de mostrarse promercado, Humala no logró que sus críticos dejaran de calificarlo como “chapista” o, más aun, “marxista”.
Alerta
Hernando de Soto, un hombre clave de la política peruana, presidente del Instituto Libertad y Democracia, que todavía exhibe en su casa de Monterrico caricaturas que lo muestran a él como el Chasman del Chirolita Alberto Fujimori por su gestión como asesor entre 1990 y 1992, describió este fin de semana: “Un político de un país indoamericano que estructure su programa en la concepción de las clases sociales, como Humala, y que no conciba que hay un tercer sector que no es proletario sino que está en la informalidad, en su explotación de tierra, en su taller, es marxista”. Este economista, principal asesor de Keiko Fujimori, alertó que “cuando (Humala) vea que las cosas no funcionan como cree, las consecuencias van a ser tremendas”.
América latina conoció políticos que eran tachados de “antisistema” o poseedores de ideologías “radicales” en su rol de candidatos y que, una vez en la presidencia, terminaron agradando más a sus acusadores que a sus votantes.
Un párrafo aparte merece la hipotética relación de Humala con los medios de comunicación que, salvo excepciones, se han transformado en militantes, unos pocos a su favor y la mayoría en su contra. La decisión de la tarea militante es opinable, pero cierto es que se torna innoble el haber apelado a dar por ciertos meros rumores o testimonios que no resistían el menor rigor periodístico y al haber ocultado toda información que contraviniera la causa que se apoyaba.
Algunos medios han maquillado su campaña antiperiodística con el argumento de que había que evitar los riesgos autoritarios que traía aparejada la candidatura de Humala. La biografía de éste y la variabilidad de sus opiniones permiten abrir un margen de dudas. En cualquier caso, cabría preguntarse en nombre de qué causa se encendieron las fogatas contra Humala.
¿Acaso no había muchos más indicios de una deriva autoritaria de parte de una candidata cuyo entorno casi por completo había participado de un régimen que realizó un golpe de Estado, cometió matanzas y compró, con fajos de billetes en efectivo, a buena parte de los empresarios periodísticos de entonces?
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