Convertido en ley el matrimonio entre personas del mismo sexo, el Congreso avanzará en el último trimestre del año con otra iniciativa que, de acuerdo a las especulaciones del gobierno, podría capturar a un sector del electorado progresista. En paralelo, tanto la Cámara de Senadores como Diputados comenzarán a unificar una docena de proyectos para legalizar el aborto en la Argentina.
En el Senado ya fueron ingresadas tres iniciativas que buscan revertir la actual legislación del Código Penal para que el aborto deje de ser una excepción y pase a ser una regla. El primer proyecto es de las legisladoras oficialistas Elena Corregido, de Chaco; Teresita Quintela de La Rioja; Nancy Parrilli, de Neuquén; y de Ana María Corradi de Beltrán, de Santiago del Estero; y de los aliados de Tierra del Fuego, que son los senadores José Martínez y María Díaz.
El proyecto presentado el 16 de marzo propone que el aborto sea no punible para cualquier mujer que vea en peligro “su vida o su salud” tanto física, como psíquica yo social. Además señala que el diagnóstico correspondiente debe ser emitido por cualquier profesional, fuese o no el que vaya a realizar la intervención, y que el cirujano tampoco podrá requerir “la opinión de ningún comité de ética”.
La segunda iniciativa es de la formoseña Adriana Bortolozzi, quien acaba de desembarcar en el peronismo anti kirchnerista, y plantea legalizar el aborto en todos los casos de violaciones, mientras que el proyecto de la puntana Liliana Negre de Alonso, del Peronismo Federal, intenta restringir un poco más el artículo 86 del Código Penal, ya que propone limitar las interrupciones del embarazo sólo a las situaciones en las que corre riesgo la vida de la mujer.
En Diputados, las comisiones de Legislación Penal y de Familia ya iniciaron el estudio de un proyecto sobre la legalización del aborto que cuenta con las firmas de más de 50 legisladores de todas las bancadas: la iniciativa promueve una liberalización plena de la interrupción del embarazo, con la posibilidad que la intervención sea realizada hasta en la duodécima semana de gestación, por la sola voluntad de la mujer.
En la actualidad, el artículo 86 del Código Penal sólo contempla dos casos de aborto no punible practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta: 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.
De acuerdo al Ministerio de Salud, en el país se practican 460.000 abortos clandestinos por año y más de 78.000 de estas mujeres recurren a los servicios de salud por complicaciones de las prácticas riesgosas para su integridad física, y decenas pierden su vida ante el riesgo de ser criminalizadas por esa práctica.
Mientras los diputados intentan emitir dictamen antes de fin de año, en el Congreso también se prepara el seminario “El derecho al aborto, una deuda de la democracia”, organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito. Allí serán oradores la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien acaba de ser cuestionada por sus vínculos con las Farc, el miembro de la comisión interamericana de DDHH de la OEA Víctor Abramovich, la antropóloga de la Universidad de Brasilia Rita Laura Segato, y la representante del país Vasco Elvira Cortajarena.
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