Un juez federal de San Pablo volvió a anular en la tarde de ayer de manera cautelar el nombramiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la presidencia de Brasil, tan solo instantes después de que un tribunal de Río de Janeiro de segunda instancia había rechazado una medida similar, por considerar que a la Justicia “no le cabe inmiscuirse en consideraciones de carácter político”.
En una saga minuto a minuto con ribetes escandalosos de un lado y del otro, Brasil se mantiene al rojo vivo y polarizado entre oficialistas y destituyentes a cara descubierta.
En el capítulo inconcluso de la incorporación de ex mandatario Lula da Silva al gobierno de Dilma Rousseff como copiloto para timonear la crisis económica y política, el arma que encontró hasta ahora la oposición es la presentación de medidas cautelares ante distintos tribunales, porque consideran que Lula no puede asumir al estar investigado en causas judiciales.
Y aunque ayer, ante una clara decisión de un Tribunal de Río de Janeiro de no judicializar la política, la cautelar interpuestas se caía por su propio peso, los opositores no tardaron ni un segundo en conseguir que una tercera tenga eco, esta vez, en la Justicia de San Pablo.
Para cariocas es tema político
El tribunal de Río de Janeiro anuló la segunda de las cautelares contra el nombramiento de Lula, por lo que el ex mandatario podía ejercer su cargo de ministro, según confirmaban voceros de la Abogacía General de la Unión (AGU) a la agencia EFE. Lula fue nombrado ministro de la Casa Civil el pasado miércoles y un día después fue investido, pero entonces dos jueces ordenaron suspender los efectos de su posesión, a partir de sendas demandas presentadas por partidos y grupos opositores.
La primera cautelar, tomada en un tribunal de Brasilia fue anulada el jueves pasado, mientras que la segunda que procedía de una corte de Río de Janeiro, fue reprobada ayer por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, corte de segunda instancia.
En su decisión, el vicepresidente de la corte, Reis Fride, argumentó que la corte de Río de Janeiro no es competente para impugnar un acto decidido por la presidenta Rousseff, que sólo podría ser contrariada por el Tribunal Supremo, según un comunicado.
Además, el magistrado Fride consideró que “no le cabe al Judiciario inmiscuirse en consideraciones de carácter político” y valoró que la suspensión del nombramiento de Lula podría acarrear una “grave lesión” al orden público y a la economía, considerando “el riesgo de agravamiento de la crisis político-social que la nación atraviesa”.
La Abogacía General de la Unión solicitó ayer al Tribunal Supremo que unifique las decenas de demandas que los opositores han presentado en cortes de todo el país para cuestionar el nombramiento de Lula como ministro.
A pesar de las cautelares, el abogado del Estado, Eduardo Cardozo, había explicado el jueves pasado que Lula no dejó de ser ministro y sólo fue impedido de ejercer sus funciones hasta que la decisión judicial fuera resuelta.
El broche paulista
El juez Luciano Tertuliano da Silva, de la Justicia Federal de Assis, San Pablo, fue el que a última hora de la tarde de ayer tomó la decisión de aceptar la presentación de la cautelar, que justificó en el argumento de que Lula y la presidenta Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera Petrobras, citó la agencia EFE.
El juez también justificó su decisión con las revelaciones de las escuchas telefónicas ilegales al ex presidente divulgadas y que levantan la sospecha de que Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso jurídico en su contra.
La condición de ministro de gobierno le garantiza al ex mandatario un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.
Respaldo a Rousseff contra el “golpe judicial”
La presidenta Dilma Rousseff, quien arriesga su cargo en un juicio político en el Congreso, recibió ayer un fuerte respaldo de miles de personas que en todo Brasil se manifestaron contra lo que llaman “el golpe judicial” por parte del juez Sergio Moro. “Brasil está sufriendo un golpe del Poder Judicial ayudado por algunos medios para sacar a Dilma del poder, con un juicio político a cualquier costo por parte de la dirigencia más corrupta que comanda la Cámara de Diputados”, afirmó Vagner Freitas, presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), la más grande de Latinoamérica y brazo sindical del Partido de los Trabajadores (PT). La avenida Paulista de la ciudad de San Pablo, principal polo de poder económico de Brasil, se vistió de rojo en apoyo al gobierno, en una nueva jornada de tensión política de una batalla institucional que ya se empieza a jugar en las calles.
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